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Con advertencia y sin sabores: Sanidad impone al tabaco calentado las mismas normas que a los cigarrillos tradicionales

Philip Morris mantiene firme su apuesta por el tabaco calentado sin humo

David Noriega

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No podrán ser de sabores y deberán contener una advertencia sobre los peligros de su uso para la salud. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la equiparación del tabaco calentado a los cigarrillos convencionales, a través de un Real Decreto que regula aspectos relativos a la fabricación, la presentación y la comercialización de estos productos de tabaco procesado sin combustión.

Según el Plan Nacional Sobre Drogas, el consumo de este producto, cuya venta ya está prohibida a los menores, en en los mismos espacios que los cigarrillos convencionales y que no se pueden anunciar, salvo en puntos de venta, tiene efectos nocivos para la salud, tanto de los usuarios como de las personas a su alrededor y generan adicción.

Con el Real Decreto aprobado este martes, el Consejo de Ministros amplía la prohibición de comercializar productos del tabaco y de sus componentes con aroma, algo que ya ocurría con los cigarrillos tradicionales y deberán incluir un mensaje informativo y con las advertencias sanitarias. Así, los usuarios serán avisados de que “el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas” y verán fotografías a color, como las de las cajetillas convencionales.

El aumento del consumo de tabaco calentado, que no necesita combustión, había crecido exponencialmente en los últimos años. Según un informe de la Secretaría de Estado de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública, publicado en 2022 y con datos del Comisionado del Mercado de Tabacos, las ventas anuales de cigarrillos para este uso habían pasado en España de 419.942 en enero de 2017 a 4,2 millones en julio de 2018. Una “rápida introducción en el mercado de estos productos” que “tiene diversas implicaciones de salud pública, pudiendo favorecer modificaciones en los patrones” e, “incluso, incorporar nuevos consumidores o la pérdida de oportunidad para el abandono del consumo en fumadores, así como una marcha atrás en la desnormalización del tabaco conseguida hasta ahora”.

Según la última encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), en 2023, el 54,5% de los adolescentes había usado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida. El 17,6% de los chicos lo había hecho con nicotina y el 28,5%, con nicotina y cannabis. En el caso de las chicas, habían sido el 25,2% y el 26,2% respectivamente. En 2014, solo habían admitido haberlo probado el 17%, tres veces menos.

Ese documento ya reconocía, hace más de un año y medio, que “al tratarse de productos del tabaco, les resulta aplicable la regulación específica referente a la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco” y que “no hay evidencia suficiente para afirmar que sean menos nocivos para la salud”. Además, señalaba que así se había reflejado también en una Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada en febrero de 2018.

La medida responde a una trasposición de la Directiva Europea sobre la retirada de determinas excepciones aplicables a los productos de tabaco calentado. En ese texto, de 29 de junio de 2022, el Parlamento y el Consejo Europeo ya advertían que tomaban esta decisión “en la medida que se trata de productos del tabaco para fumar”. La norma se hará efectiva en España a los tres meses de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado.

Estas medidas no incluyen a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, con los que se calienta un líquido para producir un aerosol que los usuarios inhalan y que puede contener nicotina u otras sustancias, además de saborizantes y aditivos. Por el momento, el Ministerio de Sanidad está estudiando cómo regular estos dispositivos, que desde la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo quieren que estén sometidos a las mismas normas que el tabaco, al considerar que es una forma de entrada a la adicción.

La ministra Mónica García anunció en diciembre que tenía la intención de recuperar el plan que prohíbe fumar en terrazas y garantizó “una regulación precisa” de los vapeadores, con el foco puesto en “la salud y en los menores”.

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