Un año sin “plenos” en los barrios de Sevilla: “Los canales de participación ciudadana están paralizados”

Los vecinos de Sevilla llevan un año sin poder presentar propuestas de mejora en sus barrios porque los órganos de participación están “paralizados”. Las juntas municipales de distrito –“pequeños plenos” donde se debaten cuestiones relevantes de cada barrio– se convocaron por última vez en abril de 2023, un mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales del 28M en las que el PP de José Luis Sanz arrebató la Alcaldía al PSOE.

“Cuando se crea una nueva corporación, suele tardar algo más en ponerse a funcionar, pero este retraso ya no se entiende”, explica José María Algora, presidente de la Asociación Familiar La Oliva. Esta entidad vecinal con más de 50 años de historia lleva participando en las juntas municipales del Distrito Sur desde que se constituyeron por primera vez, y sus integrantes aseguran que nunca antes se había demorado tanto la puesta en marcha de estos órganos, a través de los cuales los colectivos sociales y vecinales participan de la política municipal y canalizan sus propuestas.

El equipo de José Luis Sanz achaca la “pequeña demora” al hackeo informático que sufrió el Ayuntamiento en septiembre, retrasando trámites y procedimientos como la inscripción de las organizaciones interesadas en formar parte de estos órganos participativos en cada distrito. Sin embargo, sorteado el escollo del ciberataque y tras constituirse formalmente el pasado 17 de enero los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana (paso previo a configurar las juntas municipales), vecinos y grupos de la oposición de la bancada de la izquierda consideran que “ya no hay excusa que justifique que no se hayan convocado todavía”, como resume Susana Hornillo, concejala y portavoz de Podemos Sevilla.

En manos del área de Participación Ciudadana

En enero, el gobierno de José Luis Sanz (PP) calificó la constitución de los consejos territoriales como el “inicio del funcionamiento” de estos órganos reglados de participación ciudadana durante el mandato 2023-2027. Pero, casi cuatro meses después, las juntas municipales (el siguiente paso) “ni están ni se les espera”, como lamenta José María Algora. “El pistoletazo de salida se dio en enero y, a partir de ahí, un mes es suficiente para convocar a los consejos y crear las juntas municipales, no tiene ningún sentido que estando en abril no tengamos nada”, recrimina uno de los representantes de las 482 entidades que van a conformar esos once órganos de participación ciudadana (uno por distrito).

El procedimiento establecido dicta que “hasta que el Consejo de Participación no convoque la votación para designar a los representantes de las juntas municipales de distrito, no se puede celebrar la primera sesión”, algo que corresponde al área de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, cuyo delegado responsable es Juan Bueno (PP), tal y como recuerda el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

De acuerdo con el reglamento que las regula, las juntas municipales son “órganos colegiados de gestión desconcentrada que impulsan y sirven de cauce a la participación de los vecinos/as en el gobierno de la ciudad y actúan como un instrumento esencial en la eficacia de los servicios públicos que gestionan en su ámbito territorial”. Por ende, un año sin juntas municipales se traduce en 12 meses “sin tener el órgano de participación de las entidades sociales en su distrito, sin poder llevar preguntas, ni propuestas”, como denuncia el edil del PSOE, quien considera que se está “cercenando la participación ciudadana de manera deliberada” porque “tiempo han tenido”.

Más allá de la anécdota

El grupo socialista, el principal partido de la oposición en el pleno del Ayuntamiento hispalense, planteó esta cuestión en la última Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno celebrada el pasado mes de marzo. También la formación que encabeza Susana Hornillo va a preguntar por ese retraso en la próxima sesión de control, prevista para el viernes 12 de abril, como adelanta la portavoz de Podemos Sevilla a este periódico.

Ambos partidos coinciden en afirmar que esta inusual demora “no es anecdótica”, sino “una muestra más del modus operandi que tiene el PP de gobernar de espaldas a los vecinos”. Con esta afirmación, Susana Hornillo alude a otros episodios en los que, a su juicio, se ha puesto de manifiesto que los populares “gobiernan sin escuchar a nadie”. “En el tema de la ordenanza de veladores no han tenido en cuenta las alegaciones de los vecinos, y tampoco han considerado sus reivindicaciones respecto a la recogida de la basura neumática”, arguye en ese sentido Hornillo, quien ha sido también representante de las juntas municipales en el Distrito Macarena.

En línea similar, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón defiende que la paralización de los órganos de distrito responde a “una estrategia deliberada de mermar la participación ciudadana en la política municipal”. Para argumentar su postura, señala que, además de las juntas municipales, desde la llegada del PP a la Alcaldía de Sevilla hay otros órganos de participación ciudadana que siguen sin constituirse, como “los consejos de Memoria Democrática o de Bienestar Animal”.

Freno a la política de barrio

Por otro lado, los socialistas reprochan también que desde su constitución, el gobierno de Sanz “no ha vuelto a convocar al Consejo Escolar ni al Consejo Municipal de la Mujer ni al Consejo LGTBI” y esté optando por vías “paralelas” para reunirse con los colectivos. “Así sacan de la ecuación a los partidos políticos a costa de socavar órganos reglados”, replica Juan Tomás de Aragón, aludiendo al caso concreto de las juntas municipales de distrito, integradas por formaciones políticas además de entidades sociales y vecinos.

A este respecto, el presidente de la Asociación Familiar La Oliva reconoce que “el procedimiento ha cambiado” desde que se disolvieron los órganos colegiados hace ahora un año: “En estos momentos mandamos nuestras demandas a la dirección del distrito, pero lo que hace que un gobierno funcione es que haya juntas municipales donde se llevan propuestas, se aprueban con el apoyo de los partidos políticos y eso queda por escrito como una obligación para los gestores; al no hacerlo así, nuestras peticiones no tienen ese peso”.

En palabras de Susana Hornillo, “las juntas municipales son pequeños plenos donde entidades y vecinos pueden presentar preguntas y mociones, haciendo un ejercicio muy interesante de política de barrio, en el que la gente participa y se vincula con la política cercana, otra cosa es que sean efectivas, lo que se aprueba no siempre se cumple”.

Por esta razón, la también representante de Podemos en el Distrito Macarena acusa al PP de querer “centralizarlo todo frenando la participación de la gente”, aún gobernando en minoría. “Las juntas municipales son focos de debates y de posibles conflictos a ojos del PP, que no quiere dialogar con la oposición ni hablar con la gente”, apostilla.

De su lado, para el grupo municipal socialista, “el primer eslabón de esta estrategia fue provocar una desmovilización de las entidades”, ya que en 2019 los Consejos de Participación contaron con 647 entidades participantes y, este ejercicio –tras un retraso de varios meses en constituirse– se ha registrado un 26 % menos, según datos del PSOE.

“¿Qué falta?”

Si bien desde el gobierno municipal se niega rotundamente que “se esté haciendo adrede”, la demora en la constitución de las juntas municipales de distrito ha derivado en un desconcierto y malestar generalizado entre los vecinos que llevan meses esperando la configuración de esos espacios, donde pueden debatir sobre las cuestiones que importan a los barrios. “Llevamos meses parados, los vecinos no podemos presentar propuestas ni nada porque nuestros canales de participación están cortados”, deplora en sentido similar José María Estévez, presidente de otra asociación de vecinos en la barriada de Getsemaní.

Tanto PSOE como Podemos temen que, a tenor de los plazos administrativos, las juntas municipales no se convoquen hasta las puertas del verano, ralentizando todavía más su puesta en funcionamiento. Por todo ello, Susana Hornillo se pregunta lo mismo que las 482 entidades que se han presentado este año para representar los problemas de los barrios: “Todas las personas están nombradas, ¿qué falta? No tiene sentido”.