El Supremo decidirá el 11 de febrero si el registro del despacho del fiscal general fue legal
La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se reunirá el 11 de febrero para resolver varios recursos clave de la causa abierta contra el fiscal general por la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados estudiarán diversos recursos que esperan una decisión desde hace meses, entre otros las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los registros de octubre en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid.
Las principales pruebas que esgrime el juez Ángel Hurtado en sus autos salieron de esos registros: los mensajes intervenidos en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que han ayudado a la UCO, al juez y al propio Alberto González Amador a acusar a los tres imputados de urdir una “estrategia” para filtrar documentación del caso y perjudicar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Sala está compuesta por tres magistrados: Julián Sánchez-Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.
Lo cuenta Alberto Pozas
