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Proteger a la infancia con prisión preventiva

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Ismael Moreno, el juez que ha enviado a prisión a los titiriteros. EFE

Esta semana se publicó la importante noticia de que la ONU se ha pronunciado, una vez más, a favor de proteger a los menores frente a la violencia de la tauromaquia. A través de su Comité de los Derechos del Niño, insta a Francia y a Perú a modificar sus legislaciones para que los menores no participen ni asistan a corridas de toros ni demás espectáculos taurinos. Ya se lo recomendó antes a Portugal, México y Colombia, y todo indica que lo hará a España cuando próximamente le toque ser revisada por la más alta organización internacional. La ONU pide expresamente prohibir el acceso de menores a esos festejos por la "violencia física y mental" que implican. Es lo que se entiende por protección de la infancia.

Hace unos días el matador Fran Rivera hizo circular una foto en la que toreaba a una becerra de muy corta edad con su hija de pocos meses en brazos. Aunque no se hiciera el hincapié debido en el hecho de que a la becerra, de muy corta edad, le corriera un chorro de sangre por el lomo, una sociedad cada vez más sensibilizada con los derechos de los niños consideró un escándalo la actuación del torero y las reacciones no se hicieron esperar: el matador acabó declarando ante un juez. Una inmensa mayoría coincidió en que la bebé Rivera no estaba siendo protegida por su padre de, por ejemplo, el riesgo de abrirse la cabeza si éste daba un traspiés, o de ser atacada, en defensa propia, por la otra víctima de la escena: la becerrita herida con premeditación y alevosía.

Sin embargo, Fran Rivera no fue enviado a prisión provisional. No solo eso: la Fiscalía de Sevilla ha archivado el expediente que le había trasladado la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía. Sin atisbo de arrepentimiento, el torero sigue defendiendo su comportamiento, declara que está “feliz de haberlo hecho” e insiste en que la becerra era “inofensiva”. Lo que no fue obstáculo para que fuera torturada por él y los suyos para hacerse una vergonzosa foto y poner en peligro a su propia hija.

Los menores no son protegidos en España de la violencia física y mental de la tauromaquia. Pero no son enviados a prisión provisional ni los toreros que publican fotos toreando con sus hijos, ni las escuelas taurinas que fomentan en los niños esa violencia, ni los políticos que apoyan ese espectáculo de crueldad donde sangran, sufren y son convertidos en guiñapos torturados unos animales que no son guiñoles, unos animales que son de verdad.

Tampoco ha ido a prisión de ninguna clase esa caterva de curas que durante años ha abusado de miles de niños en España, pues la pederastia en el clero español es una lacra que la sociedad ha sobrellevado con presunta resignación cristiana y la Iglesia ha escondido con satánica complicidad. Ni han ido a prisión preventiva los responsables y profesores de los colegios donde los niños sufren bullying y acaban suicidándose. Ni ha ido a prisión preventiva nadie relacionado con las 17.000 niñas en peligro de ser mutiladas sexualmente en España. Ni mucho menos ha entrado en prisión preventiva ningún político que haya hecho dejación de las obligaciones de su cargo relativas a proteger a la infancia de la exclusión y la pobreza. Ni siquiera ha ido aún a prisión preventiva Iñaki Urdangarín por evadir a Belice los fondos de una fundación destinada a niños discapacitados, marginados y enfermos de cáncer.

De hecho, el Estado español incumple 6 preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre Derechos de la Familia y la Infancia. Pero nadie ha ido a prisión preventiva por ello.

En España van a prisión preventiva dos titiriteros por hacer uno de esos teatrillos de cachiporras donde suelen llover palos a diestro y siniestro. Palos ficticios entre muñecos de trapo. Van a prisión preventiva dos titiriteros por ser, como dice una amiga suya, muy punkies, incluir en sus marionetas personajes como un okupa y que unos de los malos saque un absurdo cartel que ningún niño entendería (a muchos adultos les ha costado también), un cartel acaso impropio de una espectáculo infantil pero que no dice lo que dicen los interesados en criminalizarlo, y mucho menos sacado de contexto. Y la España histérica, que se escuda en una falaz protección de la infancia, manda a dos anarquistas a prisión preventiva con la aún más absurda e impropia acusación de enaltecimiento del terrorismo.

Si el espectáculo de marionetas programado para el Carnaval de Madrid no era apropiado para menores, habría sido suficiente con lo que hizo el Ayuntamiento en un primer momento: cesar al responsable de su programación. Su denuncia posterior en los Juzgados fue a todas luces excesiva. Pero que la cosa se haya convertido en este casus belli jaleado por el PP (a la cabeza, Cifuentes, la que no ve daño en becerritas que chorrean sangran y vomitan babas), por la AVT y por la prensa de la caverna contra Celia Mayer y Manuela Carmena, es un esperpento político, con titiritero interpuesto, que ha llevado a dos personas a prisión. Mientras, muchos que son un peligro real para la infancia, y para toda la sociedad, campan por sus respetos y por el papel couché.

(Y de los 10.000 niños "perdidos" por las instituciones europeas, nada, seguimos sin saber nada).

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