Denuncian al Gobierno ante el Supremo por no cumplir la ley para que los bienes y servicios sean accesibles
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha llevado este lunes al Gobierno ante el Tribunal Supremo por no haber aprobado un reglamento sobre accesibilidad universal a bienes y servicios como le obliga la ley general de derechos de personas con discapacidad.
Este lunes vencía el límite legal para que edificios, servicios, entornos y productos fueran accesibles. El Cermi ha presentado un recurso por inacción ya que el plazo para que el Ejecutivo redactase ese reglamento que desarrollase la obligación recogida por la ley “expiró en diciembre de 2015”. Sin reglamento y sin abordar la accesibilidad real, la ley queda en papel bastante mojado.
El comité pretende que sean los magistrados los que obliguen “al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios.
La no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad“, ha explicado.
