El PP inicia en el Congreso su último intento para presentar una reforma del aborto
Al Partido Popular le queda algo más de un mes para presentar a su electorado una reforma sobre la ley del aborto. Este martes tiene previsto aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados el primer trámite para modificar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto que lleva el PP al Pleno dice, exactamente, que pretende el refuerzo “de la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente” que pretendan abortar. Pero antes de llegar siquiera a la primera ronda de votaciones, los populares ya han anunciado que se autoenmendarán.
Una vez que el presidente Mariano Rajoy apaciguó a sus diputados molestos por la reforma planteada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (que reestablecía y endurecía un sistema de supuestos permitidos para abortar en lugar de unos plazos para hacerlo), le queda hasta el 27 de mayo para evitar la escapada por el otro extremo ideológico: los que creen insuficiente que el retoque legislativo se quede en obligar a las chicas de 16 o 17 años a que tengan el permiso expreso de sus progenitores para abortar.
El pasado 9 de abril comenzó la preparación del terreno. Primero el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y luego el portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, lanzaron un mensaje idéntico: “El aborto no es un derecho”. Alonso anunciaba que las enmiendas podían ir en “ese sentido”. En septiembre de 2014, Rajoy encomendó al ahora ministro Alonso –entonces portavoz parlamentario– que buscara “un consenso” con otros partidos políticos en este asunto. Ahora, el consenso primordial para los populares es el de sus miembros. De hecho, el sustituto de Alonso al frente de la bancada del PP, Hernando, confesaba hace una semana que ese era su objetivo: “Tendremos ese consenso absolutamente perfilado”, comentó para, sólo luego, añadir “y confío también en que ese consenso se extienda a otras fuerzas políticas”.
El problema parlamentario sobre esta cuestión es de poca dimensión numérica. El núcleo duro antiabortista en el Parlamento lo conforma, básicamente, un grupo de tres diputados populares: Eduardo Nasarre, Lourdes Méndez y Eugenio Azpiroz sobre un total 185. La cuestión es el altavoz disidente que supondría cuatro votos en contra de una iniciativa legislativa. Eso y la página 108 del programa electoral del PP para las Generales de 2011 que incluía: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”.
La reforma ahora en la mesa elimina el artículo 13.4 de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Borra la frase “para las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas”. El mismo apartado que se planea quitar indica que los representantes legales “deberán ser informados” a menos que esto provoque “un conflicto grave”.
Un proyecto incómodo
Esta reforma ha quemado en las manos del PP desde que asumiera el Gobierno en diciembre de 2011. Llegaba con el compromiso electoral de eliminar la ley de salud sexual y reproductiva aprobada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que establecía una serie de plazos de gestación para abortar libremente. Mariano Rajoy había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha mantenido vivo durante toda la legislatura que lleva en La Moncloa.
Las cifras nunca han avalado el análisis antiabortista que veía en esta ley una especie de barra libre para interrumpir embarazos. En 2010, el año de la aprobación de la normativa de plazos, el Ministerio de Sanidad registró 113.031 abortos. Al año siguiente sí hubo un repunte de 5.000 intervenciones. Pero, desde entonces, la caída ha sido sostenida y acusada. En 2012 se contabilizaron 6.000 menos y al año siguiente otros 3.300 menos. Los últimos datos sitúan el volumen general en 108.690 interrupciones. Hay que irse a 2006 para encontrar una cifra menor –101.592–.
Mucho menos habitual es el supuesto sobre el que está incidiendo ahora el Ejecutivo de las menores que abortan solas. De las 1.186 chicas de 16 y 17 años que decidieron interrumpir sus embarazos en 2011 solo 151 habían alegado un conflicto grave para no informar de su decisión a sus progenitores
El anteproyecto de ley que redactó el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón sí era un cambio de escenario: eliminaba los plazos y volvía a los supuestos para permitir un aborto legal (incluso planeaba proscribir los abortos en casos de enfermedad del feto). El 22 de septiembre de 2014, Mariano Rajoy entendía que lo “más sensato” era paralizar ese plan. Se llevó por delante a Ruiz-Gallardón que dimitió de su cargo. El presidente traspasó la nueva versión de la reforma de Justicia a Sanidad (entonces dirigido por Ana Mato).
A partir de entonces, el Gobierno se ha desentendido bastante del día a día del cambio de ley. Ya al salir Gallardón, las riendas del texto que se vota este martes las llevó Alfonso Alonso. Pero, al ser convertido en ministro, no ha dado continuidad a esa labor. La semana pasada, en RNE, dejó bien claro que será “el grupo [parlamentario], no a instancias del Gobierno, [quien] pueda presentar alguna enmienda”.
Tanto ha sido así, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, subrayó tras el último Consejo de Ministros que si se da libertad de voto a los diputados del Partido Popular sobre este asunto será porque así lo haya decidido el grupo parlamentario.
Una vez que Rajoy decidió ralentizar la reforma del aborto, los grupos más conservadores no han dejado de presionar. En septiembre pasado le acusaron de “traición” en una manifestación por el centro de Madrid. Pero el 14 de marzo de este año, era la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre la que se paseaba en una manifestación de este calado. Aguirre acababa de ser elegida por el mismo Rajoy para ser la candidata del partido a la alcaldía de Madrid. “Nuestro electores esperaban que diéramos la vuelta a las leyes ideológicas de Zapatero. Y no lo hemos hecho” ha declarado Aguirre a eldiario.es en una entrevista. “Parece que ahora vamos a decir que el aborto no es un derecho”, ha concluido.
Lo cierto es que, a pesar de lo dicho públicamente por el ministro Alonso, el portavoz Hernando y la candidata Aguirre, la ley de plazos que hoy está en vigor no expresa que el aborto sea un derecho. El texto sí habla de que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”, que recogió la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer de 1995. El mismo ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha reconocido un día antes de la admisión a trámite de la reforma legal: “En el análisis jurídico de la ley vigente no existe un derecho al aborto como tal”.
