El Gobierno andaluz quiere dejar en manos privadas tres cuartas partes de una vía pecuaria en un pueblo de Sevilla

La Junta de Andalucía propone el deslinde de la vía pecuaria Vereda de Salteras en el término municipal de Guillena que incluye una reducción de hasta el 73% de los terrenos que históricamente ocupa, así como la modificación de su trazado para superponerlo al del antiguo tren minero de Cala. La iniciativa supone que las fincas privadas que actualmente ocupan este bien de dominio público no tengan que restituir el terreno del trazado original de la vereda, y se ampara en el Proyecto de Clasificación de 1956, como explica Juan Antonio Morales, de Ecologistas en Acción y presidente de la Asociación de defensa del Territorio del Aljarafe.

El proyecto de deslinde que han validado Inmaculada Ortiz y José Gallardo, responsables del departamento de Vías Pecuarias de la Consejería de Sostenibilidad, prevé reducir en un 73% la anchura original de esta vía pecuaria. Pasaría de los 37,5 metros de ancho reconocidos históricamente a 10 metros. El expediente VP/00915/2021, por el que el Gobierno andaluz aborda con recursos públicos el deslinde de la Vereda de Salteras, propone un trazado no coincidente con la clasificación de esta vía pecuaria reflejada en la Orden Ministerial de 1956.

La abundante base legal que existe del trazado original de esta vía pecuaria reconoce la existencia de hasta tres bienes de dominio público en el mismo entorno de diferente titularidad. De un lado, la vía pecuaria que proponen deslindar, competencia de la Junta; de otro lado, el camino municipal o vecinal de Guillena a Santiponce, como aparece en la planimetría de 1870, competencia de los ayuntamientos; y por último, la plataforma del ferrocarril de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache, que entró en funcionamiento en el año 1905 y es de competencia estatal desde que el viejo tren dejó de funcionar y los terrenos se devolvieron al Estado.

Un nuevo trazado a 200 metros del original

Como ocurre en otros caminos públicos, el camino vecinal de Guillena a Santiponce va superpuesto con el trazado original de la vía pecuaria, que tiene una doble función: como camino público y como vía pecuaria (es decir, camino de trashumancia). Los registros de clasificación de 1956 lo corroboran. Esta ruta forma parte, además, del Camino de Santiago en la provincia de Sevilla por la Vía de la Plata.

El nuevo trazado propuesto en el deslinde se aleja 200 metros de la vía pecuaria original y toma como eje la plataforma del tren minero. En planos de 1873 se identifica el Camino de Santiponce; en mapas de 1918 aparece ya referenciado el ferrocarril inaugurado en 1905; en 1918 la planimetría muestra las distancias entre ambos trazados, al igual que en el año 1956. A partir de 1977, los vuelos fotográficos permiten observar cómo la vía pecuaria empieza a ser invadida por fincas privadas.

Las funciones de plataforma ferroviaria y vía pecuaria son incompatibles, por lo que, en contra de la tesis de la Junta, no pudieron coincidir nunca. Así lo demuestra el Catastro, donde la parcela del ferrocarril está identificada como 41049A00709010 y no pertenece a la Junta de Andalucía sino al Estado. La Junta ha obviado en la tramitación del expediente la alusión a la competencia estatal de los terrenos donde quiere reubicar la vereda.

Caminos de libre tránsito

Las vías pecuarias son rutas tradicionales para los movimientos estacionales del ganado protegidos desde al menos el siglo XIII con la creación del 'Honrado Concejo de la Mesta' por el Rey Alfonso X. Hay más de 35.500 kilómetros de vías pecuarias en Andalucía y sobre sus trazados se debe garantizar el derecho al libre tránsito de la ciudadanía. Con el éxodo del área rural, agricultores y terceras personas o sociedades privadas han ido usurpando de forma privativa estas vías. En el caso de la Vereda de Salteras, según los datos de la Junta de Andalucía, el 70% de su superficie ha sido ocupada.

Pero la respuesta del Gobierno andaluz traza una nueva ruta reducida y sobre la plataforma del antiguo ferrocarril para la Vereda de Salteras. La iniciativa no supone descontar a las fincas privadas los terrenos usurpados del trazado original de la vía pecuaria, sino que sitúa la mayor parte del trazado propuesto sobre el tren minero, de titularidad del Estado, y descarga a las fincas privadas de su obligación legal de restituir la superficie ocupada de manera irregular.

Alegaciones al plan

Ecologistas en Acción, Asedeca y la Asociación Andalus han alegado el expediente de deslinde para tratar de frenar la decisión del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Aseguran que han detectado en el expediente “irregularidades” porque “se favorece a los intereses de las fincas usurpadoras de las vías pecuarias y los caminos públicos, que son bienes de dominio público inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme a la Constitución Española”. Desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul se indica a este medio que “el proceso está abierto” y que “obviamente” se estudiarán las alegaciones presentadas al respecto.

Los agentes sociales recuerdan que la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, “por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa desafectación” permite la modificación de trazados “siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquel”.

El Plan de recuperación y ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía contempla tres usos para las vías pecuarias: el tradicional ligado al tránsito ganadero y agrícola, el turístico-recreativo, relativo al “turismo rural”, y el ecológico, como enlace de espacios protegidos, generadores de biodiversidad y corredores de fauna y flora.

Los colectivos reclaman al Gobierno andaluz que recupere los terrenos de la vía pecuaria en su trazado y anchura originales y garantice su protección y preservación como terrenos forestales “por medio del artículo 5 de la Ley de Montes”, que los define como “todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativa”.

El trazado del ferrocarril, “en peligro”

La protección del terreno “sobrante” que la Junta pretende restar a la vía pecuaria, un 73% de su superficie actual, “es especialmente importante en una zona cuyos terrenos agrícolas están degradados por el uso de fitosanitarios, las poblaciones de insectos y pájaros están en declive, nuevas actividades industriales están ejerciendo una presión constante a los ecosistemas naturales que además, junto con el cambio climático, amenazan el agua superficial y subterránea”, alegan los agentes sociales.

“El solapamiento de propuesto ancho necesario de la vía pecuaria y el trazado del ferrocarril pondría en peligro las características de los elementos constructivos, trincheras, taludes, tajeas, pontones y construcciones como casillas, que hacen de este ferrocarril un verdadero patrimonio ferroviario digno de conservar y poner en valor, y cuya protección como Bien de Interés Cultural viene siendo solicitada por diferentes asociaciones defensoras del patrimonio arqueológico industrial”, lamentan desde las asociaciones en sus alegaciones elevadas a Medio Ambiente.

La responsabilidad municipal

Los colectivos recuerdan también a los ayuntamientos la obligación de realizar y mantener actualizado el Inventario de Caminos Públicos conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 que establece la creación del Inventario de sus bienes y derechos, incluyendo las vías públicas y los caminos municipales y vecinales.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 obliga a los ayuntamientos a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar con suficiente detalle las menciones necesarias para su identificación y las que resulten para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados. Este texto legislativo fijó un plazo de cinco años, hasta 2008, para que las entidades locales hicieran efectiva la inscripción en Registro de sus bienes patrimoniales, incluyendo los caminos públicos de naturaleza vecinal-municipal.