La Fiscalía pide siete meses de prisión por “incitar” a cometer desórdenes públicos para la CDR a la que acusó de terrorismo
De terrorismo y rebelión a un delito de “distribución o difusión pública de consigna que incite a la comisión de un delito de desórdenes públicos”. Este ha sido el recorrido penal menguante de la causa contra la activista de los Comités de Defensa de la República Támara Carrasco, detenida el 10 de abril de 2018 en Viladecans (Barcelona). El Ministerio Público ha presentado este viernes su escrito de acusación contra Carrasco, para la que pide siete meses de prisión por enviar un audio por Whatsapp en el que llamaba a cortar carreteras y vías de tren.
Fue el mismo mensaje de audio el que provocó la detención y el registro de la casa de Carrasco por presuntos delitos de terrorismo o rebelión. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo llegó a pedir prisión provisional para la activista. No obstante, el juez instructor rechazó de plano los presuntos delitos de terrorismo y rebelión y limitó la causa a unos desórdenes públicos.
Informa Oriol Solé.