Varias organizaciones sociales están exigiendo a los Gobiernos de los países ricos que apoyen la propuesta de India y Sudáfrica para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en vacunas contra la COVID-19, así como medicamentos y pruebas, mientras dure la pandemia. La propuesta, presentada en octubre ante el Consejo de los ADPIC (marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual), se analizará una vez más este jueves en una reunión la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La exención permitiría a todos los países miembros de la organización la posibilidad de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial, como explican Médicos Sin Fronteras (MSF) y Salud por Derecho, que han pedido al Gobierno español que ponga “todos sus esfuerzos” para cambiar la posición de la Unión Europea para que la iniciativa salga adelante.
Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a los Gobiernos que dejen de bloquear la exención temporal para impulsar el acceso global a las vacunas. “La propuesta facilitaría las transferencias de tecnología para que los fabricantes de todo el mundo puedan producir productos médicos contra la COVID-19, incluidas las vacunas, de forma rápida y asequible”, recuerdan en un comunicado.
Según MSF, la propuesta ya ha recabado el apoyo de 99 de los 164 países de la OMC. Pero los Estados miembros hasta ahora han estado lejos de alcanzar el consenso necesario, con posiciones muy distanciadas. Según confirmaron fuentes diplomáticas a elDiario.es el mes pasado, los países ricos –y algunos miembros como Brasil– cerraron filas y se opusieron firmemente a la propuesta, señalando que no hay indicios de que los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo para el acceso a las tecnologías relacionadas con la COVID-19. Estados Unidos, la UE, Japón, Canadá o Suiza consideran que es más probable que los problemas de acceso se deban a los sistemas sanitarios y de adquisición ineficientes y con financiación insuficiente, el aumento de la demanda o la falta de capacidad de fabricación.
Los países de ingresos más altos ya han firmado acuerdos para hacerse con la gran mayoría de los posibles suministros de vacunas del mundo, por lo que se cree que la medida puede ayudar a ampliar el acceso de las personas en los países de ingresos más bajos. Varias ONG, entre ellas Oxfam y AI, han alertado de que 9 de cada 10 personas de casi 70 países pobres no podrán acceder a la vacuna contra la COVID en 2021. Las organizaciones también piden a los desarrolladores de vacunas, incluidos Pfizer-BioNTech, Modern y Oxford / AstraZeneca, que respalden y participen en el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar el intercambio de propiedad intelectual y conocimientos.
Escribe Icíar Gutiérrez.