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El caso del suicidio asistido será investigado por un juzgado de violencia de género

El juez que investigaba el caso ha decidido inhibirse amparándose en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo

Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer, enferme de esclerosis múltiple

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Ángel y María José, en uno de los vídeos que han grabado reivindicando su voluntad de morir.

Ángel y María José, en uno de los vídeos que han grabado reivindicando su voluntad de morir. Asociación Derecho a Morir Dignamente

El juez de Madrid que investigaba el caso de la muerte de María José Carrasco con ayuda de su marido Ángel Hernández ha decidido inhibirse en favor de un juzgado de Violencia contra la Mujer, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, adelantada por El País, supone un nuevo giro en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que la pasada semana se quitó la vida con el auxilio de su marido.

Ángel Hernández, quien reconoció los hechos, pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia en el juzgado número 36 de Madrid, que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio.

Esa jueza se inhibió en el número 25, que es el órgano que conoce del procedimiento, dado que es el que se encontraba de guardia de diligencias cuando se conocieron los hechos y el que procedió al levantamiento del cadáver. Pero, ahora, el juez del 25 ha decidido que el caso se investigue en un juzgado de Violencia contra la Mujer.

Se ampara en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien sea o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

No obstante, el delito que se le imputa sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que contempla penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión.

Ese artículo prevé una rebaja sustancial en las condenas de aquellos que actúen por "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", es decir, el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández.

La abogada de Hernández explicó a eldiario.es que la absolución "es muy complicada", pero espera que se le aplique una reducción de pena incluida en ese artículo, así como atenuantes por confesión –se autoinculpó desde el primer momento, ante los agentes, jueza y en vídeo– y por parentesco.

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