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Los obispos siguen negándose a indemnizar a las víctimas de abusos o a investigar la pederastia en la Iglesia

El borrador aprobado por la Conferencia Episcopal finalmente no contempla obligar a las diócesis a pagar indemnizaciones a los supervivientes o a abrir sus archivos a investigaciones independientes

El portavoz, Luis Argüello, asegura que la protección del derecho a la vivienda en la Constitución "es menos importante" que la libertad de elección de centro o de enseñanza religiosa

Los obispos recuerdan que muchos de los convenios firmados en España, como el del incremento del IRPF o los conciertos educativos, se pactaron con gobiernos socialistas

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Luis Argüello, junto a Fernando Giménez Barriocanal

Luis Argüello, junto a Fernando Giménez Barriocanal

Irlanda. Australia. Estados Unidos. Austria. Alemania. Suiza. Italia. Francia. Incluso la tradicionalista Polonia. Prácticamente todas las conferencias episcopales del mundo afectadas por "este delito casi blasfemo", en palabras del portavoz de la CEE, Luis Argüello, han abierto comisiones de investigación, y habilitado indemnizaciones para las víctimas de la pederastia. Pero no la española.

Se esperaba mucho del borrador que los obispos de nuestro país han estudiado –y aprobado– esta semana en su Asamblea Plenaria. Pero al final, la montaña parió un ratón. O mucho menos, porque los obispos no han avanzado prácticamente en nada. Por no hacer, ni se ha nombrado al sustituto de monseñor Menéndez –fallecido en mayo de un infarto– como presidente de la comisión antipederastia.

Presunción de inocencia de los acusados

Roma no ha dado el ok a la petición de la Iglesia española de poder establecer un marco jurídico único, por lo que los obispos se limitan a aprobar un borrador con "indicaciones" de carácter jurídico, sobre el trato en los procesos y para asegurar "tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia de los acusados", espetó Luis Argüello. Por no poder, el Episcopado no puede obligar a las diócesis a que abran oficinas de atención a las víctimas, pese a que el Vaticano les dio el plazo de un año en su reunión del pasado mes de febrero. Apenas quedan tres meses, y son muy pocas las diócesis que las han abierto.

"La Iglesia tiene que darse golpes de pecho del tiempo anterior es haber podido mirar para otro lado ante determinados comportamientos. Mirar para otro lado y no afrontar los asuntos de manera directa", reconoció Argüello, quien no obstante matizó que "en los últimos dos-tres años, la reacción de la Iglesia ha querido ser inmediata ante las denuncias que hubiere".

El borrador no contempla abrir los archivos

Sin embargo, no para investigar los casos del pasado, ni para asumir responsabilidades como institución ante las peticiones de los supervivientes. "No está contemplado en el borrador", reconoció Argüello, quien sí apuntó a la "posibilidad de acoger las denuncias, y poder tomar iniciativas a la hora de la negociación", caso por caso, y no desde la Conferencia Episcopal, sino cada diócesis o congregación. En este sentido, órdenes como jesuitas, maristas o salesianos sí que se han lanzado a abrir sus archivos, y a admitir denuncias ya prescritas. No así los Obispados ni la CEE.

Sobre las posibles indemnizaciones económicas, más de lo mismo. "Estamos haciendo un camino con las personas vulnerables", subrayó el portavoz de la CEE. "Hemos de estar atentos a cada rostro, a cada situación. En cada sitio concreto donde se han producido denuncias de las víctimas de este delito tan grave en la sociedad, y casi blasfemo en la vida de la Iglesia". Pero ninguna orden, ningún atisbo de que las víctimas serán compensadas.

En otro orden de cosas, y preguntado por el futuro Gobierno que pueda surgir del acuerdo Unidas-Podemos y PSOE, Luis Argüello hizo referencia a un libro de Christian Solomon, 'La era del enfrentamiento', para criticar "momentos como el que vivimos que tienen capacidad para robarnos los sueños, y generan una época que refuerza el vivir desde el sentimiento y el enfrentamiento".

Frente a ello, los obispos "pretendemos buscar el encuentro, y un diálogo que tenga que ver con la racionalidad, y no con la emotividad o el sentimiento", siempre desde "la afirmación de la libertad de las personas y las instituciones, y la búsqueda del bien común".

¿Pero les preocupa la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno?, preguntaron los periodistas. Respondió el gerente del Episcopado y responsable de TRECE y Cope, Fernando Giménez Barriocanal, volviendo a intentar explicar que "la Iglesia mantiene el mismo régimen fiscal que el resto del sector no lucrativo en España, y el resto de confesiones religiosas en España". Vamos, que no hay privilegios fiscales, que "la Iglesia no es una empresa, y que con los recursos que tiene, tiene que hacer el bien. Si no tiene más recursos, tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer".

Aumenta el presupuesto, sin partidas para TRECE

Entre los recursos propios, el presupuesto de la Conferencia Episcopal para el próximo año, que asciende a 266 millones de euros (un 3,9% más que en 2019), y en el que no se incluye una partida para TRECE.

Barriocanal asumió que "la CEE no destina partidas de gasto al mantenimiento de TRECE. Lo que ha habido y seguirá habiendo serán aportaciones de capital de acciones y participaciones en la empresa" 11 millones en 2018, que se redujeron un 30% en 2019, explicó, y que "se seguirá reduciendo". Es más: en 2019, anunció, COPE y TRECE "obtendrá beneficios consolidados. No suponen un agujero para la Iglesia, este año no van a generar déficit".

Argüello sí insistió en uno de los diez puntos del preacuerdo de legislatura "que nos preocupa", el referido a la eutanasia, y explicó que los obispos han aprobado un documento sobre el final de la vida en el que apuntan que "el debate sobre eutanasia y suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica, sino más bien ideológica, desde una determinada visión antropológica. Este planteamiento olvida que la dignidad de la persona radica en el hecho de ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física".

Sobre el resto de cuestiones, los obispos se mostraron dispuestos a "afrontar las dificultades" con diálogo, no sólo en el respeto a la Constitución y los Acuerdos Iglesia-Estado, sino a todos los convenios suscritos. Muchos de ellos, recordó el portavoz, firmados con gobiernos socialistas, como el aumento en el IRPF o los conciertos educativos.

Regresando a la polémica con la ministra Celáa, Luis Argüello quiso explicar que el derecho a elegir centro está especialmente protegido por la Constitución, a diferencia de lo planteado por la titular de Educación en funciones. Y lo hizo con un titular casi provocador, carne de titular: "No es lo mismo el derecho a la vivienda, siendo importante, que el de enseñanza. En el marco teórico, su protección es menos importante que la que debe tener la libertad de educación".

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