El presidente de Costa Rica firma moratoria a las sanciones por polémico IVA

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este lunes una ley aprobada por el Congreso que establece una moratoria de tres meses a la aplicación de sanciones a quienes incumplan el pago del polémico Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La ley fue aprobada de forma expedita por el Congreso la semana pasada en medio de protestas de sectores sindicales y sociales que se oponen al IVA, un impuesto del 13 % que entró a regir el 1 de julio en sustitución del impuesto de ventas de la misma tasa, pero que grava los servicios y de manera diferenciada algunos productos antes exentos.

El presidente Alvarado ha dicho que no hay marcha atrás con la aplicación del IVA, pero apoyó la moratoria de tres meses a las sanciones con el fin de dar un espacio de adaptación a los contribuyentes.

“Con la entrada en vigencia del IVA estamos dando un paso trascendental en el saneamiento de nuestras finanzas públicas y en la modernización de nuestro sistema tributario”, expresó este lunes el mandatario en un comunicado.

El IVA forma parte una reforma tributaria que el Congreso aprobó en diciembre pasado con el fin de paliar el creciente déficit fiscal, que en 2018 cerró en el 6 % del producto interno bruto (PIB), así como la deuda que fue del 50 % del PIB ese año.

Con la reforma, la deuda alcanzaría su punto máximo hacia el año 2023 en alrededor del 65 % del PIB para comenzar a decrecer a partir de 2024, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central.

Con la entrada en vigencia del IVA el pasado 1 de julio sectores sindicales y sociales realizaron manifestaciones la semana pasada e incluso transportistas de carga bloquearon carreteras vitales para el comercio internacional del país, ante lo que la Policía tuvo que intervenir incluso con gases lacrimógenos en algunos sectores.

El presidente Alvarado planteó a los manifestantes la apertura de diez mesas de negociación para cada sector por separado con el fin de atender diversas peticiones.

Entre las peticiones de los manifestantes se encontraba una moratoria de 18 meses a la aplicación del IVA, sin embargo esta posibilidad ha sido descartada por el Gobierno.

Otras exigencias de los manifestantes es que el Congreso archive dos iniciativas de ley que consideran afectan el derecho sindical a la huelga, así como los salarios de los trabajadores del sector público.

Una de estas leyes busca prohibir la huelga en una lista de servicios públicos considerados como esenciales, entre estos la educación; y la otra pretende reordenar los salarios del sector público y reducir pluses salariales.