La violencia machista ya no es una prioridad

“No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”. Fue la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, la que se despachó con estas declaraciones hace cinco meses. Mientras Mato hacía recaer toda esa responsabilidad sobre las mujeres víctimas de violencia machista, el Gobierno ha recortado las partidas presupuestarias dedicadas a igualdad y violencia de género, y muchas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han perpetrado un duro golpe a la red de centros y programas de atención a mujeres. Expertas, activistas y asociaciones advierten de que la violencia machista no sólo no es ya una prioridad política y social, sino que el discurso oficial tiende ahora a culpabilizar y cuestionar a las mujeres, y a centrar en ellas el problema en lugar de asegurar que existan los mecanismos para luchar adecuadamente contra esta violencia.

“Desde que entramos en el periodo de crisis, parece que el resto de temas sociales están en segundo plano. Nos olvidamos de que por encima de la crisis hay cosas que afectan a los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida de las mujeres”, defiende la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez Novo, que añade que precisamente por eso ningún recorte que afecte a las mujeres víctimas de violencia de género está justificado.

Desde que en 2008 estallara la burbuja económica, todo lo que no suene a déficit, deuda, prima de riesgo o austeridad tiene difícil cabida en el discurso político y social. Ya entonces, en los debates electorales entre los entonces candidatos José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, la igualdad y la violencia de género apenas ocuparon unos pocos minutos de su discurso. Tres años después, en noviembre de 2011, en el debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, la violencia machista simplemente no mereció ni un rápido intercambio de pareceres.

Por otro lado, a pesar de que la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género supuso un punto de inflexión en cuanto al diagnóstico y reconocimiento de la violencia machista, y la atención a las víctimas, en los últimos años han aumentado los ataques contra la norma.

“No sólo este tema ha ido decayendo, sino que ahora hay fuerzas reactivas y patriarcales, muchas dentro de la judicatura, que están creando un espejismo de que la ley está protegiendo demasiado a las mujeres y desprotegiendo a los hombres. Por ejemplo, el pávulo que se le ha dado a las denuncias falsas ha crecido en los últimos años”, asegura María Naredo, jurista e investigadora de Amnistía Internacional.

“Hay un abandono del concepto de violencia de género”, dice Santiago Fernández, miembro de la coordinadora estatal de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige), que también cree que la crisis ha sacado de la agenda política la igualdad. “Y ya en esta legislatura, aunque no se han decidido a manifestar una posición frontal a las políticas de igualdad, hay muchos gestos que indican esa posición”, dice Fernández, que apunta que las partidas más castigadas de los presupuestos para 2013 son las relacionadas con la igualdad y la violencia de género.

Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que denuncia la excesiva responsabilidad que se deposita en las mujeres para que denuncien, en lugar de poner el foco de atención en la respuesta dada por el Estado y en si este ofrece o no recursos efectivos para que las mujeres obtengan protección y justicia. “Se está poniendo mucho peso en lo que las mujeres no hacen y deben de hacer y no énfasis en todo lo que está fallando en el camino y que es responsabilidad del Estado”, subraya Naredo. Desde enero de 2005 hasta ahora, 503 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas masculinas.

“En lugar de justificar la inacción de las instituciones descargando en las víctimas la 'obligación' de denunciar, las autoridades deben verificar la efectividad de la protección legal dispuesta e identificar los obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y obtener justicia y protección”, dice el informe.

Más formación

Amnistía reclama la especialización de los profesionales que intervienen a lo largo de todo el proceso judicial y la evaluación del funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tal y como contemplaba la Ley integral aprobada en 2005. La organización considera que hay “cifras preocupantes” que deberían llevar a un análisis profundo de estos juzgados, como el abultado número de sobreseimientos judiciales. El informe señala que en 2011 se archivaron de media más del 45% de las denuncias por violencia de género. También se observa un descenso en la concesión de órdenes de protección solicitadas por las mujeres: el 2011 fue el año con el porcentaje de concesión más bajo desde que hay registros.

La organización apunta también a la falta de turnos de abogados de oficio suficientemente coordinados como para garantizar que las víctimas estén atendidas desde el primer momento. Han documentado algunos casos en los que las mujeres tiene que esperar durante horas en la comisaría la llegada de un abogado, o simplemente dan los primeros pasos sin la presencia de un abogado, lo que en muchos casos condiciona el proceso.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres también lleva tiempo reclamando una evaluación de la Ley Integral de Violencia de Género. “Seguimos percibiendo que quedan cosas importantes por hacer. Una cosa es que tengamos una legislación muy avanzada, que es un referente internacional, y otra, la realidad material que la acompaña”, dice su presidenta, que menciona algunas líneas de acción necesarias, como conseguir que el entorno de la víctima se involucre, la formación de todos los profesionales, o una mayor rigurosidad en las informaciones periodísticas sobre la violenca machista.

Los movimientos sociales, poco movilizados

“Cuando haya una manifestación de indignados contra la violencia machista habrá comenzado su fin”. Con este lema, activistas y asociaciones han querido expresar en las redes sociales su malestar ante la poca presencia que cobra la violencia de género en los movimientos sociales. Hay autocrítica. Roció Lleó, que participa en la Comisión de Feminismos de Sol, está de acuerdo en que la violencia machista no ha recibido la antención que debería, tampoco desde la movilización ciudadana. “Ni la sociedad ni el Estado está haciendo lo que tiene que hacer. Los movimientos sociales no se están ocupando del tema, incluso se sigue pensando que son sólo las mujeres las que tienen que resolver el problema”, dice.

Una de las líneas de trabajo de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género es precisamente desechar la idea de que son las mujeres las que deben enfrentar el problema, involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia de género y la construcción de un nuevo modelo de masculinidad, clave para acabar con las agresiones a mujeres.