Dictadura de Franco

La Fiscalía no ve delito en mantener el escudo franquista del águila en El Pardo, la residencia del dictador

La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la denuncia interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra Patrimonio Nacional por la persistencia del escudo franquista en el Palacio del Pardo, en Madrid, complejo del que el organismo es responsable. Según alertó la organización, el símbolo corona la valla que funciona como puerta principal de acceso al recinto y está presente en algunas farolas que rodean a una rotonda en esa misma entrada de la que fuera residencia oficial del dictador.

La ARMH denunció a los responsables de Patrimonio Nacional por no haber procedido a su retirada tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007 y la posterior de Memoria Democrática, algo que consideraba la asociación que podía ser constitutivo de un delito de prevaricación.

La Fiscalía, sin embargo, lo rechaza porque hacerlo “implicaría atribuir” a la institución “una responsabilidad por omisión”, que aunque en algunos casos la jurisprudencia ha aceptado como posibilidad, no lo considera en este supuesto al no haber “instado con carácter previo” la asociación a Patrimonio Nacional “a retirar los escudos” y el organismo “haya seguido una actuación evitativa y obstaculizadora”.

Un catálogo inexistente

El Ministerio Fiscal recuerda que la ley obliga a la Administración General del Estado a elaborar un catálogo de vestigios o símbolos contrarios a la memoria democrática, algo que “no consta que se haya llevado a cabo” sobre los escudos franquistas que perviven en El Pardo. Y tampoco “se ha establecido reglamentariamente” el proceso de confección del inventario, unas actuaciones previas “que no dependen exclusivamente de una decisión que hubiera de tomar” Patrimonio Nacional, señala. Por ello, “difícilmente la inactividad que se denuncia puede reputarse constitutiva de un delito de prevaricación omisiva”, añade.

El Ministerio Público no observa “visos de perpetración de cualesquiera otras figuras delictivas” y rechaza que los responsables de Patrimonio hayan cometido un delito de odio: “Aun cuando el Palacio de El Pardo fuese durante cierto tiempo la residencia de D. Francisco Franco, no puede considerarse que, a día de hoy, los símbolos se mantengan por la institución encargada de su mantenimiento con intención de perpetuar una animadversión, odio y/o humillación por razones ideológicas”, razona en su escrito la Fiscalía, que apunta a que el tipo de delito requiere que el sujeto activo del mismo “lleve a cabo la conducta motivado por animadversión o discriminación hacia un grupo de personas”, un supuesto que “no resulta acreditado de modo alguno” en este caso.

Símbolos contrarios a la ley

Aún así, aprovecha la Fiscalía su escrito para “subrayar” las obligaciones del Estado en esta materia y sí sostiene que “a primera vista” la simbología franquista denunciada por la ARMH es contraria a la Ley de Memoria Democrática y “podría encuadrarse” en los artículos 35.1 y 4 de la misma, que obligan a las administraciones a retirar los vestigios que exalten la dictadura. Eso “sin perjuicio de su valoración” conforme a la norma, añade, que también apunta a que excepcionalmente pueden no ser eliminados “si concurren razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley” o son “de estricto recuerdo privado”.

La organización, por su parte, lamenta la decisión de archivar la denuncia. “El doble rasero entre unas víctimas y otras es vergonzoso: un escudo franquista no humilla a las víctimas de la dictadura pero si fuera el símbolo de un grupo terrorista la Fiscalía lo llevaría inmediatamente por la vía penal. El escudo franquista celebra el asesinato, la desaparición forzada, la detención ilegal, el saqueo de propiedades y las torturas a cientos de miles de personas. Considerar que toda esa celebración de violaciones de derechos humanos no atenta contra un grupo determinado de víctimas de la dictadura es un ejercicio de doble moral sin límites”, afirma Emilio Silva, presidente de la ARMH.