El juez del caso Cursach se defiende: “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”

“En 25 años de carrera profesional, nunca he vivido una situación ni siquiera mínimamente parecida, y no me refiero a las sucias maniobras de algunos investigados y abogados, sino al sistemático acoso sufrido por investigadores y testigos de la causa”. Es una de las contundentes afirmaciones que el juez del caso Cursach, Manuel Penalva, ha manifestado en el escrito en el que rechaza su propia recusación.

En un auto de 192 páginas, el magistrado relata hasta 80 episodios de amenazas, intimidaciones y agresiones sufridas por él, los testigos, la anterior instructora y el fiscal del caso Miguel Ángel Subirán. Penalva instruye uno de los mayores casos de corrupción en Baleares, en el cual se investigan las prácticas del todopoderoso empresario de la noche Bartolomé Cursach, que se habría servido del favor de políticos del PP y de la policía para gestionar sus negocios y amedrantar a la competencia. Está en la cárcel desde marzo, acusado de 16 delitos.

La defensa de Bartolomé Sbert –mano derecha de Cursach– y de otro de los investigados presentaron el escrito de recusación contra Penalva. El mismo día en el que Cursach y Sbert fueron a declarar ante los juzgados de Vía Alemania, la defensa de Sbert anunció que iba a recusar al magistrado, que lleva dos años y medio al frente de la causa. Ahora, Penalva dice “agradecer” la presentación de la recusación porque le permite “explicar todas las graves e ínsolitas anomalías ocurridas en este procedimiento”. La Audiencia Provincial será la encargada de pronunciarse sobre si Penalva puede, finalmente, seguir o no con la instrucción. La Fiscalía Anticorrupción secunda la recusación.

Desamparo de los testigos

El magistrado usa el escrito de recusación para criticar al Estado por la “situación de desamparo” en la que se encuentran los testigos. Penalva cree que el Ministerio del Interior no “les dispensa la protección que precisan y merecen” y afirma que si estos testigos llegan a juicio “desde luego deben ser considerados auténticos héroes”. Para Penalva, en “ningún otro país europeo se hubiera tolerado que la situación generada por ciertos investigados hubiera llegado tan lejos, sin que los poderes del Estado y las Instituciones actuaran de forma tan contundente frente a todas estas deplorables tácticas y estrategias, muchas de ellas constitutivas de graves delitos”. 

Estos son solo algunos de los múltiples casos de intimidaciones, agresiones o amenazas que relata el magistrado: a un testigo le sabotearon la instalación eléctrica de su domicilio; a un agente le amenazaron con un revolver en la cara; a otra agente le robaron la moto; muchos testigos han sufrido palizas e intimidaciones llevadas a cabo por una banda de ciudadanos rumanos, algunos de ellos trabajadores de Cursach; un testigo vio en el buzón de su domicilio una cruz y un “RIP”; y a otros testigos les han escupido en la cara o les han desacreditado en las redes sociales con nombre y apellidos. 

El juez y el fiscal son unos “ratas”

Los testigos no son los únicos que han recibido amenazas por parte del entorno del empresario mallorquín. Penalva, que en su día pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial por el “continuo hostigamiento” que sufre, ha comentado en el escrito de recusación que “estaba sometido a seguimientos por una empresa americana especializada en espionaje a nivel internacional, que cobra de media 300.000 euros”. “Tanto el juez como el fiscal nos vemos en la obligación de portar habitualmente arma de fuego, hasta cuando tiro la basura”, añade Penalva. 

El magistrado también arremete contra Vicente 'Coco' Campaner, uno de los abogados de Cursach, que ha organizado varias manifestaciones contra el juez y el fiscal que instruyen el caso. Incluso, una de ellas se celebró el mismo día que Cursach y Bartomolé Sbert declararon en los juzgados. Penalva asegura que estas manifestaciones “terminan con una comida pagada para los manifestantes por la organización criminal”, y comenta que a ellas acuden policías locales, los “gorilas” de Cursach y “otros trabajadores” de él.

También ha acusado a Campaner de emprender “una escala de violencia verbal sin precedentes” contra él y el fiscal Miguel Ángel Subirán. “Se dirige a nosotros sencillamente como 'ratas, delincuentes, criminales o corruptos'”, dice Penalva. Por su parte, el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán, asegura que ha tenido que soportar “empujones y zancadillas a la salida de lugares públicos”. Incluso, mientras estaba conduciendo, un individuo en una furgoneta le colocó “una mano extendida sobra la otra en forma perpendicular haciendo forma de guillotina”. 

Dinero a cambio de inculpar al juez y al fiscal

Una de las principales bazas que han utilizado las defensas de Cursach y de otros investigados ha sido intentar desacreditar y apartar del caso al juez Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán. El abogado de Cursach, Vicente 'Coco' Campaner, presentó junto a otro letrado, José Ignacio Herrero, una denuncia que pedía detener al juez y al fiscal. Según ellos, Penalva y Subirán coaccionaron de forma “espeluznante” a una testigo clave para que declarase siguiendo sus directrices. Sin embargo, El Tribunal Superior de Justicia balear rechazó las medidas cautelares.

Incluso, la propia testigo comentó en Telecinco que lo que relatan Campaner y Herrero es falso. Los dos letrados atribuían a la testigo -que regentaba un burdel al que presuntamente acudían cargos del PP- unos mensajes con Penalva y Subirán. En estos mensajes, el juez y el fiscal le habrían presionado para que mintiera. Pero en una denuncia que presentó el 27 de diciembre contra Vicente 'Coco' Campaner, la testigo alegó que este letrado consiguió las conversaciones a cambio de la promesa de recibir dinero por ellas. La madame añade que nunca se le ha coaccionado y que lo que ha contado es verdad.

Penalva ha defendido la naturaleza de los mensajes que se mandó con la mujer: según él, tenía la intención de “animarla y consolarla”. Entre otros episodios, el magistrado recuerda que la mujer ha sufrido una paliza, ha perdido su trabajo y “ha sido machacada sistemáticamente por algunos medios de comunicación”. “Hasta el punto que imagino que por mera supervivencia, se ha visto abocada a claudicar ante las exigencias de la organización criminal y a provocar intencionadamente conversaciones” con él y con el fiscal.

El magistrado, que reconoce que las conversaciones “se pueden tildar de poco estéticas”, asegura que las volvería a mantener por “humildad y empatía”. “La realidad es que ante la ineficacia del Estado, tanto el instructor como el fiscal hemos tenido que suplir ese vacío”. Penalva asegura que es un juez muy cercano, que incluso los abogados le llaman “Manolo”. También aprovecha para defender la veracidad de la agenda donde estaban escritos los nombres de políticos del PP que disfrutaban de servicios sexuales. 

“Veremos si cuando se la recompense económicamente vuelve a cambiar de versión para decir que la hemos coaccionado”, comenta Penalva en relación a la madame. En su escrito, el magistrado dice que no es la primera vez que un testigo relata que el entorno de Cursach quería entregarle dinero para acusar al juez, al fiscal y/o a la Policía de Blanqueo de Capitales de que le habían coaccionado en sus declaraciones. Incluso, Penalva dice que un hijo de Cursach suplantó la identidad de un testigo en un periódico digital, asegurando que sufrió presiones del juez y el fiscal para que se inventara las acusaciones. 

Periodistas comprados

En su escrito, Penalva recuerda que la compleja causa de corrupción que instruye afecta a una gran cantidad de agentes de policía (más de 50 están implicados en el caso, casi todos los altos cargos de la Policía Local de Palma). El juez también hace alusión de que el caso afecta a “determinados políticos influyentes del PP”, a miembros del Govern balear y “grandes grupos empresariales, cuyo poder económico, contratos e influencias es conocido” -en referencia al Grupo Cursach.

El caso ha despertado la atención de los medios y, según el juez, el entorno de Cursach está interesado en comprar a periodistas para salir ilesos del proceso judicial. En una de las conversaciones intervenidas, Cursach comentó a un interlocutor que “hay que pagar a unos cuantos periodistas” para que publiquen noticias. “Tienes que coger a dos o tres periodistas y darles 1.000, 1.500 o 2.000 euros cada mes”, dijo Cursach. Según Penalva, en la causa hay más referencias de testigos que denuncian que el empresario mallorquín y los suyos usan “un determinado medio de comunicación” para defender sus intereses.

Para Penalva, todas las actividades impulsadas por Cursach y sus compinches -considerados por el juez como “organización criminal”- forman parte de una “campaña coordinada, con la finalidad de desviar la atención de de los graves hechos y crímenes investigados, que en esta fase procesal, donde la inspección prácticamente ha concluido, parecen sólida e indiciariamente probados”. Añade que esta campaña también pretende “agostar física y psicológicamente” al juez, al fiscal y a los testigos.