Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso mascarillas, ha solicitado al juez que la concejala de Hacienda Engracia Hidalgo sea imputada por un posible delito de prevaricación. La formación de Ione Belarra, que también pide que la alto cargo Elena Collado —la responsable de presupuestos del Ayuntamiento— declare como investigada y no como testigo, entiende que Hidalgo tenía que conocer “las instrucciones de contratación salidas de su propio departamento” y que la funeraria municipal, supuestamente, incumplió al comprar el material sanitario que trajeron desde China los imputados Alberto Luceño y Luis Medina.
Engracia Hidalgo es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y delegada de Hacienda en el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. Previamente ocupó distintos puestos en administraciones dirigidas por el PP: consejera de Hacienda en la Comunidad de Madrid o secretaria de Estado de Empleo con Mariano Rajoy, entre otros. Su nombre está en el convenio que en marzo de 2020 dejó en manos de la funeraria municipal madrileña la compra de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.
La acusación popular que ejerce Podemos entiende que la razón aducida hasta la fecha para justificar este traspaso - poder anticipar fondos a los proveedores - es algo que ya contemplaba la Ley de Contratos del Sector Público. La razón que convierte este convenio en sospechoso, dicen en el escrito presentado este viernes en el juzgado 47 de la capital, es “la sustracción del control previo de esos anticipos a la labor de la Intervención”.
Este convenio, dice la acusación popular, era un “artificio” entre el Ayuntamiento y la Empresa de Servicios Funerarios, lo que para el partido supone “un evidente y grosero apartamiento de la legalidad cuyas nefastas consecuencias han salido ahora, al menos parcialmente, a la luz”. Los tres contratos investigados, dice Podemos, no cumplen “ninguno de los requisitos que el propio Ayuntamiento de Madrid estableció para la contratación de emergencia, incumpliéndose por ello frontalmente las previsiones de la propia Ley de Contratos del Sector Público” en materia de contratos de emergencia.
Engracia Hidalgo, dice Podemos, tenía que conocer todo esto y por eso debe declarar como imputada. “Ineludiblemente debía tener conocimiento de las instrucciones de contratación salidas de su propio departamento y que, como consecuencia de la firma del convenio, resultaban incumplidas”, dice en su escrito. El resultado de esta operativa que delegó en la funeraria lo que permitió, dice el partido de Belarra, es “liberar los fondos sin necesidad de conformidad previa de la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, quien evidentemente, ante las irregularidades palmarias de la propia regulación para casos de emergencia, nunca hubiera autorizado los mismos, y no se hubiera producido, por ello, el perjuicio al Ayuntamiento de Madrid que ahora se está investigando”.
También solicitan que Elena Collado, coordinadora de presupuestos del consistorio que en esa época coordinaba también la compra de material sanitario, declare como imputada y no como testigo. El propio juez suspendió su declaración prevista para el 9 de mayo en calidad de testigo para preguntar a las partes si debía acudir acompañada de un abogado. Collado fue quien mantuvo contacto constante con el empresario Alberto Luceño mientras se gestionaba la compra y entrega de mascarillas, guantes y test. Ante el fiscal Anticorrupción, Collado negó haber tenido conocimiento de la existencia de las comisiones que ahora se investigan. El PSOE ya pidió hace unas semanas que declarase como imputada.
El nombre de Engracia Hidalgo, por su parte, también figura en el sumario aunque hasta la fecha ni la Fiscalía ni el juez han ejercido ningún tipo de acusación ni contra ella ni contra nadie relacionado con el Ayuntamiento de Madrid. Su correo electrónico, por ejemplo, estaba entre los que recibieron los primeros emails de Luis Medina después de que un primo del alcalde le pusiera en contacto con la corporación municipal.