El Ministerio de Igualdad ha iniciado una investigación interna “exhaustiva” para analizar si las empresas que gestionan las pulseras antimaltrato cumplen con los pliegos del contrato. Así lo ha afirmado la ministra Ana Redondo en el Senado, donde ha comparecido este miércoles por los fallos detectados tras el cambio de adjudicataria de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad. “La investigación podrá derivar en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas”, ha dicho Redondo.
La ministra ha seguido la línea defendida por el ministerio desde que se hicieran públicos los errores técnicos que llevaron a un vacío de datos temporal durante la migración de la información entre sistemas. Redondo ha reiterado que el fallo ya está solucionado y ha defendido que el servicio “opera actualmente con total normalidad y sin incidencias relevantes, consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior”. Mientras, las trabajadoras siguen apuntando a que, aunque la situación ha mejorado respecto al año pasado, siguen detectándose disfuncionalidades.
“Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo”, ha comenzado su intervención en la comparecencia, solicitada por el Partido Popular.
Redondo ha explicado a los senadores cómo funcionan los dispositivos y cómo se produjo el cambio de empresa tras una licitación a la que solo se presentó Vodafone. “Resultaba imprescindible un plan de transición controlada mientras se cambiaba de adjudicatario y eso permitió que el servicio nunca se interrumpiera”, ha afirmado la titular de Igualdad, que ha aclarado que “las dificultades detectadas” afectaron a procedimientos judiciales por quebrantamientos de órdenes de protección y ha remarcado que el ministerio “no tiene constancia” de “un elevado número” de absoluciones ni sobreseimientos, como en su momento advirtió la Fiscalía para después matizar sus palabras.
La ministra también ha desmentido algunos de los bulos que han surgido a raíz de la polémica y que han sido repetidos por Vox en la sesión plenaria del Senado. “Tengo que insistir en las mentiras que se están difundiendo. No es cierto que en 2024 ni 2023 fuera asesinada ninguna mujer portando el dispositivo. No es cierto que los dispositivos sean de Aliexpress, es radicalmente falso, están diseñados para Cometa y es imposible encontrarlos en el mercado”, ha comenzado enumerando antes de añadir: “No es verdad que las incidencias temporales hayan en puesto en riesgo a ninguna mujer, no es cierto que los datos los tenga una empresa israelí ni que hayamos desoído las incidencias técnicas”.
Redondo se ha dirigido a la oposición para señalar “las falsedades” y lamentar que a pesar de ello “el efecto es real” y a su juicio contribuye “a aumentar el miedo, sembrar desconfianza y poner en duda una herramienta que salva vidas cada día”. “Cuando se pone en duda este sistema no se ataca al ministerio o al Gobierno, sino a la confianza de las mujeres que hoy dependen de estos dispositivos. Con esta estrategia solo se añade sufrimiento, se les hace creer a las mujeres que su seguridad no está garantizada y eso no es hacer oposición, es cruel, irresponsable e indigno”.
La titular de Igualdad ha explicado también ante los senadores algunos de los cambios que incorporará el ministerio en los nuevos pliegos para gestionar Cometa a partir de mayo 2026, que es cuando vence el actual contrato. Redondo ha puesto sobre la mesa “mejoras técnicas” como una aplicación de consulta “en tiempo real” que sea accesible para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la obligación de que las empresas adjudicatarias sean las responsables de reparar y mantener los dispositivos a pesar de que son propiedad del ministerio, la puesta en marcha de “un módulo específico” de gestión de quejas y el refuerzo del personal, desde psicólogos a coordinadores jurídicos, supervisores y “otros responsables”.