Interior mantiene los vuelos de repatriación de inmigrantes desde los CIE

El Ministerio del Interior mantiene los vuelos de repatriación de los inmigrantes en situación irregular internos en los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a los países que aún no hayan vetado los trayectos aéreos con origen España por la expansión del coronavirus.

Así han informado a Efe fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han recordado que el tiempo máximo de permanencia en uno de estos centros por orden de un juez es de 60 días; pasado ese plazo, los internos cuya deportación no haya podido ser efectiva son puestos en libertad.

Desde que se decretara el estado de alarma, multitud de organizaciones han venido reclamando distintas medidas, que van desde la clausura inmediata de estas instalaciones y la puesta en libertad de los internos a la paralización de nuevos ingresos y de las deportaciones porque lo contrario, con el avance del coronavirus en nuestro país, sería de una “gran irresponsabilidad política”.

ONG y asociaciones sostienen que si la función de los CIE es la retención cautelar de las personas en situación irregular a efectos de estar localizadas para su expulsión, “es improcedente” mantenerles recluidos si la deportación no debe ni puede realizarse.

Y a ello se añaden las propias condiciones de los centros, en los que la falta de higiene y el hacinamiento, dicen, los convierte en focos de contagio.

De momento, el Ministerio ha habilitado una sala, dos en el caso del de Aluche, vacía e higienizada, por si llegara a producirse un caso sospechoso de contagio, y ha restringido las visitas a las mínimas imprescindibles.

Lo que no contempla por el momento es suspender los vuelos de repatriación a aquellos países que aún no hayan vetado los procedentes de España.

Muchos de ellos acaban en Mauritania en virtud de un acuerdo bilateral en vigor que permite expulsar hacia ese país magrebí a inmigrantes de terceros países que hubieran llegado a España desde su territorio.

Sin embargo, según han denunciado varias ONG y el propio Defensor del Pueblo, lo cierto es que terminan su viaje en Mali o Senegal gracias a sendos convenios similares al anterior.