El Tribunal de Cuentas ha emplazado a recortar en 4.349,05 euros la subvención electoral del PP por haber superado el límite de gastos de publicidad en la campaña de las generales de noviembre de 2011 que el partido de Mariano Rajoy ganó con mayoría absoluta.
Así se recoge en el informe de fiscalización de los últimos comicios generales que el Tribunal de Cuentas acaba de remitir a las Cortes Generales y al que tuvo acceso Europa Press.
En ese informe se propone una sanción similar para un segundo partido, concretamente la coalición navarra Geroa Bai, a quien también se acusa de superar el tope de gasto en publicidad y a la que se propone recortar la subvención en 2.522,22 euros.
No hay más partidos a los que se proponen sanciones, aunque el Tribunal de Cuentas, a instancias del Ministerio Fiscal, sí ha decidido comunicar a la Junta Electoral Central que 27 empresas proveedoras de partidos políticos en esa campaña se han negado a facilitar los datos por unos servicios cuantificados en 1,23 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas es, por ley, “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público”, a quien corresponde “en exclusiva” el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Es decir, las cuentas de las organizaciones políticas no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino que las inspecciona un órgano que no depende ni de Hacienda, ni del independiente Poder Judicial.
Los partidos políticos eligen a aquellos consejeros que se van a encargar de fiscalizar sus cuentas. Son los grupos parlamentarios los que eligen en el Congreso y el Senado a los doce consejeros que forman el pleno del Tribunal de Cuentas. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con altas probabilidades de repetir.