Unidas Podemos ha registrado este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Uber de la Comunidad de Madrid. La portavoz adjunta de la formación morada en la Asamblea, Alejandra Jacinto, ha señalado que la norma, que regula las condiciones en las que pueden circular por la región los vehículos de transporte con conductor (VTC), vulnera competencias municipales. “Ustedes no son nadie para hundir la vida de 25.000 familias madrileñas”, ha acusado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en referencia a los taxistas.
“Si les importara Madrid, no le hubieran pedido a los taxistas que se maten a trabajar 24 horas para competir por 10 euros con Uber”, ha dicho Jacinto desde la tribuna. Ayuso avanzó este lunes, durante la primera sesión del debate sobre el estado de la región, algunas de las medidas de los nuevos reglamentos para el sector del VTC y del taxi, en el que contempla que estos puedan circular las 24 horas todos los días de la semana. La presidenta ha defendido esta medida aludiendo a que su objetivo no es que los taxistas trabajen las 24 horas, sino que puedan elegir cuándo hacerlo.
La norma que recurren ahora ante el constitucional el Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, junto a diputados de los grupos de EH Bildu, ERC y el grupo Plural, fue aprobada por Ayuso, gracias a la abstención de Vox, en la Asamblea de Madrid el pasado mes de junio. A la espera de los desarrollos reglamentarios definitivos, la ley permite a los VTC seguir operando en la región como hasta ahora, por lo que ha contado con el rechazo del sector de taxi.
La ‘ley Uber’ de Ayuso, indican en el escrito, “prescinde de los mínimos requisitos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorgando autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid”. Desde Unidas Podemos consideran que este texto legal “supone una gravísima violación de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos” y que “la Comunidad de Madrid se ha excedido inconstitucionalmente en la regulación establecida en la norma impugnada”, afirman.
Informa David Noriega.