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Griñán se enfrenta a un embargo de hasta 42 millones por el caso ERE

La Fiscalía pide "pieza separada de responsabilidad pecuniaria" para los 26 encausados en la pieza política de la causa

Reclama además el "interrogatorio" de todos y cada uno de los exaltos cargos durante el juicio oral

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Fiscalía pide "pieza separada de responsabilidad pecuniaria" a Griñán, Chaves y el resto de encausados en los ERE

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, pide "que se abra pieza separada de responsabilidad pecuniaria" a cada uno de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra los que reclama la apertura de juicio oral.

El PP andaluz, personado en la causa, hizo público en la noche de este lunes el contenido completo de la acusación fiscal Al expresidente andaluz José Antonio Griñán, además de  seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, y como consecuencia de esa petición de pieza separada, le correspondería abonar indemnizaciones por valor de más de 42 millones, dentro de los 74o que deben afrontar solidariamente todos los acusados, si bien las cantidades puedan minorarse si se recupera alguna cantidad.

En ese sentido, la Fiscalía solicita también al final de su escrito, que durante el juicio oral cuya apertura de reclama, se practique el "interrogatorio" de todos y cada uno de los 26 encausados, incluidos Chaves y Griñán. Del mismo modo, la Fiscalía interesa que comparezcan como testigos o "testigos-peritos" más de medio centenar de personas, entre ellas el presidente de la Fundación Unicaja Banco, Braulio Medel; la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa; José Antonio Ávila por su papel de jefe de los servicios jurídicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta; o el interventor delegado de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica.

Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción también pide en su escrito de acusación "que se abra a cada encausado pieza separada de responsabilidad pecuniaria". Todo ello, después haber solicitado en un fragmento anterior de su escrito, que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.

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