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Cuatro editoriales cobran 170 millones en cuatro años a las universidades españolas y el CSIC por leer y publicar artículos científicos

Las universidades españolas y el CSIC se van a gastar 170 millones de euros en cuatro años (una media de 42,5 millones al año) en pagar a cuatro grupos editores de revistas científicas para que sus empleados puedan publicar y leer artículos de investigación.

Esta es la cantidad que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) negoció en nombre de los centros superiores con Elsevier, Wiley, American Chemical Society (ACS) y Springer, cuatro de las principales editoriales del sector, según consta en la web de la CRUE. La base de datos Scilit, de la editorial MDPI, revela –léase este dato como una aproximación– que estos grupos han publicado entre todas sus revistas la mitad de la producción científica que se ha realizado en España en los últimos cinco años.

Los acuerdos negociados por la conferencia de rectores en nombre de las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas –el mayor organismo público de investigación de España– incluyen, con alguna excepción, las 50 universidades públicas y, según la editorial concreta, alguna privada. Todos los pactos van desde 2021 hasta 2024, ambos inclusive, y contemplan en las cantidades negociadas los dos modelos de negocio más habituales en este tipo de publicaciones: el pago por publicar (conocido como APC, article processing charges, implica que los autores abonan una cantidad a la revista y esta publica el artículo con acceso abierto para todo el mundo) y las suscripciones (los artículos se publican de manera gratuita pero cuesta dinero acceder a su lectura). También existe uno híbrido intermedio: limitado un tiempo, abierto después.

El negocio de las editoriales científicas con la publicación de los artículos es uno de los asuntos más controvertidos en el sector. Para las revistas es un negocio redondo: publican material elaborado por terceros, que además les pagan por publicarlo o por leerlo y que revisan terceras personas (otros científicos, que validan o rechazan el artículo en cuestión) de manera gratuita.

Hecha esta salvedad y siendo el terreno de juego el que es, fuentes del sector explican que este tipo de acuerdo son positivos para la investigación. “Diría que son un mal menor”, resume Francisco Palazón, investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena y miembro de la Federación de Jóvenes Investigadoras / Precarias, una postura que comparten muchos investigadores. “No atajan el problema ni mucho menos, pero por lo menos el pago no recae en el personal investigador, sino que se hace cargo la institución”, explica en alusión al APC.

Este método, que paulatinamente se va imponiendo al tradicional de la suscripción, implica en ocasiones que los investigadores extraigan el dinero para financiar la publicación de sus artículos de los fondos que en teoría se deben dedicar a la investigación. Con estos acuerdos es la institución la que paga con sus fondos (públicos en su inmensa mayoría), de manera que los científicos no detraen fondos para otras cuestiones. Dicho de otra manera, en vez de pagar los investigadores pagan todos los contribuyentes.

Isidro F. Aguillo, responsable del laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, explica que “desde el punto de vista institucional siempre entendimos que la mejor solución sería que aquellos gastos que se derivaban a suscripciones se utilizaran para pagar APCs, hacer un juego de suma cero en el que por un servicio similar se pague lo mismo” pero dando acceso a todo el mundo.

Para la CRUE, estos acuerdos suponen un paso adelante en la política de garantizar el acceso abierto a la producción científica. En las notas de prensa que ha ido publicando cuando los ha firmado ha mostrado su “satisfacción” por unos acuerdos que se alejan “del modelo tradicional de licencias, basado en las suscripción de contenidos y el pago por lectura de los mismos” para pasar a otro “de lectura y publicación”, como lo define Jesús Marco, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Lo que no dicen las notas, en ninguno de los cuatro acuerdos, es cuánto se ha pagado por los acuerdos.

Publicaciones limitadas

Los documentos firmados establecen un número limitado de papers que se podrán publicar en cada grupo incluido en los pagos pactados. La cantidad de artículos varía según la editorial y el año: Elsevier tiene un rango que va escalando desde los 5.576 informes el primer año hasta 7.787 en 2024; Springer oscila menos, en el entorno de los 2.100; Wiley ofrece 3.000 al año y ACS entre 600 y 700. Al menos dos de ellos tienen algo en común, sin embargo: la previsión es que del total de artículos que estas editoriales publiquen, el 81% lo harán por el método APC, en consonancia con el reparto que se venía haciendo en los años previos.

Los acuerdos –que en la web de la CRUE están sin firmar pero la organización confirma que están vigentes– revelan que Elsevier es la editorial a la que más se paga, con unos 25 millones de euros anuales de media durante todo el periodo, seguida de Wiley, Springer Nature y ACS.

Aún así, el pacto con Elsevier excluye la probablemente más prestigiosa –y cara– de sus revistas, The Lancet. De hecho, entre las revistas de esta editorial que cobran por publicar, la mayoría de las que tienen un coste más alto han quedado fuera de los pactos. Y de las 63 publicaciones que tienen un APC superior a 5.000 euros por artículo, solo se han incluido en los acuerdos 7.

Cuando se alcancen estos topes, reflejan los documentos, habrá que pagar por artículo. ACS establece un coste de 3.750 dólares por escrito; Elsevier se remite a sus tarifas, visibles en el gráfico superior y que varían según la revista.

La CRUE ha negociado estos acuerdos con las editoriales, pero luego depende de cada universidad firmarlos, según se lee en algunos documentos.

¿Está España pagando una cantidad alta, baja o estándar por estos acuerdos? Es difícil saberlo, responden quienes conocen el sector. Estos servicios no tienen un precio fijado, explica Aguillo, se negocian cada vez en función de “la capacidad de compra de cada institución” y se cuidan mucho de no hacer públicos los pagos pactados.

Aguillo sostiene, en cualquier caso, que estos no tienen relación alguna con el coste real de publicar y mantener las revistas. “Se está ligando unos costes con unos valores actuales a unos precios (de los APCs) que sabemos que están creciendo, que lo están haciendo de manera abusiva y sin ligazón a un precio real más allá de que la revista tiene mucho valor” asegura.

Elsevier es, en este sentido, la editorial más cuestionada. Internet está lleno de noticias de instituciones, como esta de la Universidad de California (o países enteros, como hizo Alemania en 2017) o llamamientos de científicos (el grupo The Cost of Knowledge, “el coste del conocimiento”, ha logrado 20.525 firmas) a boicotear a este grupo, que factura unos 2.600 millones de euros al año, por no fomentar el acceso abierto a los artículos.

Mismos productos, diferentes precios

Los documentos colgados en la web de la CRUE ofrecen distinto grado de detalle según la editorial. Elsevier destaca en el suyo la diferencia de criterio entre la editorial y las universidades españolas. Mientras el grupo dice apostar por las revistas con suscripción, “es importante para la CRUE que una mayor proporción del valor del contrato se dirija a la publicación [pagar los costes] en vez de a leer. Elsevier ve esto de manera diferente dado nuestro gran valor de lectura”, señala la editorial.

En este caso no existe (publicado) un desglose de cuánto paga cada universidad o en cuánto se valora el coste de publicar según el centro (no es el mismo para todos), como sí ocurre en otros casos.

El acuerdo con Springer, la editora de Nature, es quizá el documento más detallado. Incluye tanto el desglose de cuánto va a pagar cada centro adherido al acuerdo como el precio al que sale finalmente el artículo publicado a cada institución.

Este acuerdo incluye 58 centros, siete menos centros que el anterior, como se puede observar en el gráfico, con dos privados. En esta ocasión es el Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya el que realiza el mayor abono con cinco millones de euros (incluye universidades privadas, de las Islas Baleares o alguna de la Comunitat Valenciana), seguido de su equivalente andaluz y el CSIC.

CRUE, CSIC y Springer detallan también a cuánto le sale cada artículo que se acabe publicando a las diferentes universidades, una información que revela grandes diferencias entre centros. Por ejemplo, es la más notable, la que va entre la horquilla de 3.405-3.650 euros que va a abonar el CSIC por estudio publicado a los 1.938-2.048 euros que le costará la misma operación a la Universidad Politécnica de Valencia, que es casi la mitad que el Consejo.

El de Wiley, que ha firmado el segundo acuerdo más grande al menos en términos económicos, sí ofrece detalles sobre cómo se reparte el pago total, que empieza en 7,4 millones en 2021 y escala hasta 8,3 millones de euros en 2024). En las 32 páginas del documento se observa que la mayor cuantía la afronta el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, que agrupa los centros de diez universidades de la comunidad, y que abonó un millón en 2022. Le sigue el CSIC, el mayor organismo investigador de España y que ejerce de paraguas de decenas de centros, con 919.805 euros.

En la parte baja de la tabla de Wiley aparecen algunas universidades privadas, como la Pontificia de Comillas, la Alfonso X el Sabio o la Católica de Ávila, con abonos entre los 30.000 euros anuales y los 10.000. En el acuerdo con Wiley hay 11 universidades privadas (de un total de 34).

Un sector en pleno giro

El especial interés mostrado por la CRUE y el CSIC –y plasmado en los acuerdos pese a la reticencia de algún grupo, como Elsevier– de dedicar la mayoría de los recursos económicos a sufragar los APC (coste por publicar artículos) frente al pago de suscripciones por lectura responde al giro que está realizando el sector español de la publicación hacia el modelo del pago por publicación y, en particular, hacia dos grupos editoriales concretos, MDPI y Frontiers, (que sin embargo no tienen firmados acuerdos transformativos de este tipo).

Este, a su vez, viene motivado por las exigencias de publicación que impone el sistema a los investigadores: en el sector se maneja el concepto “publica o muere” (“publish or perish”, en su original en inglés): los investigadores necesitan una determinada producción científica regular para generar sexenios de investigación (que se traducen en complementos salariales) y también para ascender en el escalafón laboral. En menor medida, también puede haber influido en esta circunstancia el fomento por parte de instituciones diversas como la Comisión Europea o, aquí, el Ministerio de Ciencia de la “ciencia abierta”.

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