Amparo Díaz, abogada de una de las profesoras acosadas por el exdecano de Educación: “La sentencia confirma una estructura de abuso de poder”
El juzgado ha reducido de siete años y nueve meses a dos años y nueve meses de cárcel la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número dos al ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, Santiago Romero. A pesar de la reducción notable de la condena, Amparo Díaz, abogada defensora de una de las profesoras acosadas, mira el vaso medio lleno y valora que la sentencia de la Audiencia “confirma los hechos probados”, “confirma que hubo abusos”. Y eso es “muy importante” porque “este señor ha dicho que todo era una invención, que era un relato fantasioso”.
“Los hechos están marcados y son los que son”, explica Díaz como una cuestión que considera “fundamental”. Y los hechos son que “al menos desde el año 2006, y en relación siquiera a las aquí denunciantes, el acusado vino realizando ostentación de su poder académico desde un primer momento, dejando claro a las mismas que él era quien mandaba en el Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación (...) viniendo a transmitir que aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas”, según explica la nueva sentencia. También reconoce el documento que fue necesaria “la cooperación de otros miembros del personal docente y PAS de la Facultad” y , sin duda, admite que “desde mediados del año 2006 y hasta mediados del año 2010 el acusado, con ánimo libidinoso, realizó diversos tocamientos inconsentidos a víctima 1, víctima 2 y víctima 3”. Esta sentencia, afirma Díaz tajante, retrata “una estructura de abuso” y “conductas de presión”. Lo que también reconoce Díaz es que el tribunal ha hecho “la interpretación más favorable para rebajar al máximo la pena”. De hecho, las lesiones psicológicas las han incluido dentro del delito del abuso sexual y la nueva sentencia reconoce el retraso como atenuante. “Ese atenuante está pensado para los delincuentes que, durante el desarrollo del proceso, han cambiado de forma de vida. Pero en este caso no tiene ni pies ni cabeza”, dice la abogada. No obstante, “la legislación lo permite”.
Pero esto es “la pescadilla que se muerde la cola: no hay recursos suficientes y se incurre en la dilación, y después se usa ese retraso como atenuante”. “En esta materia sucede mucho en los delitos continuados -avisa Díaz-. O se resuelven muy rápido con escasa investigación o se abre investigación pero tarda una barbaridad”. Lo que tiene claro es que esta situación siempre “perjudica a las victimas sin duda”.
“No descartamos recurrir al Supremo”
Amparo Díaz no cree que el condenado entre en prisión ya que la condena “es la suma de varios delitos” aunque sí ha mantenido las indemnizaciones anteriores a las víctimas. Ahora existe la posibilidad de presentar un recurso extraordinario en el Tribunal Supremo, extremo que no “descarta”, aunque la decisión final será de su cliente.
E insiste Díaz en que la sentencia, pese a todo, es “trascendente”, porque describe esa estructura corrupta en la Universidad. “No hay pruebas penales de la cooperación de otros” en el abuso, pero Díaz considera que la Universidad de Sevilla, además de suspender al decano, debería abrir una investigación interna para desentrañar ese sistema abusivo. “La universidad debería hacer algo”.
