Exigen justicia y la cancelación de los comicios medio año después de las desapariciones de Iguala

Al cumplirse seis meses de la desaparición de 43 estudiantes en México, familiares de las víctimas advirtieron que no permitirán la realización de comicios en el estado de Guerrero, mientras la Fiscalía defendió su “investigación transparente” del caso.

Los padres de los desaparecidos encabezaron este jueves diversos actos de protesta, incluyendo un mitin en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México, donde una delegación de familiares se reunió con miembros del Consejo General del organismo.

En el encuentro, los padres de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa entregaron un documento en que plantean una serie de “peticiones que no solamente se resumen en no (celebración de) elecciones” en el estado sureño de Guerrero, dijo a Efe un portavoz del INE.

Los familiares presentaron propuestas como elecciones por usos y costumbres, una figura incluida en la legislación mexicana para las regiones indígenas y que prevé la votación por mano alzada o a través de marcar el respaldo a un aspirante en un pizarrón.

Además, plantearon “gobiernos populares”, señaló la fuente, que dijo que los consejeros electorales “reconocieron la voluntad de diálogo de los padres y del movimiento”, así como su demanda de justicia y castigo para los responsables de la desaparición.

Las consejeros dijeron “que iban a analizar las peticiones” para “dar una respuesta por escrito más adelante”, añadió sin precisar la fecha.

El abogado Isidoro Vicario, del centro de derechos humanos Tlachinollan, que apoya a los padres, recordó que las autoridades del municipio de Iguala (Guerrero) estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 jóvenes.

La noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un tiradero de basura en el municipio vecino de Cocula, de acuerdo con la investigación oficial.

El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido en noviembre pasado y está sometido a proceso penal como presunto autor intelectual de la agresión a los jóvenes.

Vicario declaró a la prensa que el texto entregado al INE pretende “exponer” por qué no hay condiciones para que sean elegidas las autoridades de Guerrero.

El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero.

Los padres de los jóvenes no creen la versión de la Fiscalía sobre el caso y exigen la búsqueda de los estudiantes con vida, así como la apertura de una línea de investigación sobre el papel de las fuerzas federales en los hechos de Iguala, en los que también murieron seis personas y 25 más resultaron heridas.

“Han sido seis meses de dolor y movimiento, seis meses sin encontrar a nuestros hijos; no es nada sencillo”, declaró a su vez Melitón Ortega, portavoz de los padres, ante un centenar de manifestantes concentrados en las instalaciones del INE.

Por su parte, los consejeros electorales “hicieron patente su respaldo y solidaridad a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y expresaron su identificación con el dolor, la indignación y la exigencia de justicia”, indicó un comunicado del INE.

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, “explicó la importancia de la protesta y la manifestación social como un derecho político que es compatible siempre con la realización de elecciones genuinas”, añadió el boletín.

Los familiares encabezaron más tarde una manifestación en la que miles de mexicanos marcharon del Ángel de la Independencia, símbolo de la Ciudad de México, hasta el Monumento de la Revolución para recordar a los desaparecidos y exigir justicia.

Los manifestantes corearon consignas contra el Gobierno, mostraron carteles de inconformidad y con gestos de dolor pidieron el regreso con vida de los estudiantes.

Una muchacha con el rostro cubierto expuso que tiene el derecho de mantener su identidad en reserva para protegerse de represalias.

“Si los mataron a ellos, pueden hacerlo conmigo. Tengo derecho al anonimato y por eso me cubro el rostro con este pañuelo morado”, dijo a Efe la joven de 19 años, estudiante de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) reiteró que “ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho” sobre la desaparición.

Destacó que hasta ahora ha detenido a 104 personas, 48 de ellas policías de Iguala, 16 agentes municipales de Cocula y 40 miembros del cártel de Guerreros Unidos, y aún tiene que cumplir nueve órdenes de aprehensión.

“A seis meses de este lamentable suceso, las instituciones del Gobierno de la República no han cesado en su compromiso por detener al resto de los probables responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia”, acotó.