Madrid, 18 nov (EFECOM).- El Gobierno ha destacado este martes que la independencia de la AIReF está garantizada por su propia ley y ha apuntado que el informe adicional encargado para evaluar las pensiones debe considerarse dentro de los estudios obligados.
Según señalan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la independencia de la AIReF es la “mayor virtud” en la que el Gobierno confía para realizar este tipo de análisis y está garantizada por su propia ley.
En este punto, las fuentes señalan que la Abogacía General del Estado ratificó ese aspecto tras una consulta que elevó la propia autoridad.
La Abogacía de Estado, añaden las mismas fuentes, también concluyó que el nuevo informe que el Gobierno solicitó a la AIReF sobre las pensiones debe considerarse dentro de los estudios, es decir, que no es potestativo.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha señalado este martes en el Congreso que ese informe adicional así como las instrucciones que el Gobierno fijó para la evaluación de la reforma “merman” su capacidad de supervisión independiente.
Para Herrero, ese encargo adicional es una evaluación y no un informe y será el organismo el que fije la forma de hacerlo y los plazos.
“Solicito la ayuda del Parlamento para que no aprovechemos el eslabón más débil para que un supervisor fiscal al final acabe convirtiéndose en una agencia del Estado”, ha dicho la presidenta de la AIReF.
Desde la Seguridad Social recuerdan que â la primera evaluación de la AIReF sobre la sostenibilidad de las pensiones, publicada el 31 de marzo, concluyó que se cumplía la “regla de gasto” y no era necesario activar medidas adicionales.
Pero, añaden, las mismas fuentes, se decidió solicitar un nuevo informe para junio de 2026 que permitiera tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes, así como la existencia de más evidencia sobre el impacto de reformas estructurales tan importantes como la reforma laboral.
“Se trata de un informe de seguimiento, no de una nueva evaluación”, inciden estas fuentes que recuerdan que el Gobierno está firmemente comprometido con la sostenibilidad de las pensiones y que esta evaluación continua “es un ejercicio de transparencia y responsabilidad a corto y largo plazo”.