Siete preguntas para entender lo que va a pasar con la reforma del aborto

Antes de que acabe el año el Gobierno aprobará el borrador de una nueva legislación sobre el aborto. Al menos así lo han afirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Después de sucesivos retrasos todo indica que el Consejo de Ministros aprobará el texto este viernes, despejando muchas incógnitas en torno a un proyecto que desde el primer momento ha estado rodeado de críticas y polémica. A continuación enumeramos las razones, la controversia y el contexto en el que llega la tercera legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo de la democracia. Cinco claves para entender qué ha pasado con el aborto y qué puede pasar.

1. ¿Cuántas veces se ha reformado la ley?

La primera legislación sobre el aborto entró en vigor en 1985, durante el primer Gobierno del socialista Felipe González. Entonces el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la legislación que el Congreso de los Diputados había aprobado dos años antes. Se trataba de una ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o salud de la mujer (sin plazo y con un dictamen médico que lo certificara), malformación fetal (hasta la semana 22 de gestación) y por violación (hasta las 12 semanas). La ley estuvo en vigor 25 años, incluso durante los ocho años de Gobierno de Partido Popular con José María Aznar como presidente.

En 2007, tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió en Madrid el que se conoció como Caso Isadora, en el que 25 mujeres, usuarias de la clínica del mismo nombre, fueron llamadas a declarar en una investigación sobre supuestas irregularidades. El caso se convirtió en el detonante para elaborar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2010, apenas seis meses después de que un juez cerrara el Caso Isadora por ausencia “del más mínimo indicio de delito”. Apenas un mes después de la aprobación de la ley, el PP presentó al Tribunal Constitucional un recurso contra ella que aún está pendiente de resolverse.

2. ¿Qué cambió la ley de Zapatero?

La ley actual reconoce el derecho a la “maternidad libremente decidida”, es decir, garantiza que las mujeres puedan decidir por sí mismas ser madres o no. Por ello establece que las gestantes pueden interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas sin necesidad de justificar su decisión. También pueden hacerlo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un comité clínico debe justificar que existen anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable.

Establece, además, que las chicas de 16 y 17 años que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que provoque una situación de desarraigo o desamparo. Es uno de los puntos más polémicos de la ley, aunque en la práctica se ha demostrado que en la gran mayoría de los casos las menores acuden a abortar con sus padres. Según un estudio realizado en 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las chicas que acudieron a los centros acompañadas de sus tutores legales. El resto, 151, alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o chicas que estaban emancipadas y cuyos padres vivían en otros países.

La ley en vigor también contempla medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la garantía en el acceso a métodos anticonceptivos.

3. ¿Era una promesa electoral del PP?

En el programa electoral con el que el PP ganó las pasadas elecciones generales figura, dentro del apartado dedicado a la familia, que cambiarán “el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como a las menores”. Es la única mención que se hace a la legislación en todo el programa. A los pocos meses de llegar al poder quedó claro que el departamento de Justicia y no el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaboraría la reforma. Es un cambio significativo si se tiene en cuenta que la ley de plazos se elaboró desde el desaparecido Ministerio de Igualdad. La oposición ha acusado al PP de “judicializar” el tema.

4. ¿Cuáles son los contenidos más polémicos de la reforma?

La aprobación del texto se ha retrasado varias veces y durante estos dos años el ministro de Justicia ha ido lanzando posibles medidas que podrían estar contenidas en el borrador acompañadas de declaraciones y afirmaciones que han suscitado enormes críticas, como cuando aseguró que las mujeres que abortan sufren violencia de género estructural. Parece claro que las jóvenes que 16 y 17 años estarán de nuevo obligadas en todos los casos a informar a sus padres o tutores si deciden interrumpir su embarazo. Se trata de una medida muy criticada por los expertos que, según afirman, pueden darse casos en los que la gestación sea consecuencia de una violación en el ámbito familiar y la joven deba dar cuenta de ello.

Lo que también parece claro es que la nueva legislación eliminará el plazo en el que la mujer decide abortar sin justificación alguna y se regresará a una ley de supuestos, parecida a la de 1985, que según critican asociaciones de mujeres y médicos, dejará de nuevo la puerta abierta a que tanto las usuarias como los profesionales sean objeto de denuncias. Lo que no está claro es quién será el encargado de decidir sobre los supuestos. Se ha especulado con un tribunal médico ad hoc o con que sean médicos de la red pública.

Otra de las propuestas que ha generado polémica es la que ha deslizado el titular de Justicia de eliminar el supuesto de aborto en caso de malformación fetal. Se trata de una minoría de los casos (apenas llegan al 3%). Es uno de los puntos que más debate interno ha generado en el Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno señalan que llevan tiempo buscando una fórmula para que en estos casos las mujeres pudieran alegar riesgo para su salud física o psíquica.

5. ¿La ley vigente fue aprobada sin consenso?

El ministro de Justicia ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno ha decidido reformar la ley de plazos porque, entre otras razones, fue aprobada sin consenso y sin apenas debate. Pero lo cierto es que a finales de 2009 la actual legislación fue aprobada en el Congreso con los 184 votos del PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CIU. En contra, votaron los 158 diputados del PP, UPN, Coalición Canaria, siete diputados de CIU y UPyD. La mayoría del arco parlamentario apoyó la nueva legislación.

Previamente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había creado un comité de expertos en materia sanitaria y judicial y se reunió con asociaciones de médicos, de mujeres, y organizaciones contrarias al aborto. Paralelamente, la Comisión de Igualdad del Parlamento creó una subcomisión en la que durante más de cinco meses cerca de 30 comparecientes propuestos por todos los grupos parlamentarios ofrecieron información en su ámbito de trabajo.

Por el contrario, nada se sabe del comité de expertos que ha elaborado el nuevo texto legislativo. Justicia tan solo ha mantenido una reunión con la Plataforma Nosotras Decidimos, que aglutina más de 200 entidades, entre asociaciones de mujeres, profesionales, sindicatos y partidos políticos, que rechazan el cambio legislativo, así como con las asociaciones que se oponen al aborto. En mayo el Congreso de los Diputados votó una moción que pedía al Gobierno que no reformara la ley de plazos y que esperara al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Quedó patente la soledad del PP con su proyecto: la moción fue rechazada con 172 votos, de PP, UPN y Foro por Asturias, frente a 135 votos a favor y 12 abstenciones.

6. ¿La reforma responde a la presión de la Iglesia?

Tras varios plazos incumplidos para la aprobación del borrador, el pasado abril el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, reclamaba al Gobierno la derogación de la actual legislación. Ese mismo día el ministro de Justicia anunciaba que la sustitución de la ley de plazos por una de supuestos era “inminente”. Dos días más tarde la Conferencia Episcopal redoblaba su presión con una campaña que incluía imágenes de fetos y que distribuyó en redes sociales y vallas publicitarias.

7. ¿Qué piden los grupos antiabortistas y los pro elección?

Desde el mismo momento en que Alberto Ruiz-Gallardón anunció, hace casi dos años, la elaboración de una nueva ley del aborto, la contestación pública ha sido constante por parte de asociaciones de mujeres, de profesionales, sociedades médicas, partidos políticos y sindicatos. Muchos de ellos, aglutinados en la Plataforma Nosotras Decidimos, han denunciado reiteradamente “el retroceso” que supone volver a una legislación de supuestos. Recientemente ACAI denunció con un vídeo -en el que mujeres que habían abortado contaban sus razones- que de aprobarse la reforma anunciada por Gallardón 100.000 mujeres quedarían excluidas de la prestación.

Los grupos ultracatólicos y contrarios al aborto en cualquier supuesto también han ejercido su presión, como pedir en vallas publicitarias, con la imagen del ministro de Justicia, la derogación de la ley de plazos o en campañas en redes sociales donde han equiparado el aborto con la esclavitud o el genocidio de los judíos y también marchas en varias ciudades de España y protestas frente al Congreso. El ministro también se ha reunido con grupos que le exigen que no se tengan en cuenta las discapacidades como razón para abortar.