El Consejo de Ministros se reúne este martes para aprobar la subida de las pensiones que cayó en la votación del Congreso de los Diputados la semana pasada. El Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de la norma, los primeros porque estaba incluida en un paquete muy amplio que abarcaba otras muchas medidas del escudo social, y los catalanes porque votar a favor suponía aprobar la prórroga de la prohibición de los desahucios. Ahora, el Gobierno trabaja contrarreloj para trocear dicho decreto, asegurarse el apoyo de los socios de investidura y salvar el decreto, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios. Aun así, el PP y Junts insisten en que el incremento de las pensiones vaya en un decreto individual. La izquierda, por otro lado, no quiere dejar ninguna medida social fuera.
Continúa, por otro lado, la campaña electoral para las elecciones de Aragón. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado cesar a la concejala popular que gritó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Congreso para informar sobre los avances en la investigación del accidente de Adamuz.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este martes contra el acuerdo firmado entre el PNV y el Gobierno para excluir a los propietarios de una sola vivienda en alquiler de la moratoria antidesahucios. “Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”sólo“ tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto”, ha escrito Belarra en sus redes sociales. Según lo pactado entre el grupo vasco y el Gobierno, la protección contra los desahucios para las personas vulnerables cambiará a partir de ahora para los propietarios de hasta dos viviendas (con una destinada para alquiler). A partir de ahora, los servicios sociales serán los competentes para la búsqueda de una alternativa habitacional para esas personas.