El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Iglesias, va a presentar un “plan de choque” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para, entre otras cosas, mejorar las prestaciones económicas que se dan a personas que tienen reconocido el derecho a recibirlas, incrementar la financiación autonómica y aligerar la burocracia. Prevé aprobarlo en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas del próximo 2 de octubre, y luego deberá ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que el Ejecutivo tiene aún que negociar con otras fuerzas políticas. La inyección que calcula el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, es de 600 millones de euros.
El SAAD cubre a 1,1 millones de personas pero todavía no se ha recuperado de los recortes de 2012 y ha sufrido un retroceso los últimos meses de pandemia, en los que se han perdido 3.391 beneficiarios. Hay además unas 390.000 personas entre las dos listas de espera: la de las que tienen reconocido el derecho pero aún no han recibido prestación, y la de las que todavía están a la espera de valoración. El Ministerio admite esos problemas “que la crisis sanitaria actual no ha hecho más que intensificar”.
Para paliarlos, el gobierno propone entre otras medidas económicas aumentar el nivel acordado con las comunidades para que se destine específicamente a dependencia a 283,2 millones de euros, el que había en 2012; y el nivel mínimo de financiación, esto es, la financiación aportada por la Administración General del Estado al SAAD por cada persona dependiente que recibe alguna prestación o servicio. La estimación del Ministerio es que los dos incrementos suman 600 millones de euros más a la aportación de la AGE en 2021 en comparación con el presupuesto actual. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales calculaba en 2019 que la inyección necesaria para atender al 75% de las listas de espera es de 1500 millones.
Sobre el nivel mínimo de financiación, “su recorte en 2012 ha tenido graves consecuencias en el funcionamiento del sistema”, achaca el Ministerio. El SAAD reconoce tres grados de dependencia: grande (tipo III), severa (II) y moderada (I). Y lo que pretenden es alcanzar la cifra de 60€/mes por dependiente de Grado I, la que había en 2012, e incrementar las cuantías de dependencia severa hasta los 94 €/mes y las de gran dependencia hasta los 235 €/mes, superiores a las de 2012. Supondría un incremento medio del 17,4% respecto a la financiación que se realiza en 2020.
La Ley de Dependencia, de 2006, contempla asimismo tres tipos de prestaciones económicas: la vinculada a la contratación de un servicio, la de cuidados familiares, y la de asistencia personal. La propuesta del Gobierno es, para 2021, recuperar las cuantías máximas previas a 2012 para las personas de grado severo que reciban prestaciones de servicio o familiares y mantenerlas en 429,5 euros mensuales. También establecer cuantías mínimas, de entre 75 y 125 euros según grado de dependencia, que ahora no existen. Con eso calculan que 40 mil prestaciones económicas (el 6,6%) aumentarían su cuantía mensual.
El plan de choque también plantea modificar la Ley para los cuidados familiares, para establecer como condición necesaria “servicios de apoyo, respiro y formación” y para que, en zonas rurales, pueda actuar como cuidadora una persona vecina. E incluye medidas relacionadas con eliminar el copago, simplificar los trámites administrativos que actualmente son requeridos para recibir las ayudas, eliminar incompatibilidades entre servicios y fomentar la teleasistencia como derecho básico.