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Fuego a discreción

Un hombre con mascarilla levanta una bandera de España en señal de protesta durante la concentración de los vecinos del barrio madrileño de Salamanca en la calle Núñez de Balboa por la gestión del Gobierno contra el coronavirus. En Madrid, España, a 12 de mayo de 2020.

Esther Palomera

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Se abre el telón y asoma un señor vestido de verde y pelo cano que aporrea una farola con un palo de golf en pleno barrio de Salamanca. Al fondo, sobre los hombros de muchos de los manifestantes, a modo de capa, la bandera de España. No hay evidencia científica de que la enseña nacional proteja frente al coronavirus, pero la extrema derecha ha decidido que genera al menos anticuerpos contra Pedro Sánchez. Todos gritan ¡libertad!, pero están en plena calle. Llaman 'asesino' al presidente del Gobierno, pero denuncian que les ha robado sus derechos. Juntos, revueltos y sin mantener la distancia de seguridad. Eso sí, si llega el rebrote, la culpa será de otros.

La Comunidad de Madrid no está preparada para pasar a la Fase 1. No porque sus hospitales tengan los techos bajos, ni porque lo diga el Gobierno de España, ni porque los madrileños hayamos sido irresponsables. Más bien lo contrario. Salvo algunos disturbios callejeros alentados por Vox, y ahora también por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el ejemplo de sacrificio colectivo ha sido ejemplar.

El problema es que Madrid ha presentado un plan de desescalada sin cumplir con los mínimos sanitarios y epidemiológicos exigibles. Sus autoridades se han presentado al examen, como los malos estudiantes, solo por probar suerte, por si suena la flauta o por si los empresarios se les enfadan más de la cuenta. Y tras el suspenso, su presidenta ha tirado del manual del quinceañero: la culpa es del profesor, que le tiene tirria y además no sabe explicarse.

La derecha ha convertido el barrio de Salamanca, donde vota y vive Pablo Casado, en el epicentro de la protesta contra el mando único: ¡Todos a la calle para exigir el desconfinamiento! Lo que importa no es tanto la salud como el negocio. Y en medio de la algarada, de repente, la desescalada de Ayuso.

La presidenta pierde 19 puntos de respaldo ciudadano en un mes. Del 61% ha pasado al 42%, según datos de Metroscopia. El polémico acto multitudinario durante la clausura del hospital de campaña de IFEMA, la dimisión de la directora de Salud Pública tras negarse a firmar el informe para pasar a la fase 1, el compungido posado en las páginas del diario El Mundo... Todo ha influido. También el alquiler a precio de ganga del apartamento de lujo. Esto último, además, se ha colado en la estrategia del PP para convertir Madrid en icono contra la gestión del Gobierno de España.

Y, a falta de explicaciones sobre la bicoca -408 metros cuadrados, plaza de garaje, limpieza y seguridad por solo 80 euros la noche-, a la presidenta madrileña no se le ha ocurrido más que alentar/amenazar con una protesta irresponsable que no solo pone en peligro la salud de los manifestantes, sino la de todos lo madrileños.

Ayuso ha pasado de querer cerrarlo todo y cuanto antes -como defendió los días previos al estado de alarma para anticiparse a Sánchez- a abrirlo todo y arengar a la protesta, previo reparto de mascarillas no homologadas. “Esperen a que la gente salga a la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”, dijo amenazante mientras se negaba en sede parlamentaria a dar respuestas sobre su nueva residencia y el misterioso contrato de 565.000 euros no formalizado con el empresario Kike Sarasola, el propietario del apartamento de lujo ¿alquilado? a la presidenta.

Ayuso dispara contra Sánchez, pero también contra sus socios de Gobierno alentando la sospecha de que fueron ellos, los de Ciudadanos, quienes “colaron” el contrato de la polémica en el Portal de Transparencia para luego retirarlo, una vez publicado por la prensa. El fuego es a discreción. Si la lucha contra el virus es, como dicen, una guerra, ha decidido disparar en todos los frentes. Contra Sánchez y contra Ciudadanos, que ha decidido sacrificar al secretario general técnico de una de sus consejerías antes de que la presidenta se adentrase en una investigación para depurar responsabilidades por la publicación del polémico contrato.

La consecuencia es que las costuras de la coalición han vuelto a estallar y que en la Puerta del Sol, más que nunca, sospechan hoy que su vicepresidente, Ignacio Aguado, sucumbirá más pronto que tarde a la presión del PSOE para presentar una moción de censura. Ciudadanos lo niega. Y, pese a ello, en Génova han saltado todas las alarmas, por lo que Casado ha improvisado una reunión de urgencia con Arrimadas para este viernes festivo de San Isidro.

En el PP se barruntan que los movimientos de Aguado siguen los mismos pasos que ya dieron los naranjas con Cristina Cifuentes tras la polémica de su máster y que así seguirá hasta que parezca inevitable la censura. Todo lo enmarcan en la nueva estrategia de Arrimadas para virar al centro y “echarse en brazos de Pedro Sánchez”. Antes, avisan, Ayuso firmará el decreto de disolución para convocar elecciones. Todo está abierto a la espera de que pase la crisis del coronavirus.

P.D. Cifuentes también tuvo durante semanas sobre su mesa el decreto con el que pudo disolver la Asamblea y convocar elecciones. No llegó a tiempo porque su propio partido le pidió la dimisión cuando salió a la luz el vídeo en el que se la veía robando cremas en un supermercado. Que alguien le diga a Ayuso que no grabe, por si acaso, una imagen para Instagram diciendo aquello de “No me voy, me quedo”. No vaya a ser que la historia se repita.

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