Una orden interna revela la maniobra de la Policía del PP para controlar los aparatos de vigilancia
Un anodino oficio de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, fechado el 11 de septiembre, revela un dato reservado hasta ese momento a unos pocos policías: todos los instrumentos de vigilancia y control pasaron al principio de la legislatura a depender directamente del comisario que el Partido Popular eligió para dirigir el Cuerpo, artífice, entre otras, de la estrategia policial para combatir el soberanismo catalán.
El propio comisario Eugenio Pino, al frente de la DAO, firma el oficio para el “cambio de dependencia funcional de la Jefatura de Sistemas Especiales”. Eso significa que los micrófonos, balizas, antenas, cámaras de vigilancia y demás instrumentos utilizados en investigaciones sensibles, entre ellas las de corrupción, dejan de estar controlados por la División Económica y Técnica de la Subdirección General de Logística para hacerlo de la Comisaría General de Policía Judicial, dirigida por uno de los máximos colaboradores de Pino.
Esa es la novedad para la que se difunde la orden interna a la que ha tenido acceso eldiario.es. Pero la verdad de lo que estaba ocurriendo hasta ahora se desliza en el segundo párrafo del oficio, cuando dice: “No obstante lo anterior, la referida Jefatura de Sistemas Especiales ha venido dependiendo funcionalmente, principalmente en lo que se refiere a su actuación el ámbito operativo, de esta Dirección Adjunta”. Esta afirmación implica que, desde que se produjo el cambio de Gobierno, toda autorización y control de esos instrumentos de espionaje han dependido directamente del comisario Pino.
En el pasado, esos sistemas también dependían de un mando de la confianza del anterior Gobierno. Sin embargo, la obtención por las distintas unidades operativas de los sistemas de vigilancia y control necesitaban de una solicitud a la Subdirección Logística que encabezaba ese comisario.
Desde 2012, los agentes a las órdenes directas del DAO, como los que han viajado a Cataluña rastreando información comprometedora de políticos vinculados al proceso soberanista, solo han tenido que pedírselo a su jefe. Los policías desplazados a Cataluña, sin control judicial, para buscar indicios de corrupción exclusivamente en las filas independentistas, pertenecen a Asuntos Internos –que debería dedicarse solo a investigar a otros policías- y su Unidad depende igualmente de la DAO de Pino.
Por el citado oficio, ahora todos esos “sistemas especiales” pasan a depender de la Comisaría General de Policía Judicial, en el centro de la polémica desde el principio de la legislatura. El comisario al frente de la misma ha sido relevado en tres ocasiones desde el cambio de Gobierno, un hecho insólito. El primero, por la llegada del PP al Gobierno. Y los otros dos, por cuestiones relacionadas con la corrupción. Enrique Rodríguez Ulla fue destituido por no comunicar a sus superiores la investigación del origen del ático de Ignacio González. Y su sustituto, José Losada, por no impedir los informes de la UDEF en los casos Gürtel y Bárcenas que implicaban a miembros del PP y el Gobierno, como la exministra de Sanidad, Ana Mato.
El actual comisario general de Policía Judicial es un policía de la total confianza del partido en el Gobierno. José Santiago Sánchez Aparicio irrumpió recientemente en la investigación judicial por presunta corrupción en la Operación Emperador a un policía que no está bajo su dependencia y sobre el que escribió un informe exculpatorio que el juez no le había pedido.
Policías anticorrupción
De la Comisaría General de Policía Judicial depende la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y en ella se engloba la Brigada Anticorrupción. Esta también ha sufrido los designios políticos de los que se viene resintiendo duramente la Policía en esta legislatura. La iniciativa del veterano comisario que dirigía Anticorrupción de pasar a una brigada con menos carga de trabajo, como es la del Banco de España, fue aprovechada por el comisario Sánchez Aparicio para colocar a un comisario recién ascendido, sin experiencia en la investigación, pero muy próximo a él.
El destino de José Manuel García Catalán a la Brigada Anticorrupción fue revelado por eldiario.es cuando ya había acudido al menos una vez a su nuevo puesto de trabajo. Aún así, y por orden del ministro, fue apartado de su nueva ocupación como consecuencia de la citada información. Jorge Fernández Díaz dijo en el Parlamento, en respuesta al PSOE, que la noticia era falsa. García Catalán acaba de ser condecorado con una medalla pensionada como jefe de la Brigada Anticorrupción.
Para terminar de cerrar el control y que no quede ningún cabo suelto, la DAO advierte de que cualquier sistema especial que sea requerido por una unidad que no dependa de la citada Comisaría General de Policía Judicial deberá llevar “la oportuna autorización” del propio comisario Pino.
