Córdoba y Huelva gestan soluciones contra los desahucios para la comunidad internacional

El Tribunal Internacional de Desalojos es un organismo de carácter ético, sin poder jurisdiccional, que nació a escala mundial ante la falta de herramientas jurídicas y políticas para preservar el derecho a la vivienda. Su misión es la de ofrecer soluciones contra los desahucios y, esta semana, este tribunal celebra por primera vez una sesión a nivel regional y lo hace en Andalucía: en Córdoba y Huelva, sus universidades han catalizado la organización y celebración de estas sesiones desde donde se elevarán propuestas concretas contra los desahucios al Foro Social que el próximo mes de octubre se celebra en Quito (Ecuador).

Casos reales, testimonios de varias familias que representan el día a día de la realidad de los desahucios en nuestro país, sirven de base de estudio para los alumnos del Laboratorio Jurídico contra los Desahucios, encargados de analizar los casos y ofrecer sus respuestas técnicas, desde sus estudios de Derecho, que sirvan en un futuro para frenar los desahucios.

Junto a ellos, el coordinador del Tribunal Internacional de Desalojos, Yves Cabannes, y representantes de la Oficina Municipal de la Vivienda de Córdoba, del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda de la Junta, la Fiscalía de Córdoba, la plataforma Stop Desahucios y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Instituciones y sociedad civil unidos en una tarea con un fin concreto: crear herramientas jurídicas y políticas que elevar a quienes tienen que legislar en esta materia.

Ante sí, la realidad de los desahucios que deben 'juzgar': tres casos que corresponden a una mujer desahuciada de etnia gitana con su marido discapacitado e hijos a cargo, que perdieron su vivienda y fueron desahuciados dos veces más de alquiler; una familia marroquí actualmente en trámite de desahucio que firmó la hipoteca sin conocer el idioma y un tercer caso que protagoniza una pareja de pensionistas que avalaron con su casa a su exyerno autónomo para montar un negocio y se encuentran en fase de desahucio al no poder afrontar los pagos del crédito.

“No es un problema individual, es un problema global”

Y ante esa realidad, soluciones, de boca de los estudiantes y también de los expertos jurídicos e institucionales que colaboran en esta iniciativa y que exponen sus ideas para combatir la falta de herramientas jurídicas y políticas para preservar el derecho a la vivienda. “Hay que identificar a los responsables”, explica Cabannes: “detrás de los desahucios hay gente, organismos con nombre y apellidos”. Y habla abiertamente de las entidades bancarias que han provocado los casos que ve el tribunal en su primera sesión en Córdoba.

Junto a ello, otro tipo de soluciones propuestas con las que se elaborará el documento final que llegue al Foro Social de Quito: formación para el usuario de manera que se garantice que comprende lo que está firmando con el banco; cumplimiento de normativas y leyes ya existentes que se pasan por alto en los juzgados “por falta de medios”, alega el fiscal Fernando Santos de Urbaneja; la creación de un espacio común entre instituciones y sociedad civil para sumar fuerza a la hora de dialogar con las entidades bancarias en estos casos; dotación de abogados y fiscales expertos en la materia y que cuenten con medios para desarrollar con éxito la normativa existente; ubicación de letrados en las oficinas de defensa de la vivienda y, junto a ello, imposición de sanciones económicas severas a los bancos cuando empleen prácticas abusivas e incumplan el Código de Buenas Prácticas.

“No es un problema individual, es un problema global”, señalan desde el tribunal como síntesis de la suma de fuerzas que con su iniciativa quiere visualizar para ofrecer soluciones a un problema que se expande a escala mundial y que también hay que mirar desde el punto de vista humano: “Debemos saber emocionarnos, sabe escuchar, llorar… y preguntarnos: ¿Cómo es posible que la gente viva tan mal?”, lanza para la reflexión el coordinador del tribunal.