Trapero, atrapado entre dos fuegos

En el primer día de su juicio en la Audiencia Nacional, Josep Lluís Trapero no se anduvo con miramientos. Se juega mucho en una vista en la que la Fiscalía le pide once años de prisión. El fiscal le preguntó por su opinión sobre las resoluciones de corte independentista que el Parlament fue aprobando en 2016. “Una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que se iban anulando”.

Al igual que en su declaración como testigo en el juicio del procés, el ex comisario jefe de los Mossos dejó claro en la vista iniciada el lunes lo poco que le gustaba el referéndum de independencia, el mensaje claro en ese sentido que envió a Carles Puigdemont en dos reuniones en los últimos días de septiembre de 2017, y sus malas relaciones con el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, enviado desde Madrid para vigilar a los Mossos y utilizar a policías y guardias civiles en la respuesta contra la consulta.

Está claro que Trapero tenía demasiados adversarios –en Madrid y Barcelona– que le dejaban atrapado entre dos fuegos. No quiso tomar partido en público entre los dos y quiso comunicar a la fiscal y la magistrada del TSJC que cumpliría los autos con las pertinentes instrucciones a la Policía autonómica. Tanto ellos como los mandos policiales del Estado sabían también que él estaba en contra de ejercer la máxima violencia con el objetivo de impedir la votación, porque así se lo dijo.

La premisa con la que partieron los órganos judiciales y el Gobierno central de que se podía impedir la celebración de un referéndum –aunque hay dudas más que razonables de que eso fuera posible– dejó a Trapero y los Mossos en una posición imposible, y en última instancia señalados por su supuesta complicidad con los independentistas.

Una frase del testimonio del Pérez de los Cobos en el juicio anterior resume esa inquina, que también es una forma de centrar en los Mossos la responsabilidad de que hubiera urnas y papeletas y escapar de la suya: “Las dudas sobre los Mossos las tenía toda la sociedad”. Ante tal unanimidad, no es extraño que Trapero se convirtiera en ciertos ambientes jurídicos y políticos en otro enemigo público número uno, casi al mismo nivel que Puigdemont, Junqueras y los consellers.

Un tuit de 30 palabras

Junto a Trapero, están en el banquillo dos antiguos cargos políticos de la Conselleria de Interior, Cèsar Puig y Pere Soler, y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana. Es el major de los Mossos el que concita la mayor atención. No tanta como para que los principales responsables de la Generalitat se molestaran en desplazarse a Madrid. Quim Torra solventó la cuestión con un tuit de apoyo de 30 palabras. Sí estuvo en San Fernando de Henares la cúpula de los Mossos. Saben que en el plano simbólico también están en el banquillo. Si Trapero es condenado, eso se utilizará contra los Mossos durante mucho tiempo.

Se supone que un acusado tiene derecho a saber de qué se le acusa en un juicio, y eso incluye el delito o delitos y la pena correspondiente. Trapero no tiene esa suerte. La Fiscalía le acusa de rebelión, que es el delito que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo descartó por completo en el juicio de la cúpula del Govern. Acusar a Trapero de algo de lo que no eran culpables sus jefes políticos no sólo desafía el Código Penal, sino el sentido común.

La ley ampara a la Fiscalía para no hacer ahora ningún movimiento con el que adaptar su escrito de acusación a la realidad. Por tanto, el fiscal Miguel Ángel Carballo se limitó en su primera intervención a un 'lo vamos viendo': “En el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la calificación, pero no es este el momento procesal oportuno”.

No lo es para él. Arrancar el juicio con una acusación por rebelión y al final de la vista cambiarla permite obviar la queja de las defensas, que pedían que este juicio debería haberse celebrado en Barcelona, y no en ese tribunal especial llamado Audiencia Nacional.

“¿Usted no se sentía incómodo?”

El fiscal no tardó mucho tiempo en intentar relacionar a Trapero con los responsables del procés. “¿Usted tenía una relación estrecha con el presidente de la Generalitat?”, preguntó Carballo. “Ni buena ni mala”, respondió el major. “No tenía ningún tipo de relación estrecha con el president”.

Cuando salió el asunto de la dimisión del conseller de Interior Jordi Jané –que sería relevado por Joaquim Forn– por no sentirse nada interesado en participar en el desafío independentista hasta el final, y del director general de Policía, Albert Batlle, Trapero tuvo especial interés en destacar que la Conselleria de Interior y los Mossos estaban entonces muy alejados de la idea de convocar un referéndum como el del 1 de diciembre.

Batlle se fue porque sentía incomodidad por las acciones del Govern, dijo Trapero, que remató: “Incomodidad que sentíamos todos”. Parece que no le quedó claro al fiscal, que preguntó: “¿Usted no se sentía incómodo?”. “Mucho”, respondió Trapero.

Además, rescató una conversación con Joan Vidal de Ciurana, por entonces secretario del Govern, que le preguntó qué haría si se daba una situación de “doble legalidad” en toda esta crisis política, es decir, que hubiera lealtades distintas que sería difícil compatibilizar: “Le respondí que la doble legalidad no existe”.

En el terreno de los principios, el fiscal no pilló a Trapero en ninguna situación comprometida. El major se mostró seguro y bastante solvente en esa discusión y pudo reforzar la impresión de que es absurdo acusar de rebelión a un mando policial que tenía muy claro en qué lado debía estar en la defensa de la ley.

Un caso distinto, y eso era inevitable, se produjo con las preguntas sobre el despliegue de los Mossos el 1-O. Sin llegar a los niveles mucho más agresivos del fiscal Javier Zaragoza en el juicio del Supremo, Carballo planteó varias preguntas para cuestionar la validez y eficacia del número de efectivos de los Mossos y sus funciones decididas por Trapero y sus comisarios.

Si bien ahí el acusado no dudó, se vio obligado a colocarse a la defensiva. Defendió el despliegue diseñado y alegó que lo aumentó en 800 miembros –“que se sacaron de debajo de las piedras”– cuando la Fiscalía del TSJC le dijo que los planes eran insuficientes. Todos sabemos que eso no sirvió para impedir el referéndum, entre otras cosas porque Trapero prefirió primar la paz social al uso de la violencia para cumplir la orden judicial. Decidió que sacar las porras y empezar a golpear a la gente en los colegios electorales era algo inapropiado para una fuerza policial y probablemente inútil.

Y por eso ha acabado en el banquillo en la Audiencia Nacional.