La Policía pidió controlar el registro de un año de llamadas de la Agencia EFE en Baleares
La Policía Nacional requirió al juez del caso Cursach que solicitara a las compañías telefónicas los registros de las llamadas durante un año de los teléfonos de la sede de la Agencia EFE en Palma y de una redactora para investigar la filtración de un informe de la instrucción.
Los investigadores también pidieron al juez Miguel Florit que emitiera una orden para exigir a la Agencia EFE que entregara a los agentes el informe policial sobre la actividad económica del grupo de sociedades del empresario Bartolomé Cursach, investigado por corrupción.
>Esta última orden, a la que ha tenido acceso EFE, sí fue emitida y ejecutada el pasado 17 de octubre por dos agentes que se personaron en la sede de la agencia en Palma. En el marco de esta investigación judicial, relativa a revelación de secretos, el juez Florit también ordenó el pasado 11 de diciembre la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas de Diario de Mallorca y de Europa Press, que presentaron una querella contra el magistrado. En la agencia no tienen constancia de si también se emitió o se va emitir la orden para obtener el registro de llamadas.
El oficio policial, fechado el 17 de octubre, expone que los agentes que investigan “una serie de presuntas filtraciones” en el caso Cursach se dirigen a EFE a raíz de una noticia de la agencia publicada el 5 de julio en dos diarios, que les había llamado la atención porque contenía detalles diferentes a los de la que había publicado el mismo día Europea Press sobre el mismo informe.
Los investigadores se personaron el 16 de octubre en la delegación de EFE, donde se les confirmó que la agencia había elaborado su información a partir del informe policial y que colaboraría con los agentes con asesoramiento del gabinete jurídico y siempre que el documento se requiriese mediante orden judicial.
Un día después, según relatan los policías en su solicitud al juez Florit, la redactora que había elaborado la noticia ratificó el planteamiento del responsable de la delegación y cumplió la orden judicial en lo referente a la entrega del informe.
Esa orden fue solicitada al instructor junto con la petición de que ordenara a dos compañías telefónicas la entrega de los listados de “llamadas y emitidas y recibidas, así como de los posicionamientos de los teléfonos y restos de datos asociados al teléfono” de la redactora. Pidieron también la relación de todas las comunicaciones a través la centralita de la delegación de EFE en Baleares, pese a que el secreto profesional para periodistas es un derecho constitucional. Es una prerrogativa que permite proteger a informantes para que se sientan seguros al desvelar abusos o corrupción.
El Consejo de Redacción de la Agencia EFE ha expresado su condena a “todo intento de control del libro ejercicio del periodismo”. Al mensaje se ha sumado el presidente de la agencia, el periodista Fernando Garea, que ha expresado su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la delegación de Palma.
Tras la requisa de los teléfonos de los dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca, el juez ordenó, el 18 de diciembre, la detención de dos policías que, como miembros de la unidad de Blanqueo de la Jefatura Superior de Palma, habían participado en la investigación del caso Cursach y a quienes se señala como posibles filtradores.
En este procedimiento, que han instruido dos jueces antes que Florit, se investiga una presunta trama de corrupción en torno al que fuera el magnate del ocio nocturno de Mallorca en la que estarían implicados policías, funcionarios y políticos.
El Tribunal Superior de Justicia instruye la causa por prevaricación instada por Diario de Mallorca y Europea Press contra el juez Florit, cuya orden de requisar teléfonos de redactores generó numerosas protestas de organizaciones de periodistas por vulneración del derecho al secreto profesional.
