Clavijo fue advertido siendo concejal del riesgo de pasar a sociedad limitada la adjudicataria de las grúas en La Laguna

El entonces concejal de Seguridad de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), fue advertido en un pleno celebrado en 2005 de los riesgos que podía suponer para el servicio municipal de grúas que el adjudicatario, José Padilla (entonces persona física, autónomo), adoptara la forma jurídica de sociedad limitada (Autogrúas Poli, SL), lo que abría la puerta a que vendiese sus participaciones a otros accionistas y la concesionaria cambiara de manos “por la puerta de atrás”. La observación se la planteó Gustavo Matos, edil del PSOE y hoy diputado regional, cuyo grupo solicitó que el asunto quedara sobre la mesa porque ni siquiera se sabía con qué capital social ni recursos materiales y humanos adscritos se había creado esta sociedad.

Las palabras de Matos parecieron proféticas, porque años después Autogrúas Poli, ahogada por sus dificultades económicas de las que Padilla responsabilizó al propio Ayuntamiento, acabó siendo vendida a un grupo de trabajadores con quienes Clavijo mantenía relaciones personales y que tenían como domicilio a efectos de notificaciones la misma dirección que la de la empresa de la que había sido administrador el hoy presidente del Gobierno canario (Immobiliaria Ecológica). A la Guardia Civil, Padilla llegó a declarar que Clavijo lo obligaba a contratar a determinados trabajadores y que, por temor a perder la concesión, él aceptaba.

En aquel pleno de 2005, celebrado un año después de que Padilla asumiera el servicio de grúas, Matos pidió a Clavijo que dejara sobre la mesa el expediente, para que se ampliaran los informes técnicos respecto a las garantías de tipo económico  que ofrecía Autogrúas Poli, SL, ante las dudas que desde el punto de vista legal generaba al PSOE.

Pero Clavijo rechazó posponer el acuerdo, afirmó que todos los informes eran favorables y restó importancia a no saber la cifra exacta de capital social, por lo que dio por hecho que, cuando menos, era la cantidad mínima legal, 3.000 euros. “Yo opto por que el expediente siga adelante, porque además va a beneficiar a la Administración [...], y la sociedad mercantil unipersonal incluso es muchísimo más cómodo para fiscalizar, para hacerle las certificaciones y que cobre exclusivamente por este servicio”, sostuvo el entonces concejal de Seguridad. Pero fue más allá y, pidiendo un acto de fe, trató de erigirse en garante él mismo del acuerdo que proponía adoptar: “Le puedo garantizar que hay total transparencia, le puedo garantizar que todos los informes son favorables”.

Matos le replicó que no le bastaba con que a Clavijo le pareciera que el empresario ofrecía garantías, pero volvió a advertir de los riesgos: “Desde el punto de vista legal nada le impide que este señor mañana acuda a la notaría, venda sus participaciones, a uno, a dos o a veinticinco accionistas, y nos encontraremos con que, pasado mañana, quien es administrador de esta empresa y dueño no es don José Padilla González, a quien se adjudicó el servicio”, con lo cual alguien podría hacerse con este contrato “por la puerta de atrás” y sin mediar concurso público. Para el entonces concejal socialista, la propuesta de acuerdo se justificaba “exclusivamente en un informe de un técnico que nos parece escaso”, con “apenas tres párrafos”.

En balde reiteró Matos que nada pasaría por esperar “un mes más” y que el asunto se tratara en un siguiente pleno, pues “las precipitaciones en este caso me parecen malas consejeras”. Finalmente, el acuerdo fue adoptado con la abstención del PSOE.

La intervención de Matos, vista desde hoy en día, parecía profetizar lo que luego ocurriría: la bancarrota de Autogrúas Poli, que acabó siendo comprada por un grupo de sus trabajadores “amigos” de Clavijo -según los denunciantes del caso Grúas y sus propias declaraciones en el juzgado-; la intervención de la adjudicataria por parte del Ayuntamiento; el préstamo de 120.000 euros de las arcas municipales concedido con el reparo del interventor y levantado por el entonces alcalde; la venta posterior de la empresa a José Luis Tacoronte en el verano de 2015, que además consigue que se le prorrogue el servicio hasta la actualidad, con opción a 10 años más en periodos de dos lustros. En esta última etapa ya era regidor municipal José Alberto Díaz (CC) y Clavijo presidente del Gobierno canario.

Llama poderosamente la atención que Clavijo llevara al pleno municipal la conversión en sociedad anónima de la adjudicataria cuando la poseía José Padilla, y sin embargo los cambios de accionariado posteriores no los tratará el máximo órgano colegiado del Ayuntamiento.

En la causa, denunciada por Unidos Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) ya están imputados Díaz y Antonio Pérez Godiño (también de CC). Mientras tanto, Clavijo, aforado, está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decida la petición de que se le llame como investigado, o sea, imputado,  formulada por la juez y el fiscal que han instruido el caso hasta ahora, al considerar que el hoy jefe del Ejecutivo canario autorizó el préstamo a sabiendas de su ilegalidad porque así se lo había advertido el interventor general del Ayuntamiento, lo cual reviste indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos.