El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para el piso de Maricarmen y abre una mediación

Poco ha durado la posibilidad de que el piso de donde fue desahuciada Maricarmen pase a gestión del Ayuntamiento tras la última propuesta de sus propietarios, Urbagestión. El consistorio de José Luis Martínez Almeida ha analizado la oferta y ha determinado “la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa Reviva no cumple los requisitos legales”.

La empresa propietaria planteaba ceder su piso para que el consistorio lo pusiera en gestión social bajo el paraguas del Plan Reviva o de otros métodos. Pero los requisitos del Plan Reviva dicen que “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”. Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”.

Ante esta imposibilidad, y después de semanas y meses sin significarse ante la amenaza de desahucio de Maricarmen, el Ayuntamiento ha ofrecido a los representantes de Maricarmen y a los de la empresa el Servicio de Intermediación del Alquiler de Madrid. El próximo lunes se reunirán ambas partes con el consistorio. El Ayuntamiento defiende además que ha ofrecido “un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno” a Maricarmen.

La oferta al Consistorio llegaba después de semanas y meses en los que Urbagestión ha rechazado todas y cada una de las ofertas que operadores privados y públicos han hecho para tratar de evitar el desahucio de Maricarmen. Por ejemplo, los ofrecimientos del Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, para asumir la propiedad de la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Ayer Urbagestión en sus primeras excusas públicas dijo que era mentira que el Gobierno hubiera hecho tales ofertas, pero este periódico tiene constancia de que el Ejecutivo sí se las planteó.

Entre otras, en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento.

Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. Ahora, la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes ha decidido dar marcha atrás sin ni tan siquiera comunicarse con la parte afectada y acercándose al popular José Luis Martínez Almeida para que gestione un alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

En el comunicado, la empresa dice ofrecer una solución “de urgencia” al Ayuntamiento para incorporar la vivienda de la que expulsaron a Maricarmen al programa Reviva, mediante el cual el Ayuntamiento facilita a los madrileños poner sus viviendas en alquiler social o asequible a cambio de algunos beneficios.

La empresa asegura buscar “una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible” y se pone al servicio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y de Servicios Sociales “para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible”.

La empresa se defiende

El pasado martes, la jueza Elena Cortina Blanco mandó ejecutar el desahucio tras la denuncia de Urbagestión y Maricarmen, a sus 87 años y con su salud frágil y deteriorada por todo el proceso, tuvo que salir en camilla porque la policía reventó la puerta para sacarla de la casa a la que llegó en 1956, cuando tenía 17 años.

El consistorio, aunque tiene la obligación de hacerlo, no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una plaza en una residencia y después instó a la antigua inquilina a acudir a los servicios sociales para solicitar asistencia. Ahora, cocina una solución con la empresa que provocó uno de los mayores escándalos sociales de los últimos años, el desahucio de una mujer frágil de 87 años pese a las protestas en la puerta de su casa.

La empresa ofrece en el comunicado en que ofrece la gestión del piso al Ayuntamiento su versión sobre algunos puntos del caso. Asegura que no compró el edificio entero, sino solamente la vivienda de Maricarmen. Añade que ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del precio de mercado (pero no dice la cifra).

En cuanto a la oferta de James Rhodes, asegura que recibió por correo electrónico dos ofertas para hacerse cargo de la renta o para comprar la vivienda “sin concretar el importe”, pero que tuvieron lugar ya después del desahucio. “Urbagestión agradece su interés, pero cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido”, dicen.

La empresa denuncia además que han saturado sus correos y el servidor “e hicieron muy difícil atender a cualquier comunicación”. “La vivienda no está en venta”, dicen. Reiteran que no son un fondo de inversión, “sino una pequeña empresa madrileña”, y explican que han presentado una querella personal por la difusión de imágenes de uno de los administradores “y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos”. También se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y les piden 10.000 euros de multa por denominarlos “fondo buitre”.