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El problema está por abajo

Cada vez que se discute sobre la dureza de nuestro sistema penal, invariablemente sale alguien que cita el artículo 25.2 de la Constitución, y habla de que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción. Podría dar lugar a una regla como la de Godwin, ya saben, esa de que, a medida que un debate en Internet se alarga, la probabilidad de que alguien enarbole a Hitler o a los nazis como argumento tiende a uno.

Pues bien, las penas tienen esa finalidad, desde luego, pero no es la única. De ser así, podría dar lugar a resultados absurdos, o aberrantes, como luego veremos. Las otras tres finalidades, sin ánimo de meternos en tratados de Derecho Penal, son la retributiva (el viejo “el que la hace, la paga”), la de prevención general (también conocida como “escarmiento público”) y la de prevención especial (el “para que aprendas” de los castigos paternos). Nuestro texto constitucional sólo menciona la de resocialización porque quiere darle prioridad, pero priorizar una no significa olvidar las demás.

Piensen en ese padre de familia divorciado, un tanto reservado, con una relación de odio y enfrentamiento con su exmujer, al que un día se le va la olla y asesina a sus propios hijos, sólo para hacer daño a la madre. Casos similares nos exponía nuestra profesora de psiquiatría forense y terminaba con la misma conclusión: ese hombre está reinsertado desde el momento inmediatamente posterior a su horrendo crimen. Ante nuestra expresión ojiplática, la buena doctora continuaba: ese hombre ha convertido la enemistad con su mujer, el odio que siente por ella, en el eje de su existencia y único motor de sus actos. Una vez consumado el delito, pierde la razón de ser de su vida, y por ello muchos tipos como éste se suicidan tras sus crímenes: no por arrepentimiento, sino por el insondable vacío que queda en su universo. Lo que está claro es que las circunstancias en las que se convirtió en un asesino, que son irrepetibles, han desaparecido. En todos los demás aspectos de su vida, era un ciudadano ejemplar, por lo que, en términos técnicos, su reinserción es completa.

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Rule 39 o la importancia de saber inglés

Los lectores habituales de “¡Protesto, señoría!” saben que soy más dado a la crítica que al halago. El mismo título de este blog hace referencia a que se trata de una llamada de atención sobre cosas que, desde mi humilde perspectiva de leguleyo, considero mal hechas. Sin embargo, nobleza obliga, hay que descubrirse ante los logros ajenos. Y en la causa que nos ocupa, sinceramente, el trabajo de los abogados de la defensa ha sido canela fina.

¿Que son las medidas cautelares? La Justicia es lenta. Todo el mundo lo sabe. En el caso español, los trámites procesales y la carencia de medios de la Administración de Justicia hacen que esa lentitud sea exasperante. En las charlas de café del trabajo, frecuentemente comentamos con estupor el llamado “Caso Madoff”, y es por dos aspectos: el sustantivo, que un estafador de altos vuelos fuera condenado a 150 años de prisión nos causa sorpresa, pues las penas que contempla la legislación penal española para los delitos económicos son, simplemente, de risa; desde el procesal, nos admira que un proceso de esa complejidad se sustanciara en, pásmense, seis meses.

En latín, hay una expresión que define lo que supone esta lentitud: periculum in mora, el peligro en la espera. Existe el riesgo de que la resolución judicial, cuando llegue, sea ineficaz, porque la realidad de las cosas se haya modificado de tal manera que el pronunciamiento del tribunal sea inútil. Por ejemplo, la sentencia que declare nula la demolición de una casa puede no servir para nada si, cuando se dicte, el edificio ya ha sido derribado.

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¿Quo vadis, Doctrina Parot?

Imagínense que, de pronto, una reforma del Código Penal considera delito llevar barba. Indudablemente, algunos miembros de la redacción de este medio tendrían serios problemas con la Justicia. Pero vayamos más lejos: imaginen que esta sanción penal trata de alcanzar incluso a quienes se la hayan afeitado para cumplir con la nueva norma. Sería castigar una conducta producida en el pasado, cuando no era delito, con arreglo a una norma del presente. Imagino que les parecerá una barbaridad, y perdón por el juego de palabras. En esto, reducido al absurdo, consiste la prohibición de retroactividad del Derecho Penal, uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho.

La normativa sobre delitos y faltas que regía durante las primeras décadas de nuestra democracia era notablemente blandita en sus penas. Es lógico, porque en tiempos del dictador, había “soluciones” más definitivas (y bestias) para los crímenes mayores: la pena de muerte. Eliminada la pena capital del ámbito de la Justicia ordinaria con la Constitución de 1978, el sistema quedó cojo, a la espera de un texto legal de nueva factura, que fuera más acorde con las necesidades de un régimen democrático. No obstante, y a pesar de la aplastante mayoría que sostuvo al Gobierno de Felipe González durante cuatro legislaturas, nuestro legislador se lo tomó con calma, y hasta 1995 no tuvo preparado el pomposamente llamado “Código Penal de la Democracia”.

Esta pachorra legislativa tuvo el “pequeño” inconveniente que les he comentado más arriba: la prohibición de retroactividad impedía usar el nuevo Código para los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, por lo que quedaron sometidos a la mutilada normativa franquista. ¿Y en que consistían las diferencias? Vamos a verlo.

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La Audiencia ha decidido...

Hace bien poco he tenido mi primera experiencia seria con un tribunal del jurado. Hasta el momento, había tenido algunos asuntos de los que se llevan por los trámites de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, de Tribunal del Jurado, pero habían terminado antes de llegar a juicio. Al igual que en el comienzo de Algunos hombres buenos, asuntos de diez minutos de negociación y dos semanas de papeleo. Bueno, algo más de dos semanas, que esto es España. O no. O qué sé yo.

Pero en este país, y películas aparte, no se puede llegar a una sentencia de conformidad cuando el delito enjuiciado conlleva una pena mínima superior a seis años de prisión. Así que, con homicidios consumados y asesinatos, hay que llegar a juicio. Con un jurado, salvo que la finalidad del autor fuera cometer otro delito de los no comprendidos en el catálogo de la Ley Orgánica, que determine la competencia de un tribunal profesional.

El primer trámite que marca la ley, una vez iniciada la fase de juicio oral, es el de selección de los miembros del tribunal, 36 candidatos escogidos de una lista previa, de los que han de quedar nueve titulares y dos suplentes. Tras un sorteo inicial, a los agraciados se les hace una serie de preguntas, bastante estereotipadas, para indagar si son idóneos, y después las partes pueden recusar libremente hasta a cuatro de ellos. Porque los consideran demasiado predispuestos a absolver, o a condenar, según sea el signo de quien recusa. Generalmente, se comienza preguntando si han tenido conocimiento del caso por los medios de comunicación, ya que este tipo de juicios son carne de titular. Es decir, si se han formado ya una opinión sobre el caso, si están “contaminados”.

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Faltan las faltas

Llevan unas semanas resonando por Internet, y también por los medios tradicionales, preocupantes noticias sobre la redacción del proyecto de ley de reforma del Código Penal que el Gobierno ha presentado para ser debatido en el Congreso de los Diputados. Bonito circunloquio éste que, trasladado al mundo real, significa que será aprobado por aplicación del rodillo de la mayoría absoluta.

Y no, hoy no vengo a decirles que las noticias que han leído son alarmistas o exageradas.

Me voy a centrar en algo que ha pasado un poco de puntillas, porque no es cosa que dé para grandes titulares. No hablamos de crímenes capitales como el homicidio, la violación o descargarse películas de Internet (modo irónico activado), sino de un pequeño apartado del Código Penal. Se llamaba “Libro Tercero” y hablaba de las faltas.

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Papelón judicial

Una de las noticias relevantes de los últimos días es la orden de detención internacional que ha emitido un órgano judicial de la República Argentina, respecto de varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas, que estaban en activo durante la dictadura franquista. La acusación que pesa contra ellos es por haber cometido torturas contra disidentes políticos en tiempos de la ominosa Brigada Político Social. La finalidad última de la orden de detención sería poder solicitar su extradición a Argentina para ser juzgados.

Lo que me llama la atención es cómo pueden complicarse extraordinariamente las cosas en Derecho, máxime en una rama corta en textos normativos como el Penal, que siempre ha soportado el desdén de especialistas en disciplinas de mucho más nivel, Maribel, que la tienen más grande. La normativa, digo. Léase aquí Derecho Administrativo, inabarcable disciplina del llorado García Enterría, con unas dimensiones que desafían la capacidad de la borgiana biblioteca de Babel.

En esta ocasión, volviendo al tema que nos ocupa, son varios los problemas que se suscitan, y no pequeños precisamente. Para empezar, tenemos la extradición. La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, regula aquellos casos en los que es España el país que recibe una petición de extradición por parte de autoridades extranjeras. En su primer artículo, esta ley excluye de su aplicación aquellos casos en los que haya un tratado internacional de por medio. Y éste es el supuesto, pues la República Argentina suscribió un tratado de extradición con el Reino de España en 1987. Ese tratado, a pesar de la existencia de convenios multilaterales posteriores, como el de Argentina, España, Brasil y Portugal, de 3 de noviembre de 2010, sigue en vigor. Y en el mismo se establece que cada uno de los dos países puede extraditar a sus propios nacionales, lo que supone una excepción a lo previsto en la ley española, que no permite habitualmente la extradición de españoles. Prevalece el tratado sobre la ley, como hemos dicho.

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Excusatio non petita

Mucho se ha hablado, y mucho más se hablará, sobre la figura del aforamiento de determinadas personas, entendido como esa especialidad procesal consistente en que sólo puedan ser enjuiciadas por determinados tribunales.

Últimamente he leído muchas opiniones contrarias a esta figura. Unos la consideran un privilegio injustificado, incompatible con el principio constitucional de igualdad. Otros entienden que lleva a embarullar y complicar en exceso causas que, ya de por sí, son suficientemente complejas. También hay quien sospecha de que pueda usarse la presencia de un aforado para apartar una causa de un juez instructor especialmente pejiguero.

Yo, como siempre, prefiero limitarme a tratar de explicarles de donde viene esto, y para que sirve. Que luego la cosa haya degenerado bastante es harina de otro costal. Vamos con ello...

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De palacetes, embargos y compradores rusos

Piscina del 'palacete de Pedralbes' / barcelonarent.info

Una de las noticias de esta semana pasada ha sido la aparición del famoso “palacete de Pedralbes”, finca titularidad de los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en un portal de compraventa inmobiliaria.

El lado cotilla-morboso del asunto ha sido el repaso al reportaje fotográfico con el que la mansión se oferta al posible comprador ruso, aspecto en el que se ha quedado buena parte de nuestra prensa.

No obstante, numerosos juristas han enarcado una ceja, yendo al trasfondo económico-jurídico del asunto. Como todo el mundo sabe, Iñaki Urdangarin está implicado en una célebre causa penal, en la que se le imputan numerosos delitos, con elevadas responsabilidades pecuniarias, unos 8,2 millones de euros. Ello ha conducido a que, en su momento, el juez estableciese una elevada fianza, que posteriormente fue parcialmente reducida, al restar la Audiencia la parte correspondiente al IVA ingresado en las arcas de la Hacienda Pública.

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Lo normal

22 Comentarios

La última noticia que tenemos sobre esta causa es, cuando menos, descorazonadora. Me refiero a los tan traídos y llevados ordenadores portátiles que habría utilizado el extesorero del Partido Popular, y que fueron reclamados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Como todavía no hay mucha información al respecto, me voy a limitar a explicarles un supuesto normal, de manual, de incautación de evidencia en soporte digital, para que tengan un término de comparación con lo que está sucediendo en la Audiencia Nacional.

Si atendemos a la estadística anual de la Fiscalía General del Estado, los delitos informáticos más habituales son las estafas y los relacionados con la pornografía infantil. No obstante, las estafas más comunes a través de Internet suelen dejar escaso material probatorio en forma de ordenadores, discos duros u otros soportes de almacenamiento de datos. Al contrario, la práctica totalidad de la prueba de cargo en un caso de pornografía infantil, sea de distribución, de elaboración o de mera tenencia, es el material informático incautado al imputado.

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Consecuencias inesperadas

Saben ustedes de sobra que Madrid está convertido últimamente en un manifestódromo, en el que las protestas contra distintas decisiones del Gobierno, sea central, autonómico o municipal, se ven prácticamente a diario. Saben igualmente que la Delegación del Gobierno central en la Comunidad Autónoma de Madrid, responsable de la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad en dicho territorio, se ha puesto muchísimo más severa que en la anterior legislatura. Tan severa, que se ha pasado de frenada en muchas ocasiones, bien por la vertiente jurídico-formal, bien por la dolorosamente material. Por vertiente material me refiero al uso de la fuerza para disolver concentraciones que, en ese momento, eran mayoritariamente pacíficas. En cuanto a lo jurídico-formal, viene por el uso perverso de la legislación relativa al derecho de reunión, y la que regula la seguridad ciudadana. Digo que es un uso perverso porque, donde la ley concede un derecho no sujeto a restricciones previas, y que sólo puede ser limitado por causas graves y muy concretas, la interpretación gubernativa pretende dar la vuelta a la tortilla y transformarlo en algo acotado a priori, que sólo puede ser ejercido previa autorización.

Ya lo comentábamos otro día, a cuenta del derecho de reunión, del que la Constitución dice bien clarito que no está sometido a autorización previa. Sin embargo, cuando la reunión pública supone ocupación de la vía pública, la manifestación debe comunicarse a la autoridad competente, la Delegación del Gobierno. Ahora bien, tal y como explicábamos en aquella ocasión, aquel que se atreva a firmar dicha comunicación se arriesga a que le empaqueten por cualquier disturbio que se haya producido en la zona de la manifestación. Aunque fuera uno que pasaba por allí. Aunque se trate de personas claramente ajenas a la organización de la manifestación, cuando no frontalmente opuestos a la finalidad de la misma. Por ello, nos encontramos en un círculo vicioso en el que, sí o sí, la Administración va a sancionar a alguien. El caso es amedrentar.

El caso es que, en realidad, estas sanciones demuestran que el Leviatán estatal es un gigante con los pies de barro. ¿Recuerdan esta noticia? Muchos se dieron golpes de orgullo en el pecho, al entender que un juzgado de Madrid avalaba la legitimidad de las protestas, y le daba un “zas, en toda la boca” a la Delegación del Gobierno.

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