Moncloa afirma tener “todo dispuesto” para responder con las medidas necesarias al desafío independentista

“No hay nerviosismo ni tensión. En el Gobierno hay absoluto convencimiento de que no va a haber un referéndum ni nada parecido el 9-N”. Con estas palabras fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy dejaban claro que la posible aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica en el Parlamento de Catalunya en los próximos días por parte de las fuerzas políticas independentistas se va a encontrar con el dique del Estado de Derecho.

En Moncloa aseguran que “está todo dispuesto para responder con las medidas necesarias”. Fuentes del Gobierno señalan que en caso de que la Cámara catalana dé luz verde a ambas normativas se “convocará un Consejo de Ministros extraordinario” para que se mande un incidente de ejecución al Tribunal Constitucional. “Ya se ha hecho en otras ocasiones”, apuntan las mismas fuentes.

El pasado diciembre, por ejemplo, el TC admitió a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra las resoluciones aprobadas por el Parlament catalán impulsando el proceso constituyente, entre ellas, la que apoyaba la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado. La admisión a trámite supuso la suspensión cautelar de las resoluciones aprobadas hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el fondo de cada asunto.

Aunque las fuerzas independentistas han buscado una fórmula legal para que las leyes no pasen por la Mesa del Parlament y se voten mediante un cambio del orden del día del pleno, fuentes del Gobierno aseguran que la triquiñuela no evitará su suspensión. “Todo está muy centrado en la respuesta que hay que dar, si es que hay algo. En uno o dos días las leyes pueden estar suspendidas”, remachan en el Gobierno.

En caso de que los dirigentes de la Generalitat catalana sigan adelante con el proceso independentista pese a que se deje sin efecto jurídico las leyes, en Moncloa recuerdan que “estarían cometiendo un delito y, en este caso, el Estado de Derecho actuaría, como también ha ocurrido en otros casos”.

Este martes, el Tribunal de Cuentas amplió a otros seis cargos políticos y técnicos las responsabilidades sobre los gastos derivados de la consulta del 9-N, que hasta ahora pesaban sobre Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, los únicos condenados por ello.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, enmarcó la actuación del Tribunal de Cuentas en una “campaña del miedo” del Gobierno del Partido Popular que tiene por objetivo parar el referéndum del 1 de octubre. “Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos a los ciudadanos a votar”, señaló Puigdemont.

En el Ejecutivo de Rajoy se da por seguro que los independentistas de Junts pel Sí y la CUP van a tratar de seguir adelante con el proceso, aunque no tengan respaldo legal, con vistas a unos comicios autonómicos. “No les queda otra que seguir adelante de cara a unas elecciones autonómicas. Son los que más están pensando en el 2-O porque se la van a jugar en las elecciones. El referéndum no se celebrará, saldrán con las acusaciones al Gobierno de antidemocrático y se presentarán a las autonómicas con ese cartel”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

“Para montar un referéndum así se necesita una infraestructura de la Administración y un grupo muy grande de funcionarios, que no están dispuestos a cometer irregularidades cuando se ha avisado por activa y por pasiva que estarían cometiendo un delito”, avanzan desde Moncloa.

Esto no quiere decir que fuentes del Gobierno no descarten que el 1-O se convierta en una “movilización popular” o “una fiesta reivindicativa en las calles”, pero lo que tienen claro es que no habrá urnas como en la pasada consulta del 9N.

“No nos podemos exponer al ridículo ante nuestros votantes y ante el resto de España y de Europa de que se salte la ley y pongan urnas. Nuestros votantes no nos lo perdonarían”, asegura un dirigente del PP.