Un juez de Estepona archiva la causa contra Ignacio González y Enrique Cerezo por el ático de lujo

Un juez ha archivado la causa que seguía contra el expresidente madrileño Ignacio González y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por el supuesto regalo de un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de esa localidad, Eloy Marfil Gallardo, considera que tras siete años de instrucción no se ha podido acreditar que el dinero con el que González y su esposa, también imputada, pagaron la vivienda de lujo procediera del empresario Cerezo, ni que el bajo precio al que anteriormente lo habían arrendado, fuera una prebenda a cambio de la concesión de licencias de televisión en la Comunidad de Madrid o beneficios en la venta a Telemadrid de derechos televisivos del Atlético de Madrid.

“A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado por aquella sociedad (Coast Investor) para la adquisición de los bienes inmuebles”, dice el auto del juez, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La investigación se centró en demostrar que Coast Investor LLC radicada en Estados Unidos y al frente de la cual estaba Rudy Valner, vinculado a Cerezo, era en realidad una sociedad tapadera a la que el presidente del Atlético de Madrid habría inyectado fondos en secreto para que ésta luego ofreciera las condiciones ventajosas a Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero.

El juez tampoco considera que haya indicios sólidos del delito de blanqueo de capitales consistente en que los 770.000 euros que habría costado el ático procediesen de algún delito cometido por González y Cavero. El magistrado alude a un informe policial que alude al “origen no sospechoso de los fondos” de acuerdo a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa, “sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito”.

El juez Marfil Gallardo advierte a las acusaciones populares que no podrán solicitar más diligencias para esclarecer los hechos porque él mismo ya las había rechazado anteriormente en decisiones ratificadas por la Audiencia Provincial de Málaga. El archivo de la causa es susceptible de recurso.