El cambiazo en el Plan General de Valladolid: diez años de instrucción de un sumario de corrupción en el aire

El juicio por supuesta falsedad y manipulación indebida del PGOU de Valladolid de 2003

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, “solo o en compañía de otros” había introducido “variaciones sustanciales en las posibilidades de desarrollo urbanístico de determinados suelos”.

El tribunal del caso PGOU de Valladolid suspende la causa y delibera si la devuelve al juzgado instructor

El tribunal del caso PGOU de Valladolid suspende la causa y delibera si la devuelve al juzgado instructor

Así empezó a escribir la Fiscalía hace diez años el sumario más largo jamás instruido en Valladolid. Corría el año 2008 y la denuncia del PSOE por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la herramienta principal de desarrollo urbano de los municipios, daba sus primeros pasos en los tribunales. Se cambiaron calificaciones, se aumentaron edificabilidades, se derribaron edificios protegidos... sin saber quién dio la orden ni a cambio de qué. Entre los imputados llegó a estar el propio alcalde, Javier León de la Riva, un histórico del PP hasta que perdió el poder en 2015, pero tras un recurso salió de de la causa.

Diez años después, 13 presuntos responsables se sentaron esta semana en el banquillo de los acusados (el concejal de urbanismo, tres técnicos, promotores y hasta un sacerdote). Fueron solo unas pocas horas. Dos días después de iniciarse el juicio, todo se quedó en el aire: las irregularidades relatadas por los abogados defensores no han dejado otra opción al tribunal que suspender el proceso para deliberar sobre su devolución al juzgado de Instrucción número 1, tal y como solicitó la fiscal.

Las cuestiones previas planteadas por los abogados esta vez fueron algo más que esgrima procesal: ante el tribunal se quejaron de que les falta la mitad del sumario y argumentaron que eso su derecho de defensa. Si no conocen las pruebas, mal pueden defenderse los acusados.

El asunto no es nuevo: desde que se decretó la apertura de juicio oral, en 2016, han reiterado sus peticiones al juzgado sobre la documentación que obra en autos. Hasta en cuatro ocasiones y respaldados por la Audiencia Provincial. No sirvió de nada: llegaron a juicio con el 50% del sumario en su poder. También se quejan de que hay delitos prescritos y dilaciones indebidas.

¿Qué ha provocado esta insólita situación? Según los letrados afectados, “una instrucción caótica”; según fuentes judiciales, un manejo de documentación muy complicado. Hasta el juzgado llegaron multitud de planos en formato original, es decir, en papel de gran tamaño y no fotocopiable en un juzgado. También llegaron cajas y más cajas de documentación que se requirió de nuevo digitalizada. Los plazos se alargaron, había papeleo que llegaba más rápido y se incorporaba a la causa dejando otras atrás. A todo ello hay que añadir la intensa actividad de los abogados. “Lo recurrieron todo, cada auto, cada providencia, todo”, recuerdan las mismas fuentes. Con más de un decena de imputados, todo se complica y se ralentiza. Y si algo tiene el caso PGOU es documentación. Según uno de los abogados, el propio PGOU tiene 12.000 folios.

¿Por qué se maneja tanta documentación? Todo el caso es papel: El Pleno del Ayuntamiento había aprobado en diciembre de 2003 la modificación puntual del plan, y se hizo oficial con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero de 2004. Lo publicado poco tenía que ver con lo que se había aprobado en el Ayuntamiento. Nadie fue consciente del cambiazo hasta 2008, cuando una asociación alertó al PSOE: había detectado una licencia concedida en virtud de un artículo que no era el aprobado originalmente. A partir de ahí, se descubrió una cascada de manipulaciones que el Ayuntamiento, con el entonces alcalde Javier León de la Riva al frente, insistió en llamar “errores informáticos”, todos ellos a favor de empresarios y promotores.

Un informe policial dejó claro desde qué ordenador se habían ejecutado los cambios –el de uno de los técnicos acusados- y en qué fechas –entre el 23 de septiembre  y el 15 de diciembre de 2003-.

 Para demostrar la alteración consciente del PGOU sólo cabe analizar cómo se aprobó el primer plan -el bueno- y el otro -manipulado- que finalmente se publicó y adquirió carácter legal. El examen se hace página a página. Además de eso, hay que revisar las consecuencias urbanísticas que se materializaron en virtud de ese PGOU retocado y para ello también se necesita documentación: planos, licencias…Para complicar aún más las cosas hay que recordar que la digitalización de la Justicia no es tal. Hay partes del sumario que se facilitaron por Lexnet, el sistema de comunicación informático a abogados y procuradores, y otras que no. Por cuestiones técnicas, no se pueden remitir gigas y más gigas de archivos, hay que darlos en memorias USB.

El volumen de documentación obligó a pedir una ampliación de presupuesto a Justicia para hacer digitalizaciones. El caso se volvió inabarcable y mucho más cuando algunas imputaciones se produjeron ocho años después de haber empezado la instrucción. “Hay tomos, legajos y legajos de legajos, es imposible saber qué hay ahí”, asegura un abogado.

Aunque el tribunal no ha anunciado en qué fecha se pronunciará, no podrá retrasar mucho la decisión: 13 acusados esperan por el banquillo.

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