El tribunal del caso PGOU de Valladolid suspende la causa y delibera si la devuelve al juzgado instructor

El tribunal encargado de celebrar el juicio por el 'caso PGOU' en Valladolid ha acordado en la mañana de este miércoles la suspensión de la vista hasta que resuelva las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores.

Tal y como informó eldiario.es, durante la primera jornada los letrados denunciaron la vulneración del derecho de defensa y de tutela judicial efectiva, entre otros, por lo que solicitaban la nulidad del proceso, además de apuntar la prescripción de algunos de los delitos. Según su versión, tras diez años de instrucción, las defensas no han tenido acceso a la mitad del sumario.

Desde que se decretase apertura de juicio oral en 2016, la Audiencia Provincial llegó a ordenar hasta en cuatro ocasiones que se les entregase la totalidad de la documentación que obra en la causa así como que la letrada de la administración de Justicia certificase esa entrega, cosa que no ocurrió.

Los abogados insisten en la instrucción caótica de la causa, denunciado la pérdida de documentos en varias ocasiones, las copias digitales dañadas o la falta de un índice que permita asegurar el traslado de toda la documentación a las partes.

Esta miércoles, tras la exposición de todos los letrados, que han declarado en los mismos términos, la fiscal ha pedido que se devuelva la causa al Juzgado de Instrucción número 1, encargado del caso desde 2008.

Por su parte, el abogado de la acusación popular, la Federación de Vecinos Antonio Machado, se ha opuesto a la suspensión. No se sabe cuánto tardará el tribunal en decidir sobre las cuestiones previas, por lo que la sesión prevista para el jueves también ha quedado suspendida.

Entre los acusados están el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y tres de los técnicos durante la etapa en la que el PGOU de Valladolid -la herramienta de planificación urbana de la ciudad- fue alterado intencionadamente. La normativa que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento no coincidía con la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

De esas manipulaciones, realizadas desde un ordenador de la Concejalía de Urbanismo, se beneficiaron constructores y promotores, también acusados ahora. Estos habrían conseguido que se recalificasen terrenos, que se incrementasen edificabilidades o, incluso, que se pudiese derruir un edificio de fachada protegida en pleno casco histórico. El entonces alcalde, Javier León de la Riva, fue imputado, pero un recurso resuelto por la Audiencia Provincial lo dejó fuera de la causa.