El cese que desató una tormenta en la plácida balsa de aceite de Ayuso
Voy a tratar de explicaros lo que ha pasado esta semana en Madrid, porque ha sido todo bastante estrambótico.
La destitución del consejero de educación madrileño, que el lunes pasado parecía solo una crisis interna del PP (de cierto calado por ser la primera medio seria que sufre Isabel Díaz Ayuso), fue evolucionando durante la semana hacia una trama con personajes oscuros de mucho poder, contratos sospechosos, dimisiones por mandato y un enfrentamiento abierto entre dos de las personas que, al menos hasta hace poco, más escuchaba Ayuso: MAR y el hoy ínclito Antonio Castillo Algarra, un personaje anónimo y rostro desconocido, pero omnipresente en la política madrileña.
Ha sido, está siendo, como un pequeño goteo que acaba encharcando el suelo. El lunes, el Gobierno regional notificó el cambio en la consejería sin dar razones. Viciana, fuera. El fracaso del consejero en su intento de sacar una ley de universidades que los rectores y toda la comunidad educativa rechaza le ha costado el puesto. Zarzalejos, una figura al alza en el PP madrileño, tomaba los mandos.
A la mañana siguiente, el portavoz de educación del PP anunciaba en plena comisión que se disponía a dimitir, y con él se iban otros cuantos. Y por los pasillos de la Asamblea empezó a correr un run-run: el cese de Viciana significaba realmente que había caído Castillo Algarra, el gurú educativo (y más) de Ayuso, conocido como Rasputín, que era quien le había colocado y quien tenía el poder. Y en su caída él arrastraba a los “pocholos”, un grupo de diputados populares llamados así por su juventud e inexperiencia, que venían del entorno de Rasputín y a los que obligó a dimitir. Ese día corrieron lágrimas por la Asamblea de Madrid.
Cuan oscuro personaje del cine que sale de las sombras, Castillo Algarra pasó de ser el anónimo director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (también acabó dimitiendo) a la persona más famosa de toda la región. Se empezó a dimensionar el poder que tenía, como teórico de la fallida ley de universidades, que ahora tendrá que rehacer Zarzalejos. También que su cercanía a Ayuso le había reportado beneficios: recibió siete contratos a dedo para representaciones teatrales.
Su protegido Viciana pasará a la historia por ser el consejero que levantó en armas a toda la comunidad educativa universitaria por su (rechazado) intento de ley (aunque intelectualmente fuera de Rasputín, llevaba su nombre). El texto, comentaban los expertos, es un despropósito no solo en cuanto a las medidas, sino desde la misma redacción. En el apartado de las cosas que sí hizo, Viciana elevó a la Fiscalía una denuncia por corrupción en un centro de FP que ha acabado convirtiéndose en una causa que salpica al Gobierno de Ayuso por trocear contratos en varios institutos. Tampoco parece que este movimiento le haya generando muchas simpatías en el Ejecutivo regional.
Ayuso, tan locuaz cuando le interesa, ha optado por el perfil bajo toda la semana.
Para acabar de complementar esta loca historia te dejo la crónica, siempre sarcástica, de Iñigo Sáenz de Ugarte, y el análisis con la mirada un poco más amplia del jefe, Ignacio Escolar.
Por cierto, la crisis en la consejería consiguió tapar bastante que la Universidad Complutense aprobó el martes un plan económico para devolver el préstamo que le ha concedido la Comunidad de Madrid (para compensar que las partidas que le traspasa son claramente insuficientes para las necesidades de la universidad).
El rectorado se compromete a recortar 33 millones de euros de gasto para arreglar unas cuentas que hacen aguas por todos lados tras años de maltrato institucional “provocado”, según lo dibuja Aurelio Medel en esta tribuna.
Esta semana hemos hablado de...
- El PP defiende en todos los frentes su modelo de servicios sociales privatizado. Con el mismo entusiasmo que el Gobierno se ha lanzado (ahora) a defender los servicios públicos, quizá incluso con algo más, el PP está dando la pelea por su modelo, en el que los servicios no tienen por qué ser tan públicos. Los populares utilizan la calle para hacer ruido, los tribunales para tratar de tumbar las iniciativas del Ejecutivo y los parlamentos regionales para legislar en favor de lo privado en educación y sanidad. Son dos maneras de entender la sociedad. La batalla ideológica está servida.
- Los coordinadores de bienestar, o cómo cumplir una labor para la que no estás formado. Desde 2021 es obligatorio que los centros educativos tengan un coordinador de bienestar que vele por el alumnado. Probablemente una buena idea, pero que se ha intentado implementar por la vía de los hechos sin más (era obligatorio, había que hacerlo) y está dando muchos problemas en los colegios: sin recursos específicos, básicamente se le ha acabado adjudicando a un profesor, que habitualmente se ve desboradado por una labor que nadie le ha enseñado a hacer y para la que no tiene un tiempo de dedicación exclusiva. Algunos de ellos nos cuentan sus problemas y sus cosas que les funcionan en este artículo.
- Un acto de Vox vacía el campus de la EHU en Vitoria. El partido ultra había convocado una visita al recinto, teóricamente para denunciar unas amenazas a Abascal en diciembre. Pero el rector de la universidad pública vasca, consciente de la fecha elegida (23-f, aniversario del golpe), decidió cerrar el campus, que amaneció vacío y tomado por la Ertzaintza. Con esas condiciones, tanto el acto como la contramanifestación de IAS, la rama estudiantil del movimiento comunista GKS, han transcurrido sin incidentes.
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- Las trabajadoras de infantil se manifiestan contra la precariedad. La Plataforma Estatal de Escuelas infantiles presenta mañana miércoles en el Congreso una proposición para subir la financiación pública de la etapa (entre 0 y 6 años) y, con ella, mejorar las condiciones en que se imparte y también las de las trabajadoras. Las educadoras de infantil son las peor tratadas de toda la enseñanza, con salarios que en ocasiones apenas superar el SMI.
- Guerra Generalitat catalana patronal por los conciertos educativos. El Govern dio por cerrado el pasado viernes el proceso de renovación de conciertos educativos. Según del departamento de Educación, un total de 283 grupos (aulas) dejarán de ser concertados respecto a este curso, una propuesta que los colegios rechazan porque, aducen, el proceso se ha realizado con “un criterio nuevo” que impide recuperar conciertos, como se ha hecho otros años.
- Podemos propone un examen público para los estudiantes de universidades privadas. El partido de Ione Belarra quiere que, una vez acabados sus estudios, el estudiantado de los centros privados tenga que pasar un examen organizado por las universidades públicas para obtener el correspondiente título.