Hablar de financiación autonómica es hacerlo de bilateralidad, de ordinalidad, de balanzas fiscales, de singularidades, de agravios o de la tan manoseada unidad de España. Y, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto aterrizar un debate que históricamente ha enfrentado a los territorios, independientemente del signo político de sus gobiernos, para traducirlo a un lenguaje que entiendan los ciudadanos. El objetivo es introducir en ese marco conceptos tan sólidos como la educación, la sanidad, el transporte, la dependencia. En definitiva, el sostenimiento de los servicios públicos.
Consciente de que el nuevo modelo no contenta, de partida, ni al PP, ni a Junts, ni a algunos socialistas y que parece bastante improbable que cuente con los apoyos necesarios para ser aprobado en el Congreso, Sánchez se dispone a convertir la financiación autonómica, presentada este viernes por la vicepresidenta María Jesús Montero, en un nuevo choque ideológico con la derecha sobre el Estado del bienestar, sobre quiénes y cómo financian los servicios esenciales o sobre dos modelos de gestionar los recursos públicos completamente antagónicos.
Que lo consiga es otra cosa, pero es un hecho que el presidente ha encontrado una bandera que agitará sin descanso durante las próximas campañas electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía, e incluso más allá, en un émulo de la fórmula Ayuso-Quirón “que los madrileños han entendido perfectamente”, aseguran fuentes gubernamentales.
Los socialistas dan por amortizada la ofensiva popular con un relato que dibuje a Sánchez sometido al independentismo para seguir en La Moncloa. De hecho, ya se han escuchado los primeros compases desde la Comunidad de Madrid que, aunque con un incremento de 2.555 millones de euros de sus recursos en 2027 y siendo la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, ya habla de un presunto perjuicio para los madrileños “para financiar esta fiesta independentista”. Todo porque las líneas generales del sistema de reparto, en efecto, se han negociado con ERC antes que con los gobiernos autonómicos o los partidos que tienen que apoyar el texto en el Parlamento. Algo que, por otra parte, ha ocurrido en la negociación de los anteriores modelos con Gobiernos del PSOE, pero también del PP.
Desde Génova, Elías Bendodo ya ha criticado que el nuevo sistema de financiación se haya pactado en una reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. “Cuando hay que hablar de lo de todos, tenemos que sentarnos todos en la mesa”, afirmó el viernes en referencia a la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las autonomías puedan posicionarse. Este último foro ya está convocado en todo caso para el próximo miércoles.
Pero las críticas no solo han llegado desde el lado del PP, también el socialista Emiliano García Page se ha mostrado partidario, en línea con la derecha política y mediática, a que se convoquen elecciones generales “antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España”. Su territorio, Castilla-La Mancha, incrementa los recursos con el nuevo modelo en 1.248 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda, lo que le situaría como la quinta comunidad autónoma que más aumentaría sus ingresos con la nueva propuesta, por detrás de Andalucía (4.846 millones de euros), Catalunya (4.686 millones de euros), Comunitat Valenciana (3.669 millones de euros) y Madrid (2.555 millones de euros). También el asturiano Adrián Barbón ha elevado la voz contra la fórmula propuesta por el Gobierno y ha advertido que “la financiación no puede ser un contrato de adhesión”.
Pese a los escasos entusiastas con los que cuenta el modelo, el Gobierno se afanará en explicar que la propuesta aumentará los recursos de todas las autonomías y que todos los territorios recibirán más transferencias, en un claro desafío al PP, al que se dispone a poner ante el brete de rechazar una fórmula que garantiza la sostenibilidad del Estado del bienestar. Busca así que los territorios gobernados por la derecha se retraten, como ocurrió con la quita de la deuda, y expliquen a sus electores su negativa a incrementar los recursos destinados a los servicios públicos esenciales con el argumento de que de los 20.500 millones a repartir casi 5.000 irán destinados a Catalunya.
Desde la Moncloa recuerdan que Sánchez hizo sin éxito una oferta a Feijóo para sentarse a hablar de financiación autonómica y que, en todo caso, se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para después ser aprobado por el Congreso. También esgrimen que su propuesta llega 13 años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación existente para “solucionar las carencias del sistema actual y cumplir con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las autonomías”. Pero su principal objetivo es, sin duda, desarticular el frente común armado desde Génova de un lado para abrir fisuras entre sus barones y de otro, para convertir el asunto en munición electoral contra Azcón, Mañueco o Moreno Bonilla con el argumento de que rechazan una lluvia de millones para los servicios públicos de sus regiones.
Será ese el eje de las campañas electorales del PSOE porque, aseguran sus estrategas, “el planteamiento responde a hechos reales: tenemos dinero, necesidad de renovar el sistema, urgencia para dotar con más recursos la Sanidad y la Educación y, sin embargo, el PP se opone a recibir ese con excusas partidistas y porque su modelo es engordar al sector privado en detrimento de todo lo público. Será muy difícil que se les escuche”. De ahí que Sánchez haya encontrado en la financiación autonómica –un debate en principio con demasiadas aristas al que el Gobierno llega obligado por sus socios republicanos– una ocasión con la que reconducir la conversación pública que, hasta Navidad, giraba solo en torno a Ábalos, Cerdán, Koldo, la corrupción y los casos de acoso sexual de algunos dirigentes del PSOE.
En la Moncloa creen que la financiación autonómica, igual que el marco internacional provocado tras el secuestro de Nicolás Maduro, es un asunto que incomoda a la derecha de Feijóo y del que puede salir mal parado en un semestre donde el PP se juega los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Andalucía y, sobre todo, el grado de dependencia que tiene de la ultraderecha española para llegar a las instituciones. “Levantar estas banderas es asumir una realidad que a Feijóo le desmorona, más aún después de admitir ante la jueza de Catarroja que investiga la dana que mintió cuando dijo estar informado en tiempo real de lo que ocurría la trágica noche del 1 de octubre de 2024”, apuntan las fuentes consultadas.
En el lado correcto de la historia
A diferencia de antes del parón navideño, cuando el Gobierno daba síntomas de claro agotamiento por su evidente debilidad parlamentaria, las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y la pésima gestión de las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Sánchez, Francisco Salazar, la primera semana de 2026 los socialistas ven una oportunidad para reactivar al electorado progresista. “En el marco exterior estamos bien posicionados porque el histórico de Sánchez frente a una Unión Europea desunida y noqueada nos avala. Porque el gran cambio que plantea el nuevo orden global ya no va de derechas o izquierdas, sino de la defensa de los Derechos Humanos y de las soberanías nacionales frente a la ley de los más fuertes para expandirse y ganar territorio con un cambio de paradigma que nos retrotrae al siglo XIX. Y porque lo de estar en el lado correcto de la historia ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una realidad”, asegura un estrecho colaborador del presidente del Gobierno.
“Si somos además capaces de llenar el hueco que deja el marco exterior con iniciativas como el acuerdo firmado esta semana con la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de la pederastia en el ámbito de la Iglesia o como el nuevo modelo de financiación que obliga a posicionarse inexorablemente a favor o en contra de lo público, a Feijóo se le va a atragantar este primer semestre”, añade otro entusiasta y destacado miembro del Gobierno.