El tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes es ilegal
El tribunal que, según la versión de la Universidad Rey Juan Carlos a la que se ha adherido la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, evaluó el trabajo fin de máster de la política incumple de forma flagrante el reglamento de 2011 que regulaba estos trabajos.
Ese reglamento, al que ha accedido eldiario.es, especifica que la “comisión de evaluación de trabajo fin de máster estará constituida por tres profesores y tres suplentes, todos ellos doctores. Uno de ellos será profesor de otra Universidad”. El Rector Javier Ramos dio el miércoles los nombres de las componentes del tribunal: Cecilia Rosado Villaverde, Alicia Esperanza López de los Mozos y Clara Souto. Las tres estaban vinculadas en 2012 a la Universidad Rey Juan Carlos en el momento en que Cifuentes estaba matriculada, según figura en las fichas públicas de las tres en la web de la URJC.
El reglamento también establece que los profesores que sean de la universidad sean funcionarios, y en su artículo 9.3 relata que “el secretario será designado entre los profesores numerarios”. Profesores numerarios son aquellos que son funcionarios: es decir, o profesores titulares o catedráticos. Ninguna de las tres firmantes lo era en ese momento, tampoco quien firma como secretaria, Cecilia Rosado.
La Universidad todavía no ha respondido cómo es posible que se formara esta comisión.
Las docentes a las que hizo referencia Javier Ramos están descritas por sus fichas como doctoras con un sexenio reconocido y aparecen como investigadoras en proyectos de la URJC, al menos, desde el año 2010, según recoge la página web de la Universidad.
La idea de que haya, al menos, un doctor en el tribunal desvinculado de la Universidad donde se evalúa el trabajo es dotar de mayor imparcialidad al proceso de calificación. Ramos ha declarado que había “hablado esta misma mañana con los miembros de ese Tribunal y confirman la defensa del trabajo y la calificación de 7’5 puntos”. Más tarde, Cristina Cifuentes remitió a los medios de comunicación un documento encabezado como acta de trabajo de fin de máster en el que aparecen los nombres de estas tres profesoras (manuscritos) como las componentes del tribunal que puso esa nota. Esa composición contradice el artículo del reglamento que pide un profesor doctor de otra universidad.
A pesar de que el reglamento obliga a designar tres suplentes, en el acta los nombres de estos suplentes no aparecen. El documento que ayer presentó Cifuentes tampoco cuenta con un sello oficial, ni fecha de entrada en el registro de la Universidad.
Las tres profesoras que firman el acta han hecho una gran parte de su carrera y de sus trabajos académicos junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, que ayer compareció como director del curso y que defendió públicamente que a Cristina Cifuentes se le había tratado “como a una alumna más”.
El 2 de julio de 2012, la fecha en la que supuestamente se constituyó este tribunal, ninguno de las tres tenía plaza en la Universidad como titular, algo que es igualmente inusual. La última actualización de sus fichas les atribuye el estatus de “contratadas”, no funcionarias con plaza en propiedad aunque un tuit del Instituto de Derecho Público de la Universidad relata que Alicia Esperanza López de los Mozos se había convertido en titular en diciembre de 2017.
Fuentes universitarias consultadas por eldiario.es aseguran que el incumplimiento del reglamento interno deja a a este tribunal sin capacidad legal para juzgar. Es decir, que el acta no sirve para validar el supuesto trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes.
El acta en cuestión que presentó ayer Cristina Cifuentes es, igualmente, un documento interno y sin sello de la Universidad que la presidenta de Madrid no debería tener, salvo que se lo haya proporcionado la propia URJC. El protocolo habitual, explican estas mismas fuentes, es que el tribunal firme este papel y que después se informatice el resultado en la base de datos de la Universidad, como parte del expediente del alumno. Las mismas fuentes no entienden por qué la URJC ha difundido ese acta interna en vez del documento informatizado, que sí es trazable y se puede demostrar fehacientemente en qué momento se registró.
Obligación de haber aprobado todo antes
Además, ese documento reglamentario ya obligaba a tener aprobadas todas las asignaturas y entregar “la justificación correspondiente”. Sin embargo, según la versión de la Universidad, fue en 2014 cuando se descubrió que había un “error administrativo” que marcaba materias como no presentadas a Cifuentes.
Así, la explicación ofrecida por la Universidad a la que se ha adherido la presidenta de Madrid, para justificar el cambio de calificaciones en su máster, implica que presentó el trabajo fin de carrera sin esa justificación reglamentaria. El punto 8.2 del documento que llegó en mayo de 2011 al Consejo de Gobierno, según ha visto eldiario.es, especifica: “Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de asignatura del máster para lo que deberá entregar la justificación correspondiente”.
Un año después, en junio de 2012, el Consejo de Gobierno universitario se reunió para modificar ese reglamento, pero esos cambios no hacían referencia a este requerimiento que sigue idéntico. Y esa misma exigencia se recoge en la última versión, única de acceso público en la web de la URJC, que entró en vigor para el curso 2016/2017.
Por lo que si la defensa del trabajo, como ha argumentado Cristina Cifuentes, se hizo el 2 de julio de 2012, para cumplir el reglamento debía tener una justificación de haber aprobado el resto de asignaturas. Pero, al menos administrativamente –según las explicaciones públicas ofrecidas por la Universidad Rey Juan Carlos–, Cristina Cifuentes tenía una asignatura como no presentada (de ahí que tuviera que subsanarse ese “fallo” en 2014).
El reglamento también pide que se adjunte en la presentación oficial del trabajo “la autorización del director para la lectura y defensa” del trabajo. Incluso pide que se le remita esa autorización “al director del máster”. El profesor Enrique Álvarez ha asegurado este miércoles que cuando recibió el expediente “cumplía la legalidad vigente”.
