Las leyes trans, 'mordaza' y de vivienda ponen a prueba el pacto de legislatura en su recta final

174 normas aprobadas en el Congreso. Esa es la cifra a la que se acoge el Gobierno cuando surgen conflictos dentro de la coalición o con sus socios parlamentarios para presumir de que las cosas acaban saliendo pese al ruido. En Moncloa tienen, además, el convencimiento de que a finales de año se superarán las previsiones de cumplimiento del acuerdo programático que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 y que se situaba en el 62,6%. No obstante, hay algunas de las medidas 'estrella' de ese documento que al Gobierno se le resisten y que pondrán a prueba ese pacto cuando llega la recta final de la legislatura. 

El PSOE alega que busca “seguridad jurídica” en sus enmiendas a la ley trans y Montero le reprocha "recortar derechos” junto al PP

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“Hemos entrado en una dinámica preelectoral”, reflexiona un alto cargo socialista, que ve cómo las negociaciones de las leyes bandera del Gobierno se ponen cuesta arriba y amenazan con atrancarse, a pesar de que la intención anunciada por Sánchez era pisar el acelerador antes de que acabe el año precisamente para sortear al máximo los intereses electoralistas de los distintos actores implicados. Este mismo lunes se produjeron dos nuevos desencuentros. Por una parte, Unidas Podemos se desmarcó de la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar el periodo para calcular la pensión de los 25 a los 28 años. “No compartimos nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones”, sostienen desde la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz. Y al filo de la medianoche, un nuevo encontronazo. El ministerio de Derechos Sociales informó a última hora que finalmente la Ley de Familias no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, algo de lo que responsabilizó directamente al PSOE y al ministerio de Presidencia. “El Ministerio de Derechos Sociales se muestra preocupado por los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista, ya que considera que es muy urgente para las familias españolas que actualmente no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza”, puntualizaron fuentes del departamento de Ione Belarra.

Las fricciones en la coalición se habían reavivado horas antes con la ley trans, uno de los asuntos que más ha tensionado al bipartito pero también internamente al PSOE. Así lo reconocía a primera hora de este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que no hay acuerdo con los socialistas por su intención de mantener algunas enmiendas presentadas al texto que aprobó el Consejo de Ministros. 

La cúpula del PSOE respondió poco después haciendo valer su posición mayoritaria dentro del Gobierno y en el Parlamento. La vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que su intención es dotar de “seguridad jurídica” a la norma y, especialmente, en lo que se refiere a los menores, al plantear ampliar la necesidad de que pasen por un juez para cambiar de sexo de los 14 a los 16 años. Con la alusión a la necesidad de mejorar jurídicamente la norma, los socialistas ponen el dedo en la llaga en un momento en el que se está cuestionando la calidad normativa de la ley del 'solo sí es sí' por la rebaja de algunas condenas que han emitido algunos tribunales. 

Forzar la negociación de la ley trans

La respuesta llegó, además, por la vía de los hechos con la convocatoria de la primera reunión de la ponencia por parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, siguiendo directrices de la dirección socialista, según adelantó El Independiente. La intención del PSOE es “avanzar” en la tramitación parlamentaria después de que Unidas Podemos acusara a los de Sánchez de pretender dilatar los plazos con la ampliación de los plazos de enmiendas. En principio, la intención de los socialistas es mantener esas enmiendas, aunque la número dos ha asegurado que no es una posición “inmovilista”. Fuentes de la cúpula del PSOE esperan poder alcanzar un entendimiento para los tres puntos clave: el de los menores, la fórmula de la reversibilidad en el cambio registral del sexo y, sobre todo, en la violencia intragénero. 

Lo que niegan en la dirección del grupo parlamentario pilotado por Patxi López es que el PSOE pretenda negociar la ley trans con el PP “ni nada parecido”, aunque otras fuentes sí reconocen cierto hartazgo con la presión que llega del socio minoritario. Irene Montero ha acusado directamente a los de Sánchez de pretender pactar con el PP un “recorte de derechos” y fuentes de Podemos aseguran que la respuesta recibida hoy por los socialistas llega tres semanas después de que el departamento de Igualdad trasladara “una propuesta de acuerdo”.

Tanto en el departamento de Irene Montero como en Podemos sostienen que el texto que recibió luz verde en el Consejo de Ministros no solo es garantista y escrupuloso desde un punto de vista técnico, sino que además se basa “en la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional”, según la cual “varios menores trans han podido ya cambiar el DNI, ya que como dijo el TC, es inconstitucional dejar a la infancia trans fuera del derecho a decidir su libre identidad de género”.

La jugada parlamentaria del PSOE también pretende enviar un mensaje a los colectivos, que han mostrado su enfado con las enmiendas. La Federación Estatal LGTBI+, Chrysallis y Fundación Triángulo han anunciado movilizaciones esta semana para protestar contra lo que consideran que son “recortes” del PSOE en los derechos trans. Estos colectivos desempeñaron en su momento un papel clave en las negociaciones para que la norma saliera adelante en el Consejo de Ministros, siendo interlocutores directos tanto con Igualdad como con la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia, pero a estas alturas no disimulan ya su indignación con los socialistas, a los que señalan directamente y acusan de “poner en peligro una ley que lo único que pretende es garantizar la dignidad de una de las minorías más vulnerables de nuestro país”, afirma Uge Sangil, presidenta de la federación, informa Marta Borraz.

La mordaza, vigente siete años después

Otro de los temas que permanece encallado es la 'ley mordaza', que lleva un año en el trámite de elaboración de la ponencia (el último paso parlamentario antes de la aprobación de los proyectos legislativos). El grueso de la normativa con la que PSOE, Unidas Podemos y el resto de aliados pretenden derogar la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy está acordada, pero quedan algunos temas que impiden cerrar el asunto. Así, la legislación de Jorge Fernández Díaz lleva en vigor desde hace siete años, a pesar de la práctica unanimidad del resto de partidos en la necesidad de acabar con ella. 

El uso de material antidisturbios, especialmente la exigencia de algunos grupos, como ERC, de prohibir las pelotas de goma, es uno de los asuntos enquistados dado que el PSOE sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen protocolos y recuerda que son instrumentos que usan también los Mossos d’Esquadra. Tampoco hay entendimiento en cuanto a la presunción de veracidad que se otorga a los agentes de la autoridad. 

Es la misma situación en la que se encuentra la ley de vivienda por la desavenencias con las fuerzas de izquierdas que exigen al PSOE mayor ambición respecto a la limitación de los precios del alquiler. Los contactos, sin embargo, se han retomado la semana pasada a iniciativa del grupo parlamentario socialista y del Ministerio de Transportes, que convocó a una reunión de trabajo a los portavoces de socios como Unidas Podemos, EH Bildu y ERC.

Intentos para reactivar la ley de vivienda

Todas las fuentes parlamentarias consultadas y al corriente de esas conversaciones coindicen en calificar como “edificante” esa última toma de contacto que debe repetirse esta misma semana tras meses de absoluto bloqueo. Este lunes, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, reconoció públicamente que tras meses de “un parón inexplicable” los grupos parlamentarios han conseguido, al menos, volver a sentarse. “Hemos reactivado esa ley, estamos en proceso de negociación”, explicó en una entrevista en Radio Popular, recordando que las exigencias de su grupo pasan por prohibir desahucios sin alternativa habitacional, topar precios de los alquileres y respetar el marco competencial vasco.

En ese mismo sentido, la principal demanda de Unidas Podemos y el resto de fuerzas progresistas tiene que ver con imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios y no solo a los grandes tenedores, que es lo que aprobó el Consejo de Ministros tras una ardua negociación. Los de Pedro Sánchez rechazan esa idea porque sostienen que hay que proteger a los pequeños propietarios y apuestan por un sistema de incentivos fiscales que consideran que repercutirá en una bajada de facto de los precios, además de que en las zonas tensionadas los nuevos contratos están referenciados y solo se pueden subir un 10% respecto al anterior. Por el momento, el Ejecutivo se ha comprometido con EH Bildu a mantener la prohibición de subir por encima del 2% los alquileres el próximo año. 

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran, no obstante, que la negociación “va bien” y confían en poder sacar adelante la ley. 

El tiempo empieza a apremiar dado que el próximo curso estará ya empantanado por la campaña de las municipales y autonómicas de mayo y en otoño las Cortes quedarán disueltas por la convocatoria de las generales. Por eso en el Ejecutivo son conscientes de que todo lo que no se haga en el corto plazo tiene probabilidades de decaer de la hoja de servicios de la coalición. 

174 normas aprobadas en el Congreso. Esa es la cifra a la que se acoge el Gobierno cuando surgen conflictos dentro de la coalición o con sus socios parlamentarios para presumir de que las cosas acaban saliendo pese al ruido. En Moncloa tienen, además, el convencimiento de que a finales de año se superarán las previsiones de cumplimiento del acuerdo programático que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 y que se situaba en el 62,6%. No obstante, hay algunas de las medidas 'estrella' de ese documento que al Gobierno se le resisten y que pondrán a prueba ese pacto cuando llega la recta final de la legislatura. 

El PSOE alega que busca “seguridad jurídica” en sus enmiendas a la ley trans y Montero le reprocha "recortar derechos” junto al PP

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“Hemos entrado en una dinámica preelectoral”, reflexiona un alto cargo socialista, que ve cómo las negociaciones de las leyes bandera del Gobierno se ponen cuesta arriba y amenazan con atrancarse, a pesar de que la intención anunciada por Sánchez era pisar el acelerador antes de que acabe el año precisamente para sortear al máximo los intereses electoralistas de los distintos actores implicados. Este mismo lunes se produjeron dos nuevos desencuentros. Por una parte, Unidas Podemos se desmarcó de la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar el periodo para calcular la pensión de los 25 a los 28 años. “No compartimos nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones”, sostienen desde la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz. Y al filo de la medianoche, un nuevo encontronazo. El ministerio de Derechos Sociales informó a última hora que finalmente la Ley de Familias no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, algo de lo que responsabilizó directamente al PSOE y al ministerio de Presidencia. “El Ministerio de Derechos Sociales se muestra preocupado por los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista, ya que considera que es muy urgente para las familias españolas que actualmente no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza”, puntualizaron fuentes del departamento de Ione Belarra.

Las fricciones en la coalición se habían reavivado horas antes con la ley trans, uno de los asuntos que más ha tensionado al bipartito pero también internamente al PSOE. Así lo reconocía a primera hora de este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que no hay acuerdo con los socialistas por su intención de mantener algunas enmiendas presentadas al texto que aprobó el Consejo de Ministros. 

La cúpula del PSOE respondió poco después haciendo valer su posición mayoritaria dentro del Gobierno y en el Parlamento. La vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que su intención es dotar de “seguridad jurídica” a la norma y, especialmente, en lo que se refiere a los menores, al plantear ampliar la necesidad de que pasen por un juez para cambiar de sexo de los 14 a los 16 años. Con la alusión a la necesidad de mejorar jurídicamente la norma, los socialistas ponen el dedo en la llaga en un momento en el que se está cuestionando la calidad normativa de la ley del 'solo sí es sí' por la rebaja de algunas condenas que han emitido algunos tribunales. 

Forzar la negociación de la ley trans

La respuesta llegó, además, por la vía de los hechos con la convocatoria de la primera reunión de la ponencia por parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, siguiendo directrices de la dirección socialista, según adelantó El Independiente. La intención del PSOE es “avanzar” en la tramitación parlamentaria después de que Unidas Podemos acusara a los de Sánchez de pretender dilatar los plazos con la ampliación de los plazos de enmiendas. En principio, la intención de los socialistas es mantener esas enmiendas, aunque la número dos ha asegurado que no es una posición “inmovilista”. Fuentes de la cúpula del PSOE esperan poder alcanzar un entendimiento para los tres puntos clave: el de los menores, la fórmula de la reversibilidad en el cambio registral del sexo y, sobre todo, en la violencia intragénero. 

Lo que niegan en la dirección del grupo parlamentario pilotado por Patxi López es que el PSOE pretenda negociar la ley trans con el PP “ni nada parecido”, aunque otras fuentes sí reconocen cierto hartazgo con la presión que llega del socio minoritario. Irene Montero ha acusado directamente a los de Sánchez de pretender pactar con el PP un “recorte de derechos” y fuentes de Podemos aseguran que la respuesta recibida hoy por los socialistas llega tres semanas después de que el departamento de Igualdad trasladara “una propuesta de acuerdo”.

Tanto en el departamento de Irene Montero como en Podemos sostienen que el texto que recibió luz verde en el Consejo de Ministros no solo es garantista y escrupuloso desde un punto de vista técnico, sino que además se basa “en la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional”, según la cual “varios menores trans han podido ya cambiar el DNI, ya que como dijo el TC, es inconstitucional dejar a la infancia trans fuera del derecho a decidir su libre identidad de género”.

La jugada parlamentaria del PSOE también pretende enviar un mensaje a los colectivos, que han mostrado su enfado con las enmiendas. La Federación Estatal LGTBI+, Chrysallis y Fundación Triángulo han anunciado movilizaciones esta semana para protestar contra lo que consideran que son “recortes” del PSOE en los derechos trans. Estos colectivos desempeñaron en su momento un papel clave en las negociaciones para que la norma saliera adelante en el Consejo de Ministros, siendo interlocutores directos tanto con Igualdad como con la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia, pero a estas alturas no disimulan ya su indignación con los socialistas, a los que señalan directamente y acusan de “poner en peligro una ley que lo único que pretende es garantizar la dignidad de una de las minorías más vulnerables de nuestro país”, afirma Uge Sangil, presidenta de la federación, informa Marta Borraz.

La mordaza, vigente siete años después

Otro de los temas que permanece encallado es la 'ley mordaza', que lleva un año en el trámite de elaboración de la ponencia (el último paso parlamentario antes de la aprobación de los proyectos legislativos). El grueso de la normativa con la que PSOE, Unidas Podemos y el resto de aliados pretenden derogar la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy está acordada, pero quedan algunos temas que impiden cerrar el asunto. Así, la legislación de Jorge Fernández Díaz lleva en vigor desde hace siete años, a pesar de la práctica unanimidad del resto de partidos en la necesidad de acabar con ella. 

El uso de material antidisturbios, especialmente la exigencia de algunos grupos, como ERC, de prohibir las pelotas de goma, es uno de los asuntos enquistados dado que el PSOE sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen protocolos y recuerda que son instrumentos que usan también los Mossos d’Esquadra. Tampoco hay entendimiento en cuanto a la presunción de veracidad que se otorga a los agentes de la autoridad. 

Es la misma situación en la que se encuentra la ley de vivienda por la desavenencias con las fuerzas de izquierdas que exigen al PSOE mayor ambición respecto a la limitación de los precios del alquiler. Los contactos, sin embargo, se han retomado la semana pasada a iniciativa del grupo parlamentario socialista y del Ministerio de Transportes, que convocó a una reunión de trabajo a los portavoces de socios como Unidas Podemos, EH Bildu y ERC.

Intentos para reactivar la ley de vivienda

Todas las fuentes parlamentarias consultadas y al corriente de esas conversaciones coindicen en calificar como “edificante” esa última toma de contacto que debe repetirse esta misma semana tras meses de absoluto bloqueo. Este lunes, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, reconoció públicamente que tras meses de “un parón inexplicable” los grupos parlamentarios han conseguido, al menos, volver a sentarse. “Hemos reactivado esa ley, estamos en proceso de negociación”, explicó en una entrevista en Radio Popular, recordando que las exigencias de su grupo pasan por prohibir desahucios sin alternativa habitacional, topar precios de los alquileres y respetar el marco competencial vasco.

En ese mismo sentido, la principal demanda de Unidas Podemos y el resto de fuerzas progresistas tiene que ver con imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios y no solo a los grandes tenedores, que es lo que aprobó el Consejo de Ministros tras una ardua negociación. Los de Pedro Sánchez rechazan esa idea porque sostienen que hay que proteger a los pequeños propietarios y apuestan por un sistema de incentivos fiscales que consideran que repercutirá en una bajada de facto de los precios, además de que en las zonas tensionadas los nuevos contratos están referenciados y solo se pueden subir un 10% respecto al anterior. Por el momento, el Ejecutivo se ha comprometido con EH Bildu a mantener la prohibición de subir por encima del 2% los alquileres el próximo año. 

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran, no obstante, que la negociación “va bien” y confían en poder sacar adelante la ley. 

El tiempo empieza a apremiar dado que el próximo curso estará ya empantanado por la campaña de las municipales y autonómicas de mayo y en otoño las Cortes quedarán disueltas por la convocatoria de las generales. Por eso en el Ejecutivo son conscientes de que todo lo que no se haga en el corto plazo tiene probabilidades de decaer de la hoja de servicios de la coalición. 

174 normas aprobadas en el Congreso. Esa es la cifra a la que se acoge el Gobierno cuando surgen conflictos dentro de la coalición o con sus socios parlamentarios para presumir de que las cosas acaban saliendo pese al ruido. En Moncloa tienen, además, el convencimiento de que a finales de año se superarán las previsiones de cumplimiento del acuerdo programático que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 y que se situaba en el 62,6%. No obstante, hay algunas de las medidas 'estrella' de ese documento que al Gobierno se le resisten y que pondrán a prueba ese pacto cuando llega la recta final de la legislatura. 

El PSOE alega que busca “seguridad jurídica” en sus enmiendas a la ley trans y Montero le reprocha "recortar derechos” junto al PP

Más

“Hemos entrado en una dinámica preelectoral”, reflexiona un alto cargo socialista, que ve cómo las negociaciones de las leyes bandera del Gobierno se ponen cuesta arriba y amenazan con atrancarse, a pesar de que la intención anunciada por Sánchez era pisar el acelerador antes de que acabe el año precisamente para sortear al máximo los intereses electoralistas de los distintos actores implicados. Este mismo lunes se produjeron dos nuevos desencuentros. Por una parte, Unidas Podemos se desmarcó de la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar el periodo para calcular la pensión de los 25 a los 28 años. “No compartimos nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones”, sostienen desde la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz. Y al filo de la medianoche, un nuevo encontronazo. El ministerio de Derechos Sociales informó a última hora que finalmente la Ley de Familias no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, algo de lo que responsabilizó directamente al PSOE y al ministerio de Presidencia. “El Ministerio de Derechos Sociales se muestra preocupado por los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista, ya que considera que es muy urgente para las familias españolas que actualmente no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza”, puntualizaron fuentes del departamento de Ione Belarra.

Discrepancias con la ley de trata a las puertas de su aprobación

Sánchez anunció este lunes que el Consejo de Ministros daría luz verde a la ley integral de trata después de haberse retrasado por el positivo en coronavirus de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que es la impulsora de la ley que, en principio, estaba en manos del Ministerio de Igualdad. 

Apenas 12 horas antes de la reunión del gabinete, el departamento de Irene Montero aseguraba que el texto es “insuficiente”. “Es imprescindible que el texto incluya la posibilidad de que la víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres”, señalan fuentes del Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, desde el ala socialista aseguran que el conflicto está solventado desde hace días y que los derechos de las víctimas de trata no estarán condicionados a la presentación de ninguna denuncia. Así, el artículo 28 de la nueva norma establece que la “desvinculación de la denuncia y participación de la víctima en la investigación penal”: “Sin perjuicio del fomento de la colaboración de la víctima en la investigación penal a través de la protección adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia a la víctima y el proceso de detección e identificación no estén condicionados a la misma”.

“También es necesario que el proceso de acreditación a víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y totalmente validadas para ello. Finalmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género debe formar parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata”, apostillan desde Igualdad.