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PP, Ciudadanos y Vox aprueban una nueva regulación del taxi en Madrid con artículos anulados por la Justicia

12:48 h, 1 de junio de 2021

PP, Ciudadanos y Vox han aprobado este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la nueva ordenanza del sector del taxi. Era el último paso para que la regulación entre en vigor. La norma 'uberiza' el funcionamiento de este servicio para ponerlo a competir con las plataformas VTC. El equipo de Gobierno asegura que lo moderniza, mientras los profesionales y la oposición advierten de que el sector queda sometido a la falta de “seguridad jurídica” dado que dos artículos de la ordenanza están en manos de la Justicia, entre ellos el precio cerrado y el taxi compartido.

Se trata de dos cuestiones recogidas en el reglamento autonómico del taxi, anulado hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y pendiente de un recurso formulado por la Asociación Madrileña del Taxi. Tanto Más Madrid como PSOE han criticado al Gobierno por no esperar al dictamen de los tribunales. El área de Movilidad y Medio Ambiente justifica que si la sentencia del TSJM adquiere firmeza, bastará con anular esos artículos.

La ordenanza está atravesada por un espíritu liberalizador. Por ejemplo, se elimina la obligación de librar de los taxis eléctricos para “incentivar” el cambio de la flota. Los taxistas podrán poner precios cerrados máximos con descuentos –siempre que se precontraten– y reducir la oferta a la mitad si la demanda cae más de un 50%, uno de los principales reclamos de los taxistas que se vieron deambulando por las calles sin clientes que llevar durante el confinamiento más estricto y el verano pasado. Se introduce también la licencia por puntos para controlar las infracciones de los conductores y se permite el taxi compartido con paradas intermedias siempre que se precontrate por los usuarios, además de un código de vestimenta que obliga a llevar colores lisos.

En el periodo de enmiendas, los grupos de la oposición propusieron exigir un certificado a los taxistas para garantizar que no tienen antecedentes penales de delitos sexuales y un “botón del pánico” disponible para los conductores. Ambas iniciativas se han incorporado al texto final.

Escribe Sofía Pérez Mendoza.