La vicepresidenta Carmen Calvo ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso este martes para informar sobre las líneas generales de su cartera, que abarca las competencias de Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Entre otras cuestiones acerca del “perfeccionamiento de nuestro modelo democrático”, como eliminar el voto rogado, y con mejorar las relaciones entre los grupos parlamentarios, ha diseccionado la reforma “importante” que quiere hacer durante los próximos meses de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un ámbito que ha asumido con la nueva vicepresidencia. Escribe Belén Remacha.
Los objetivos de Calvo para esa reforma son: implementar un censo de desaparecidos, que incluirá un banco de ADN de víctimas, para “seguir abriendo fosas, exhumar, reconocer, identificar y entregar” sus restos a sus familiares; identificar los lugares de memoria democrática “para que todos los conozcan, particularmente los jóvenes” y la resignificación del Valle de los Caídos. También la modificación de otras normas, para retirar honores a personas con cargos franquistas y para implementar varios días de Memoria, entre ellos el 8 de mayo por las víctimas antifascistas que fueron asesinadas en los campos de exterminio de Mathausen. Todo quiere hacerlo “con perspectiva de género”, “las mujeres sufrieron particulares vejaciones y delitos”, y ampliando el concepto de ‘memoria’ no solo hasta el golpe de Estado de 1936 sino “al hilo largo de los 200 años de constitucionalismo de nuestro país”.
La vicepresidenta se ha referido en la Comisión Constitucional a otras nuevas competencias que ha adquirido: las de libertad religiosa. Tras declarar su “interés personal” en el ámbito de la religión, “que me he dedicado muchos años a estudiar”, ha contado sus intenciones. Cultivar las relaciones del Gobierno con el Estado Vaticano está entre las primeras; ha puesto como muestra la reunión que ya tuvo con el nuevo nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, el pasado 22 de enero. Además de sus encuentros con representantes de la Santa Sede, afirma que recibirá “a representantes de todas las religiones que de manera oficial y organizada están en nuestro país”. Entre los objetivos concretos de su Vicepresidencia también está hacer una revisión fiscal de la Iglesia Católica, “como se hace exactamente igual en Francia e Italia”. Se ha referido específicamente a que la Iglesia comenzará a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios no destinados al culto.
Asegura que hasta el momento ha encontrado “la mejor disposición” por parte de la Iglesia. “Nuestro país tiene que proteger la libertad religiosa en su totalidad”, entre lo que se incluye “no tener ningún sentimiento religioso”, ha resumido como pretensión, sin “más límite que el mantenimiento del orden público”, como recoge la Constitución.