Podemos pide al PSOE que devuelva cada euro robado del ‘caso Koldo’ hasta con “su propio patrimonio”

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido al extesorero del PP Luis Bárcenas el tercer grado penitenciario, que le había sido denegado el 31 de julio del pasado año, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

En aquel momento, el juez desestimó la petición de Bárcenas, que ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta (fue condenado a 29 años de prisión en su primer juicio del caso Gürtel pero con un cumplimiento máximo de 12).

Entonces el juez consideró que no se daban “las características personales y penitenciarias que permitían una vida en semilibertad en atención a la versatilidad delictiva, gravedad de los hechos y lejanía en fechas de cumplimiento”, según el auto.

Informa EFE.

El grupo parlamentario Vox quiere impedir que la Comisión de Justicia del Congreso tramite la ley de amnistía. El partido de extrema derecha presentará un recurso de amparo al Constitucional así como dos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso y a la Comisión de Justicia para pedir la suspensión de la sesión convocada para el jueves.

En su recurso ante el Tribunal Constitucional, los 33 diputados de Vox solicitarán la nulidad de la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de devolver a la comisión de Justicia la ley de amnistía tras no conseguir los apoyos necesarios en su primera convocatoria, el pasado 30 de enero, con los votos en contra de Junts.

Vox asegura que este gesto “ viola el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución, que garantiza el ejercicio de la función representativa en condiciones de igualdad”, según un comunicado de la formación.

En sus dos escritos dirigidos a la Mesa y a la Comisión de Justicia, Vox también busca la suspensión de la sesión con una denuncia de la “arbitraria interpretación del artículo 79 y 131 del Reglamento del Congreso y concordantes”. El grupo parlamentario liderado por Santiago Abascal insiste en que al no haber obtenido una mayoría simple de apoyos en primera votación, “no podría ser remitida a la comisión para su reformulación, sino que debía haber decaído sin más”.

Vox añadirá en su escrito al Constitucional que esta interpretación “es coherente con el sistema de mayorías que se emplea como control y garantía de legalidad así como de manifestación de la voluntad mayoritaria a través de la representatividad parlamentaria”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que esta semana los grupos políticos registrarán una petición conjunta para crear una subcomisión en las Cortes que retome la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya caducado. Los trabajos ya se iniciaron en la pasada legislatura, pero se quedaron en el aire con la convocatoria adelantada de elecciones.  

Así lo ha afirmado la titular de Igualdad en la Comisión de Igualdad del Senado, en la que ha comparecido para explicar la hoja de ruta que se plantea el ministerio esta legislatura. Entre sus prioridades, ha definido “reforzar los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género”, para lo que cree fundamental la renovación del pacto y su ampliación a otras formas de violencia machista, un propósito que comparten todos los partidos excepto Vox, que ya en 2021 se descolgó del acuerdo para blindar el pacto.  

Como ya hiciera en el Congreso, la ministra ha detallado los objetivos ya conocidos de su cartera, entre ellos, el impulso de un acuerdo contra los delitos de odio, la limitación del acceso a la pornografía por parte de los menores de edad, la aprobación de la Ley de Paridad o la implementación de las leyes ya aprobadas, entre ellas la reforma del aborto o la Ley Trans. Sobre el colectivo LGTBI, la ministra ha dado los datos de llamadas al teléfono Arcoíris 028, puesto en marcha el pasado verano: entre el 5 de julio y hasta el pasado 25 de febrero, ha recibido 5.771 llamadas, una media de 720 al mes.

Por Marta Borraz.

El PP europeo asumirá en el congreso que celebrarán esta semana la posición del PP español ante la ley de amnistía. En una resolución presentada por la delegación que encabeza Alberto Núñez Feijóo, el hoy por hoy principal partido de la Eurocámara asegura que “deplora” la proposición de ley “las acciones políticas que llevaron a su aprobación y sus posibles consecuencias para Europa”. “La ley ha sido redactada por sus propios beneficiarios. Los crímenes en cuestión incluyen delitos relevantes para la UE, como malversación de fondos y terrorismo, y podrían dar lugar a la cierre de la investigación judicial existente sobre la injerencia de Rusia en el catalán intento secesionista en 2017”, asegura el texto, que no ha recibido ninguna enmienda.

Según la resolución, que será votada esta misma semana, la ley de amnistía “socava la independencia judicial”, a cuenta de las comisión de investigación que plantean, según el PP, “la supervisión de las sentencias de los jueces”.

La resolución también plantea “reforzar la cooperación jurídica y judicial dentro de la UE” y menciona expresamente la Orden europea de detención y entrega“, conocida como Euroorden, en virtud de la cual los jueces europeos extraditan inmediatamente a los perseguidos por la justicia de los demás países de la UE. Pero España ha visto como sus peticiones de extradición de Carles Puigdemont, Toni Comín o Clara Ponsatí han sido rechazadas por países como Alemania, Bélgica o Reino Unido.

Por Aitor Riveiro.

Los dos diputados tránsfugas de UPN que casi tumban la reforma laboral, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, se han afiliado al Partido Popular. Ambos formaban ya parte de las listas del PP en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, pero ahora han decidido afiliarse para “sumar fuerzas en torno el único partido que puede ser una alternativa a todo lo que está pasando con el gobierno de Sánchez”.

Así lo ha indicado Sayas en un tuit acompañado de una imagen en la que aparecen junto a Miguel Tellado, portavoz del PP:

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este lunes la inmediata dimisión de Pedro Sánchez y de todo el Gobierno, incluida la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por considerar que son “una banda criminal” que ha organizado “una trama mafiosa” con los contratos fraudulentos de mascarillas en plena pandemia.

Garriga, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido de extrema derecha, ha anunciado que van a reunir “de urgencia a sus servicios jurídicos y a todas las áreas del partido” para ver qué pasos dan “ante el fenómeno Puigdemont y la trama corrupta del PSOE”. “Estamos ante una trama mafiosa de todo el PSOE, no es el caso Koldo, es el caso PSOE”, que es “una banda criminal”, ha afirmado.

Dicho esto, ha añadido que “no entienden cómo Pedro Sánchez no ha dimitido”. “No puede ser presidente del Gobierno”. “Tampoco entendemos cómo la señora Armengol tiene la cara de seguir presidiendo el Congreso”. “Es un Gobierno que está chapoteando entre un caso de corrupción y delincuentes”, ha añadido, motivo por el cual dice que Vox ha acudido a la Oficina Europea contra el Fraude. Dicho esto, ha cargado también contra el PP y su “estrategia de seguir negociando con Sánchez”, “dando balones de oxígeno al PSOE”, una actitud que cree que demuestra que frente a todo lo que está ocurriendo, la “única oposición la hace Vox”.

Por Carmen Moraga

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha arremetido duramente contra los integrantes de la supuesta trama de comisiones ilegales que se enriquecieron durante la pandemia con la venta de productos sanitarios a diferentes administraciones. La trama “utilizó los peores momentos por los que ha atravesado nuestra sociedad en los últimos 100 años, los peores momentos de sanidad, como fue una pandemia que nos tuvo a todos encerrados en casa, y ni siquiera pudimos enterrar a nuestros familiares y amigos, para lucrarse, para utilizar dinero público y beneficiar a una trama cuyo alcance aún a día de hoy desconocemos”, ha dicho el dirigente en una rueda de prensa este lunes.

“Es un auténtico despropósito”, ha añadido. “Es una vergüenza y es inaceptable que el Gobierno no dé la cara y todas las explicaciones pertinentes”, ha sostenido Sémper. Y ha zanjado: “No puede ser que mientras había decenas de miles de españoles muriendo, y mientras el conjunto de la sociedad española estábamos en casa con miedo y con terror, este Gobierno, el actual, aprovechara su capacidad de influencia y aprovechara su poder político para extender a través de una trama un lucro supuestamente delictivo Es inaceptable y es una puñetera vergüenza”.

Junto a Sémper ha comparecido la vicesecretaria de Educación, Ester Muñoz, quien ha evitado explicar las diferencias entre este caso y otras estafas producidas durante la pandemia, como por ejemplo la que supuso un perjuicio de decenas de millones para el Ayuntamiento de Madrid y que ya está en la vía judicial. Sémper ha asegurado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debe asumir su “responsabilidad política” por el caso “sea cómplice o víctima”. Sobre la responsabilidad de José Luis Martínez-Almeida, Muñoz se ha limitado a endosar las explicaciones a Almeida: “Quien le puede responder mejor es el alcalde”.

Por Aitor Riveiro

Los socialistas aseguran que la petición de dimisión a la presidenta del Congreso “no tiene ningún fundamento ni ningún recorrido jurídico” y acusan directamente a los populares de que la reclamación del dinero a la trama corrupta haya caducado por responsabilidad del Gobierno de PP y Vox en las islas. “La señora Armengol no aparece en el sumario, donde se ve que lo que preocupa a los presuntos corruptores es precisamente la reclamación que hizo en su día el Gobierno socialista”, defendió en rueda de prensa este lunes la portavoz de Ferraz, Esther Peña.

“Lo que querían los empresarios es que el gobierno de PP y Vox olvidara la reclamación. Y ahí es donde aparecen en el sumario los nombres de Miguel Tellado y de un tal Alberto”, ha dicho Peña, que ha señalado al principal grupo de la oposición por su comportamiento respecto a los casos de corrupción propios. “Si el listón del PP con la corrupción fuera el mismo que el del PSOE, hubiera dimitido la mitad de los Gobiernos de Rajoy”, apuntó la portavoz.

Por José Enrique Monrosi

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha hecho este lunes un llamamiento a fortalecer el Estado de Derecho y la independencia de los jueces para preservar al mundo de los ataques que está sufriendo y de los que tampoco ha sido ajena España, al mismo tiempo que su partido, el PP, bloquea la renovación del Poder Judicial.

Lo ha hecho durante la inauguración de la Cumbre internacional sobre la independencia judicial (Word Jurist Association) y en vísperas del aniversario de la masacre terrorista del 11M, cometida en Madrid por comandos yihadistas, que el gobierno de Aznar atribuyó en un principio a ETA.

En su breve intervención en la inauguración de dicha Cumbre, Almeida ha alertado de posibles nuevos peligros por lo que ha insistido en el fortalecimiento de la democracia y la independencia del poder judicial. “Frente al señalamiento de autoridades judiciales, frente al debilitamiento de la arquitectura institucional es importante que alcemos la voz como lo hace la organización mundial de juristas para fortalecer nuestra sociedad y nuestra democracia”, ha señalado el regidor madrileño.

Por Carmen Moraga

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este lunes a su socio principal, el PSOE, de que “la estabilidad de la legislatura se construye en los consensos sociales” y no tanto en las negociaciones entre partidos en el Congreso de los Diputados.

Precisamente allí, ante su grupo parlamentario, Díaz ha insistido en que “los consensos” están “ahí afuera”, en las calles, y no en el Parlamento. La vicepresidenta ha pedido a sus colegas de proyecto político “ser la formación que dé serenidad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Por Iñigo Aduriz