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Este blog corresponde a Alternativas Económicas, una publicación mensual que te explica la información económica desde un punto de vista social.

Más educación, menos abusos

APRENDER A GOLPES Miembros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) se asesoran. FOTOGRAFÍA: EDU BAYER

Andreu Missé

¿Cómo librarse de los abusos bancarios? La crisis financiera no ha supuesto sólo decenas de miles de millones de euros de pérdidas de las entidades financieras costeadas por los contribuyentes, sino que ha puesto de relieve una gran indefensión de los ciudadanos que han sido estafados en sus relaciones directas con los bancos.

Cientos de miles de ahorradores titulares de participaciones u obligaciones subordinadas se han visto atrapados en inversiones de altísimo riesgo que desconocían por completo. Unos cuatro millones de suscriptores de hipotecas han sido engañados con cláusulas suelo abusivas que les han impedido beneficiarse de la bajada de tipos de interés. Las hipotecas y préstamos en general han sido objeto de otro tipo de manipulaciones como las permutas financieras en sus múltiples modalidades (clips y swaps) mediante contratos anexos que han causado grandes perjuicios con la bajada del precio del dinero. Los bancos, con mucha mejor información que los clientes, corrieron a colocar estos productos en cuanto olfatearon que los tipos iban a descender.

La lista de productos financieros tóxicos es inagotable y su complejidad dificulta la comprensión de los riesgos, incluso para personas con estudios superiores.

¿Podrían haberse evitado estos abusos con una mayor formación financiera por parte de los usuarios? Una respuesta afirmativa no puede ser categórica, porque estamos ante unas relaciones comerciales muy desequilibradas. Los conocimientos de los bancos sobre la evolución de los mercados y el diseño de los productos financieros son incomparablemente superiores a los de los clientes. Un estudio de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) señala que “un 70% de los usuarios quieren más información porque específicamente desean tener más seguridad en su relación con la banca y temen que les cuelen cláusulas abusivas con productos tóxicos”.

La realidad es que la acción de las asociaciones de consumidores y plataformas de lucha contra la vulneración de los derechos de los usuarios ha supuesto un gran apoyo para potenciar el ejercicio de los derechos a miles de de ciudadanos. Los juzgados españoles están inundados de demandas por ilegalidades bancarias. Sólo en preferentes hay más de 30.000 demandas civiles.

Es evidente que con más educación financiera se habrían registrado menos abusos. Es por tanto conveniente proporcionar una mejor formación a los ciudadanos para protegerles de engaños y malas prácticas. Esta nueva educación debería ser ofrecida ya desde los mismos centros de enseñanza por los propios docentes, que constituyen la única garantía de que sea independiente.

Resulta muy sospechoso el interés de los bancos en participar en las campañas de educación financiera de los ciudadanos cuando son ellos mismos los que han ideado y comercializado productos tramposos y de difícil comprensión con el único propósito de optimizar sus beneficios. Los grandes bancos, conscientes de la pérdida de reputación, han iniciado actividades supuestamente educativas para recuperar a los clientes perdidos.

También hay que aceptar, no obstante, que en muchos casos el daño podría haberse evitado con mayores conocimientos simplemente porque el cliente ha sido engañado por un claro abuso de confianza. En estos casos la única receta es la sanción. En EEUU, los bancos han sido castigados con multas severas; la más elevada, la del Bank of America por “malas prácticas en la comercialización de hipotecas basura” (12.600 millones de euros). En España las autoridades sólo tienen capacidad para imponer multas ridículas. El límite de 600.000 euros ascenderá a cinco millones, que sigue siendo risible para entidades cuyos beneficios son de varios miles de millones.

En este sentido la Autoridad de Conducta Financiera de la City de Londres tiene previsto prohibir directamente la venta de ciertos productos como bonos subordinados a los clientes minoristas para garantizar de que no serán objeto de engaño.

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