El estudio de seroprevalencia confirma que el coronavirus entiende de género y precariedad: cuidadoras y trabajadoras de limpieza son las más afectadas

La cuarta entrega del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad ha revelado que al menos 4,7 millones de ciudadanos se han contagiado con SARS-CoV-2 a lo largo de 2020, un 9,9% de la población española. También ofrece unos cuantos datos acerca de cómo se producen esos contagios. En la presentación del estudio, sus directoras, Raquel Yotti (Instituto de Salud Carlos III) y Marina Pollán (Centro Nacional de Epidemiología) han destacado a varios colectivos que tienen una prevalencia mayor que la media nacional. Son el personal sanitario (16,8%) y las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio (16,3%). También las personas de nacionalidad no española (el 13,1%).

Aunque apenas hay diferencia entre el número de mujeres y hombres contagiados de coronavirus en España desde marzo (10,1% frente a 9,6%), sí son algunos de los trabajos altamente feminizados los que más exposición al virus experimentan. Junto a sanitarios y cuidadoras, las que se encargan de tareas de limpieza (13,9%) y las que trabajan en residencias (13,1%) son los otros dos sectores que presentan una prevalencia superior al de, por ejemplo comercio, transporte o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un hecho que desvela el mayor riesgo al que se exponen las profesiones ligadas a las tareas de cuidados y en primera línea de la COVID.

Esta relación que se da en la pandemia ha sido puesta de manifiesto por organismos internacionales y expertas, que al mismo tiempo llaman la atención sobre la precariedad que atraviesan este tipo de empleos, en muchos casos en constante y directo contacto con personas enfermas y que se han visto muy afectados por la falta de equipos de protección. Muestra de ello es lo ocurrido en las residencias de mayores, donde el 90% de profesionales son mujeres. Ellas están haciendo frente al coronavirus en uno de sus principales focos, y llevan años denunciando las condiciones en las que trabajan, la sobrecarga y los bajos salarios, que en la mayor parte de casos no sobrepasan los mil euros al mes.

Así lo destaca la economista feminista Carmen Castro, profesora en la Universitat de València, que explica cómo estas ocupaciones en condiciones de mayor precariedad y la segregación por género que existe en ellas “interactúa con la excesiva carga de trabajo que han tenido las mujeres en estos puestos, además de la poca previsión y el estado embrionario y debilitamiento en el que estaban los servicios públicos, entre ellos, el sociosanitario”.

Para la epidemióloga Pilar Serrano, experta en salud comunitaria y secretaria de la Asociación Madrileña de Salud Pública, los datos “evidencian una brecha de género que vemos en otros problemas de salud” y que se están reproduciendo con el coronavirus, analiza. Algo curioso que destaca Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), es que, entre los 51.000 participantes de esta segunda ronda, solo había 12 hombres que se dedicasen a los cuidados de dependientes. Así que entre ese colectivo fragmentado, el Ministerio deja la seroprevalencia en blanco, porque no se puede sacar una conclusión de una muestra tan pequeña, y habla solo de mujeres cuidadoras. Es parte de lo que explica la leve diferencia de género.

Los cuidados en el centro de la crisis

“La asignación del rol de cuidadora a las mujeres posiciona a las profesionales sanitarias en la primera línea de respuesta a la enfermedad”, decía otro informe sobre la COVID-19, del Instituto de la Mujer, La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19. Pone el foco en sanitarias, cuidadoras, trabajadoras de residencias, dependientas o cajeras, además de en las empleadas de hogar, “especialmente aquellas que trabajan como cuidadoras internas de personas mayores o dependientes, donde la situación de confinamiento ha hecho que deban permanecer en el hogar en el que trabajan, en ocasiones sin la protección adecuada”. Una posición “tradicional” asignada a las mujeres que “les otorga un grado de presencia en la respuesta a la enfermedad que debe ser tenido en cuenta en el abordaje de la crisis. Ignorar el impacto de género en las consecuencias económicas y sociales agravará las desigualdades”, añade.

Al mismo impacto, aunque en términos sociales y económicos, se refiere el instituto de Salud Global de Barcelona en otro reciente estudio que desglosa las consecuencias de la presencia mayoritaria de mujeres en los cuidados, tanto informales como en el ámbito laboral: según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cita, “están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral segregado, de peor calidad y más precario, lo que disminuye sus recursos para afrontar la crisis”. Según sus cifras, las mujeres constituyen “más del 70%” de las trabajadoras del sistema sanitario y social.

Silvia Espinosa, secretaria de Mujeres e Igualdad de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, explica en la misma línea que “de momento, estamos viendo muchos estudios que coinciden en que los hombres sufren el coronavirus con mayor gravedad, pero ellas tienen un impacto concreto por esta segregación ocupacional y feminización de los trabajos que sostienen la vida”. Empleos que, sobre todo durante la primera ola, “vivieron mucha desprotección por la falta de EPI y hubo muchos contagios”. Sin embargo, el sindicato denuncia que sectores como el de ayuda a domicilio o limpieza “hayan quedado fuera del criterio tan restrictivo de la Seguridad Social para considerar la infección en estos trabajos como accidente o enfermedad profesional”.

“En las políticas públicas hay que incluir la equidad”

Aunque en la rueda de prensa no se hizo hincapié en todo el desglose, en el informe, muy extenso, hay más. La prevalencia es mayor cuanto menor es la renta: los que están en secciones con el umbral más bajo tienen un 9% de seroprevalencia; las del más alto, del 6,9%. En total, no son cifras nuevas pero vienen a cerciorar, para los once primeros meses de 2020, es decir, para casi todo lo que llevábamos de pandemia, que el virus entiende de condicionantes sociales. “Confirma alguna de las cosas que llevamos hablando meses”, resume Pedro Gullón, “que las condiciones laborales y sociales son un indicativo de la exposición al virus. Mucho más eso que los estilos de vida, que dijo en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

También el estudio muestra diferencias por provincias. En Cuenca, Soria y Madrid se supera el 18% de personas con anticuerpos; en A Coruña, Canarias y Lugo son menos o cerca del 4%. Para Gullón, coautor del libro Epidemiocracia, en el que trata junto a Javier Padilla algunos de los aspectos sociales de esta crisis, esta parte era “más esperable, sin grandes sorpresas”. Le resulta más interesante comprobar “las diferencias por renta y por nacionalidad” y cosas como que “no parece haber grandes diferencias por nivel de estudios”. Al final “son las personas cuidadoras, trabajos además precarizados, feminizados y con una gran parte de ocupación inmigrante. Es lo lógico por sus condiciones, y porque hay un contacto muy estrecho en la necesidad de cuidados”.

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) señala lo mismo que otros colegas: aunque hay que ajustar todos los datos para hacer un análisis fino –por ejemplo, participaron en proporción menos jóvenes de entre 25 y 30 años que adultos mayores o niños–, la pobreza es un condicionante asociado a la COVID-19. Pensando no tanto en uno de los colectivos más golpeados, el de los sanitarios, sino en el de las cuidadoras y el de los inmigrantes, “con un efecto mucho mayor. En las cifras de las que hablamos, de un 9,9% a un 13,1% de personas extranjeras, es una diferencia que podríamos llamar grande. Y en este caso hablamos en su mayoría de gente inmigrante, que vive en España, de la diferencia social”.

Estos estudios, el de España ha sido pionero en Europa y elogiado por la comunidad científica, sirven para varias cosas. Entre ellas, para conocer el alcance real de la enfermedad más allá de las personas con PCR, la capacidad de diagnóstico, o cuántas pierden anticuerpos aunque los desarrollen. “Para completar la información epidemiológica a alto nivel, es un buen trabajo de Instituto de Salud Carlos III, mucho más detallado que los informes semanales que sacan”, sigue Hernández. Pero también “permite dar un cuadro sobre por dónde ataca más la pandemia. A quién afecta más. Tiene que servir para recordar a las autoridades sanitarias que, cuando se hacen programas para la prevención y para controlar la epidemia, hay que incluir el eje de equidad”.