El jefe de la Policía con Aznar enerva al juez al negar ahora que supiera de la existencia de las empresas de Villarejo

El comisario José Manuel Villarejo Pérez, en prisión desde noviembre de 2017, pierde los pocos apoyos que tenía en la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional. Este jueves, el subdirector general de Apoyo Operativo durante las dos legislaturas de Aznar, Pedro Díaz Pintado, ha negado que tuviera conocimiento de las empresas del policía encarcelado y menos que colaboraran en investigaciones policiales. Es justo lo contrario de lo que afirmó en una carta dirigida al primer instructor de la causa al mes y medio de que Villarejo fuera detenido.

En aquella carta, fechada el 5 de enero de 2018, Díaz Pintado afirma “que las empresas de Villarejo nunca recibieron emolumentos o cantidades alguna por parte de la Dirección General sino más bien al contrario sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación de ello”. Hoy, ante el juez y con obligación de decir verdad por su condición de testigo, Díaz Pintado asegura nunca supo del entramado empresarial de Villarejo.

Según ha dicho ante el juez el exjefe operativo de la Policía, él nunca consideró a Villarejo un “agente encubierto” sino un policía que gozaba de una condición extraordinaria, cuyo trabajo nunca quedaba reflejado por escrito en ninguna parte y que había otros tres miembros del Cuerpo en la misma situación. Al estar destinado la mayor parte del mandato de Díaz Pintado en la Comisaría General de Policía Judicial ha dado el nombre de al menos dos superiores que conocían de la existencia del policía encarcelado, entre ellos José Losada, subdirector de Logística e Innovación de la Policía en su última etapa en la Policía hasta su jubilación hace un año.

Díaz Pintado fue número dos de la Policía entre 1996 y 2004. Al dejar el Cuerpo trabajó como jefe de seguridad con una empresa de construcción. Su desconocimiento de las actividades privadas de Villarejo era tal, ha dicho el comisario jubilado, que preguntó a Villarejo por una empresa de detectives para contratarla desde la constructora y éste le recomendó una del abogado Rafael Redondo. Este letrado está imputado por tener un papel destacado en la organización criminal de Villarejo y era socio del comisario. La empresa era Cenyt, y según la tesis que ha intentado defender Díaz Pintado, él nunca supo que detrás de ella estaba el comisario. Díaz Pintado ha dicho que le pareció muy caro el coste de aquella contratación, 150.000 euros, por un informe elaborado con fuentes abiertas, ha explicado.

La contradicción flagrante con lo que aparece en la carta que remitió a la Audiencia Nacional a Villarejo y los continuos intentos del policía por no ser claro han enervado al juez, Manuel García-Castellón, quien le ha advertido de la posibilidad de denunciarle por falso testimonio. Díaz Pintado ha dicho que la carta la redactó Ernesto Díaz Bastién, abogado de Villarejo entonces, y que él no tiene claro lo que firmó. En ese momento ha vuelto a ser reprendido por el juez, afirman fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El pasado lunes, Agustín Linares, jefe operativo de la Policía entre 1987 y 1994 declaró igualmente en condición de testigo. Al igual que Díaz Pintado protagonizó unas respuestas caóticas a las preguntas que se le formularon, según describen las fuentes presentes, y evitó respaldar la actividad de Villarejo con sus empresas y su utilidad para las investigaciones de la Policía. Resta por comparecer el jefe de la Policía con Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, que ha sido llamado a declarar como imputado porque esa es la condición que pesa sobre él por la pieza del espionaje a Bárcenas con fondos reservados.

La importancia del testimonio de los jefes operativos de la Policía radica en que Villarejo defiende que su entramado empresarial era conocido por sus superiores y que incluso era utilizado para desarrollar investigaciones a donde la Policía por sus propios medios no podía llegar. Esas empresas, por otra parte, son las que firmaban los dosieres que Villarejo vendía a la élite empresarial del país por millones de euros y en los que se incluían datos confidenciales a los que el policía accedía gracias a su condición de funcionario, según sostienen juez y fiscales.

El abogado de Villarejo ha preguntado al policía por varios servicios relevantes prestados por su cliente mientras Díaz Pintado dirigió la Policía, pero éste solo recuerda uno, la detención de Laureano Oubiña en Grecia en el año 2000 gracias a la información facilitada por el traficante de armas Monzer Al Kassar al comisario ahora en prisión. Sin embargo, en su carta de enero de 2018 a la Audiencia Nacional, Díaz Pintado afirma: “Sin la cobertura que le daban sus empresas y el general desconocimiento de que se trataba de un policía en activo, entiendo, que muchas de las investigaciones que el inspector Villarejo realizó, no se hubieran podido llevar a cabo con éxito”.